El comerciante nuestro ha sido consuetudinariamente irrespetuoso de las leyes regulatorias de precios, de higiene ambiental, y apoyador de la ilegalidad de sus proveedores. Las matracas sanitarias se hicieron “normales” en nuestro país y los inspectores de Sanidad hasta vivieron como ricos; todavía tienden a subsistir, lo estamos sintiendo.
Los comerciantes durante muchos años se acostumbraron a cargar en sus costos los precios de compra y sobre estos calcular su tasa de ganancia sin importarles si esos precios violaban las leyes vigentes; así siguen operando.
Sus argumentos acerca de que deben vender por encima de toda regulación porque sus proveedores les venden ya por encima del precio regulado son deleznables; más bien, son una especie de confesión de parte que debería ser castigada severamente.
El punto es que estamos en presencia de una alcahuetaje o connivencia entre ese proveedor y ese comprador, a sabiendas de que ambos violan la ley. Y si la Superintendencia no actúa, la violación se consolidaría.
Su desprecio por la injerencia del Estado ha sido proverbial, y cuando un comerciante es visitado para una auditoría de precios y ganancia suele recurrir al soborno o a la queja para malquistar al gobierno de turno; no ha sido algo contrarrevolucionario específico, no, esa ha sido su conducta comercial.
Cuando este detallista se prive de comprarles a sus proveedores de precios violatorios, estos no tendrán a quienes venderles, corren el riesgo de perder su mercancía por obsoleta o perecedera, y si acapara con fines políticos, las pesquisas del gobierno darán cuenta de los centros de almacenaje y actuarían en consecuencia. En todo caso, ya los visitarán proveedores que actúen apegados a las leyes de precios y sanidad.
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24/02/2015 08:14:27 p.m.
