El combate a la corrupción ha sido la promesa permanente en todos los discursos de los primeros mandatarios en la toma de posesión del cargo y eventualmente durante todo el período de ese gobierno, así ha sucedido en Venezuela desde la primera presidencia del general José Antonio Páez; pero también el pueblo se ha acostumbrado oir al final de cada lapso presidencial las disculpas por no haberse minimizado tal infortunio. Ahora bien, el Presidente Chávez Frías, por el proceso de cambios que él lideriza, tiene el mayor respaldo popular que se haya conocido en la historia venezolana, por lo que está obligado a aceptar y cumplir el delicado y fatigoso reto que significa el acabar con el latrocinio que se hace de la cosa pública desde 1.830; hacen ya 176 años.

Superar el mal que ha aquejado al país durante tan largo tiempo tiene que ser la primera prioridad, ello es el fundamento moral para poder tener una patria digna en donde la honestidad de los funcionarios públicos sea una norma y no una excepción, en esta lucha no puede haber contemplación con ninguna persona que actúe fuera del marco legal; aquí no debe importar para nada la jerarquía que ostente el personaje. Hoy hace más de 16 meses de la reunión cuando el presidente Chávez, el vicepresidente Rangel, ministros, gobernadores, alcaldes y otros altos funcionarios del Estado ratificaron su compromiso de combatir a fondo la corrupción, se diseñaron en esa oportunidad los procedimientos que se debían utilizar para lograrlo, sin embargo hay que tomar en cuenta que esa reunión se efectuó en noviembre de 2.004, faltan pocos días para cumplirse año y medio, y todavía no se ve ni se oye nada sobre la implementación de dicho plan y mientras tanto han acaecido muchos y horrendos casos de corrupción; destacándose el hecho del Central Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora y el relacionado con la D.E.M., institución adscrita nada menos que al Tribunal Supremo de Justicia.

Es elemental para combatir la corrupción el crear un organismo central dotado de amplias facultades de acción e integrado por personas de reconocida probidad, dispuestas y comprometidas a luchar de forma inclemente contra ese flagelo; tanto a nivel nacional, regional y local. El método a seguir por ese órgano de control debe ser el de: hacer un seguimiento exhaustivo de las transacciones financieras que hizo o haga el funcionario desde su misma incorporación al ejercicio de un cargo público, determinar si hubo o hay un cambio en su modo de vida no cónsono con las entradas económicas que lícitamente pudo él y su entorno familiar obtener, investigar y conseguir las pruebas contundentes sobre las apropiaciones indebidas en que estuviere involucrado y entonces con los recaudos del caso hacer abrir un proceso judicial; eso si, velando porque éste termine en una fuerte sanción.

Con la creación de un ente similar al propuesto se estaría actuando de un modo persuasivo y sin duda evitaría se dé el caso que algún funcionario honesto termine por caer en las muchas y sustanciosas provocaciones que se encuentra en el camino que le toca emprender en el cumplimiento de sus funciones. De tal manera que no se debe espera más tiempo para crear una Oficina Nacional Contra el Dolo del Funcionario Público, ahora es el momento propicio para su creación, que no nos sorprenda el segundo semestre de este año 2006 sin tener alguna estructura oficial dedicada a esta lucha; pues Venezuela no puede seguir envuelta en tantos escándalos de corrupción. La patria de Simón Bolívar no merece vivir eternamente padeciendo esta plaga, por lo que es necesario dar la batalla siguiendo la predica y la acción de nuestro Libertador cuando aseguró que: “Las gangrenas políticas no se curan con paliativos” y “Tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigios”