Superar la calamidad que ha perjudicado al país durante largo tiempo tiene que ser por fuerza la primera prioridad pues ello constituye el fundamento moral de una patria digna, la honestidad en el manejo de los entes oficiales tiene que considerarse una norma y no una excepción y en esta lucha no puede haber contemplación con ninguna persona que actúe fuera del marco legal; aquí no debe importar para nada la jerarquía que ostente el funcionario. El combate a la corrupción ha sido la promesa permanente en los discursos de todos los primeros mandatarios en la toma de posesión del cargo, y eventualmente durante el período de ese gobierno, así ha sucedido en Venezuela desde la primera presidencia del general José Antonio Páez; pero también el pueblo se ha acostumbrado a oir al final de cada lapso presidencial las disculpas por no haberse reducido tal infortunio.
Ya se cumplieron 19 meses de la reunión donde el presidente Chávez, el vicepresidente Rangel, ministros, gobernadores, alcaldes y otros altos funcionarios del Estado ratificaron el compromiso de combatir a fondo la corrupción, (El Nuevo Mapa Estratégico. Objetivo Nº 5. 12-13 de noviembre de 2.004) allí se diseñaron los procedimientos que se debían utilizar para lograrlo, sin embargo, todavía no se oye ni se ve nada sobre la implementación de dicho plan, y mientras tanto han acaecido muchos casos de corrupción destacándose el escándalo ocurrido con el Central Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora y el relacionado con la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la D.E.M.; esta última institución adscrita nada menos que al Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, los venezolanos estamos conscientes que acabar con la lacra que tiene 176 años de vida republicana es una lucha difícil, extenuante, llena de escollos y donde los señalados van a injuriar al gobierno a más no poder, pero si el Presidente Chávez Frías por el proceso de cambios que lideriza tiene el mayor respaldo popular que se haya conocido en la historia venezolana, él tiene que haberse dado cuenta que tiene la fuerza suficiente para instrumentar un bien definido programa anti corrupción y así acabar con el robo de la cosa pública; hoy existe las circunstancias más favorables para lograr un rotundo éxito y sería un desatino contra la república no aprovechar esta extraordinaria oportunidad para dar esta batalla.
Crear un organismo central anticorrupción dotado de amplias facultades de acción e integrado por personas de reconocida probidad, dispuestas y comprometidas a luchar de forma inclemente contra ese flagelo en imprescindible; tanto a nivel nacional, regional y local. Organo de control que tiene que tener un sistema y método de actuación especial para poder hacer un seguimiento exhaustivo de las transacciones financieras que hizo o haga el funcionario desde el momento de su incorporación al cargo, determinar si hubo o hay un cambio en el modo de vida no cónsono con las entradas económicas que lícitamente pudo él y su entorno familiar obtener, y buscar las pruebas contundentes sobre las apropiaciones indebidas en que estuviere involucrado, cuyos recaudos deberá hacer llegar a los tribunales para abrir un proceso penal; eso si, velando porque éste termine en una fuerte sanción.
Con un organismo nacional semejante al propuesto se estaría actuando de un modo persuasivo y evitaría que algún funcionario honesto termine por caer en las muchas y sustanciosas provocaciones que encuentra en su camino. En consecuencia, es necesario establecer en el país una oficina nacional que afronte la corrupción en los entes públicos con el fin de impedir exista esta plaga; ya Simón Bolívar el 29 de septiembre de 1.828, al escribirle al general Bartolomé Salom, dictó la pauta: LA INDULGENCIA, QUE HA SIDO HASTA AQUÍ LA DIVISA DEL GOBIERNO, NO HA HECHO MÁS QUE ALENTAR A NUEVOS CRÍMENES CON LA ESPERANZA DE LA IMPUNIDAD” y al general Páez el 30 de ese mismo mes: LA GENEROSIDAD HASTA AHORA NO HA RECABADO OTRO FRUTO QUE LA REINCIDENCIAS: DEJEMOS, PUES, QUE OBRE LA JUSTICIA.
