Ricardo Bonilla era hasta ayer el ministro de Hacienda del gobierno del presidente Gustavo Petro. Renunció a solicitud del jefe de gobierno para blindarlo frente al ataque de las mafias políticas del Congreso de la República, conformadas por veteranos parlamentarios de las roscas del bipartidismo liberal conservador y de la ultraderecha neofascista, cuya cabeza mas visible es Efraín Cepeda, el actual presidente del Senado, un poderoso gamonal político de la ciudad de Barranquilla, de orientación retardataria, que ha organizado su dominio clientelar mediante el control de instituciones claves del Ministerio de Hacienda como Coljuegos -que autoriza loterías y juegos de chance-, la Previsora -la principal compañía de seguros del Estado- y la Programación presupuestal, que es el espacio en que se asignan partidas financieras para proyectos que favorecen los contratistas recomendados por las camarillas electorales locales y regionales. La inmensa fortuna del señor Cepeda esta ligada a tales manejos y de eso dan cuenta sus abultadas cuentas en Europa hasta donde los chanceros y dueños de loterías giran las correspondientes coimas.
Bonilla, un prestigioso profesor de la Universidad Nacional y leal compañero de Petro -fue su secretario de Hacienda en la Alcaldía de Bogotá entre el 2012-2016- es un economista de izquierda que ha gestionado sus cargos con la mayor seriedad y responsabilidad en función de los derechos humanos y de las demandas populares. Sus labores en el ministerio de Hacienda le implicaron un tremendo esfuerzo para lidiar con la fatal herencia del expresidente Iván Duque, que endeudó hasta mas no poder el Estado con los bancos internacionales y los de Colombia, además de montar un explosivo subsidio a los combustibles que prácticamente copo la capacidad fiscal de las entidades públicas, el cual se ha sido eliminado gradualmente.
Bonilla, desgraciadamente, como consecuencia de su ingenuidad política y su honestidad intelectual, fue manipulado por las poderosas redes de la corrupción y el trafico de influencias que pelechan en las entidades centrales del Estado, como es el caso de la Unidad de Gestión de Riesgos foco de un escandalo en meses recientes; también parece que ese fenómeno se dio en el Instituto Nacional de Vías/Invias.
Una asesora uribista, heredada de gobiernos anteriores -obviamente manipulada por el presidente del senado y su patota de gamonales de todos los pelambres- le esta señalando de procedimientos ilegales en algunos proyectos de inversión en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Arauca, lo que es a todas luces una desmesura y un montaje político que se articula al golpismo contra el actual gobierno progresista que lidera Petro, que los grandes medios de comunicación están utilizando para socavar a Petro.
Hay que decir que este acontecimiento ocurre en un contexto bastante complicado por la ocurrencia continuada de hechos terribles de violencia en distintas regiones de Colombia (masacres, asesinatos de lideres e imperio de bandas criminales urbanas); por notorias limitaciones de la política de Paz total; y por una ascendente movilización de la protesta de organizaciones populares, campesinas e indígenas como los Emberá de Risaralda, los campesinos del Micay y los sindicatos agrarios del Guaviare y el Meta. Del Cañón del Micay se esta dando un fuerte desplazamiento hacia la capital de la Republica para exigir la cancelación de la construcción de una represa en el Rio Micay con graves daños ambientales, para demandar proyectos e inversiones sociales y económicas y presionar la suspensión de un operativo militar en el territorio (la Operación Perseo) que parece estar afectando la vigencia de los derechos y las libertades políticas.
