Todo nos obliga a inferir que el trabajador del sistema capitalista sólo ganaría cuando se meta a explotador, cuando monte su propia tienda, su propio tarantín, pero, de ser así, ¿quiénes trabajarían para generar las posibilidades gananciosas del banquero, del fabricante y del comerciante?
La respuesta salta de la idiosincrasia burgo-proletaria: hasta ahora siempre ha habido generaciones proletarias de relevo, de tal manera que para que se lleve a cabo cualquier conversión de proletario en burgués es necesario que el sistema se halle en funciones con sus dotaciones de asalariados y de sus correspondientes explotadores de turno.
Pero los trabajadores no sólo son perdedores, sino que, como si fuera poco, el Estado burgués los pecha por igual como receptores de un salario asimilado a una supuesta renta que él le obtiene como alquiler de su propia persona cuando recibe alguna paga al servicio del banquero, del fabricante o del comerciante, y hasta del propio Estado.
Como eso es así, evidentemente, el Estado ha estado considerando que el origen de las ganancias empresariales son perfectamente asimilables a los ingresos de sus trabajadores, salvo en sus marcadas diferencias cuantitativas. O sea, el Estado no reconoce la explotación del trabajador en bancos, fábricas y comercios;, más bien convalida la función empresarial como un trabajo o unos esfuerzos productivos de alta calidad, al punto de que el Estado burgués primero se aboca a la solución de cualquier problema confrontado por los empresarios burgueses, y en segundo y tardío lugar a la solución de la problemática salarial.
El colmo de esa preferencia del Estado hacia el empresario es que hasta ha tenido el tupé de dotarlo de capital dinero y demás condiciones necesarias de
nfraestructura para que esos beneficiarios del Estado se dediquen con dinero de la población a la explotación de los trabajadores. Esta proclividad del Estado hacia la protección de la burguesía y marginación de los proletarios es característica propia de todo Estado burgués. Entonces, más allá de la propiedad privada de los medios de producción, está la dotación de estos por parte del Estado burgués con patrimonio público nacional.
Sobre esas bases, meramente especulativas y teorizadas por los apologistas del burguesismo, los asalariados trabajarían como tales por carecer de iniciativas empresariales, al mejor estilo schumpeteriano[1], como si la tenencia privada de los medios de producción fuera una cosa accidental y derivada esas mismas iniciativas para prosperar como comerciante, como fabricante o como banquero.
Una primera aproximación al reconocimiento estatal de la ganancia capitalista como fruto de la explotación de asalariados podría ser sacar al trabajador de su condición teórica como generador de renta personal por el solo hecho de recibir rentas salariales. Mal puede generar renta un asalariado cuyo trabajo impago es la fuente de las rentas del banquero, del fabricante y del comerciante.