Es una lastimosa realidad burguesa que el consumidor o comprador final jamás haya contado con una verdadera y eficaz defensa de sus derechos económicos[1].
Si el Estado venezolano tomara en cuenta la ingente cantidad de dólares que últimamente ha estado ingresando al país bajo la forma de bienes para consumo final o como insumos fabriles, no hay duda alguna de que paradójicamente nuestra moneda alcanzaría una hipersobrevaloración jamás conocida.
Basta saber que los actuales y elevadísimos precios de venta al público, los mismos que nos han estado luciendo como precios muy especulativos, y que de hecho lo son, son precios derivados de una estructura de costes donde los insumos importados están registrados según los precios de dólares no otorgados por el Banco Central de Venezuela, que no salen de sus bóvedas, sino que, supuestamente[2], son adquiridos fuera del país y tasados según un dólar de libre flotación en el exterior y sin control alguno, salvo el de la oferta y la demanda también exteriores, conocido como “Dólar Today”, una cuestionable referencia marcadora de precios de esa divisa que ha sido ampliamente acogida y puesta en práctica por el comercio y empresariado venezolanos en franca actitud de irrespeto hacia las leyes y decretos que en materia económica monetaria están vigentes aquí.
Es un hecho que el alto poder de compra del que ha sido dotado el pueblo venezolano con pensiones varias, con altos niveles de empleo global y de mano de obra; con subsidios y subvenciones, con múltiples servicios gratuitos que le incrementan su poder adquisitivo neto disponible, con créditos blandos al pequeño empresario, etc., si bien ese innegable empoderamiento ha incrementado necesariamente el circulante en bolívares y que esto podría acusarse como coadyuvante monetarista de la inflación en juego, y deterioro de la paridad del bolívar frente al dólar, este argumento quedaría anulado con creces si se tomara en cuenta el pesado volumen de dólares que realmente estamos ventilando ene este artículo
Quede claro que el consumidor venezolano no demanda dólares directamente más allá de los cupos, subsidios y subvenciones determinados por las paridades oficiales nacionales fijadas por el vigente Control de Cambio Oficial, de manera, pues, que no se justificaría ninguna alza para el precio del dólar, con su consecuente baja para la paridad del bolívar, sino todo lo contrario.
Esta es la real situación: Estamos ante una sobreimportación paralela de dólares irregulares y aunque irregulares sean, por consiguiente, esos dólares efectivamente pueden y deben figurar en la ecuación determinante y convencional usada a los efectos de medir la verdadera, real y forzada paridad del bolívar por parte de quienes están realizando semejante contrabando de dólares camuflados. La alternativa sería decretar una más eficaz regulación de costos, guanacias y precios.
[1] Semejante realidad podemos denominarla el síndrome del Derecho Torcido, según el cual, un abogado irresponsable recibe un encargo para defender a un cliente X frente a una tercera persona B, y aquel abogado termina negociando con este último en contra de A. Es lo que se conoce como el desplume de los dos, de su defendido y del demandado.
[2] Desde luego, no menos supuestamente, es posible que estemos ante una simple sobrevaloración al mejor estilo contable, según el cual los costes de fabricación y compras para reventa deben cargarse al precio reinante en el mercado del día aunque realmente hayan costado menos según “precios viejos”. Es la estafa perfecta muy acostumbrada por la Contabilidad burgocapitalista mundial y que Venezuela la ha importado sin objeción alguna porque-es una lastimosa realidad burguesa-el consumidor o comprador final jamás ha contado con una verdadera y eficaz defensa de sus derechos económicos.
