Todo funcionario honesto al servicio del Estado debe admitir, con la mayor voluntad de cooperación, que sea fiscalizada su gestión de modo permanente y más aún si ha sido designado para manejar y/o disponer de fondos y bienes públicos.
Sostenemos el criterio de que el mejor aporte que debe darle el funcionario público de este Gobierno Revolucionario Chavista, desde el presidente de la República hasta el que ostenta el menor rango, a todo esfuerzo que se adelante contra la corrupción es mostrar motu proprio su gestión, ofrecerla con el mayor detalle a la comunidad de modo permanente para que se la mire con lupa y prestar toda la cooperación posible a los entes Contralores para que éstos cumplan sus funciones en el menor tiempo posible y con todo éxito. En eso el Comandante Chávez fue muy claro y de manera reiterada le dijo a sus directos colaboradores en mil ocasiones (palabras más, palabras menos): "si quieren hacer dinero, no pueden seguir trabajando al servicio de la revolución y, por tanto, deben irse a la actividad privada, pues los dineros del país son sagrados".
Dice un viejo y sabio refrán: "el que no la teme, no la debe". Y ello es muy cierto; si como funcionarios del Estado somos señalados de alguna irregularidad y ante esas acusaciones estamos persuadidos de que no nos cabe responsabilidad alguna, no tendríamos razones para temer por los resultados de una investigación que adelanten los órganos competentes. Que hay un despropósito en esos señalamientos y que lo que se busca es nuestro desprestigio, como vemos que ocurre en muchas ocasiones en estos tiempos de aguda polarización política (?), pues ante esa interrogante que pudiéramos hacernos, no creo que exista la mejor ocasión para que una fiscalización contralora actúe y desvirtúe toda duda que pueda plantearse sobre nuestra conducta al servicio del país. Intentar negarlas a base de enfrentar al denunciante con ataques que pudieran ser vistos como desproporcionados y carentes de algún sentido, dan pie para que, por el contrario, aumenten las dudas sobre nuestro honesto desempeño.
De manera que más allá de hacer daño una falsa acusación, en caso de que así fuere, una investigación exhaustiva es la única opción que queda, no sólo para que se disipe todo tipo sospecha sobre la actuación irregular de cualquier funcionario público, sino que con ella el pueblo, quien es el que paga el sueldo de ese funcionario, pueda llegar a tener la certeza de que no está siendo estafada la República.
