En la República Bolivariana de Venezuela tenemos varios años enfrentado pacientemente la guerra mediática, económica, cultural y delincuencial, que continúa centrada en alimentos y medicinas, que son vitales para toda la población. En foro realzado por VENANCHAM sobre las perspectivas para el año 2017, “sesudos” asesores de empresarios y comerciantes que controlan nuestra economía, estimaron que la inflación del año 2017, estaría en 700%, cifra que, de seguir ellos haciendo lo que les da la gana, en la realidad, va a será superada con creces.
El incremento del salario y del bono de alimentación, implicó que por las redes sociales, se anunciara a los pequeños comerciantes sobre los precios que debían adoptar a partir del 01/03/2017: el kilo de arroz a 9.000 bolívares, espagueti a 10.000 bolívares, café a 18.000 bolívares el kilo, cartón de huevos 9.000 bolívares, leche en polvo a 16.000 bolívares, carne de res a 17.000 bolívares el kilo, queso desde 15.000 bolívares, y pare de contar.
El Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros y sus ministros trabajan duro para intentar neutralizar el bloqueo financiero externo y la especulación, a través de diversos mecanismos, pero lamentablemente los productores y comerciantes venezolanos juegan a doble cara, pues se comprometen a producir más, a distribuir equitativamente a precios justos e incluso a exportar, pero utilizan las ventajas que les da el gobierno nacional, para proteger su capital y el poder adquisitivo de sus colaboradores, y no para la protección y bienestar de todos los venezolanos.
Definitivamente el síndrome que más ataca a los programas del gobierno nacional bolivariano, son los constantes hechos de corrupción que minan la efectividad de dichas políticas, y por otro lado, pareciera que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), junto al Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han bajado la intensidad e interés en proteger al pueblo contra la usura, acaparamiento y boicot de las mafias de comerciantes y ciudadanos inescrupulosos.
Con estupor observamos las noticias sobre contrabando de alimentos, y llama la atención que “honorables compatriotas” tenían en su poder 3.000 cajas de alimentos de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, y según se pudo conocer el objetivo de dichos maleantes era sacar el cargamento del país con destino a Colombia. Otro caso sensible son las panaderías incorporadas al saboteo, patrocinando las colas, al imponer horario para la elaboración del producto, vendiendo los panes en cantidades limitadas, a precios especulativos y en horario establecidos a 8:00 de la mañana, 12:00 del mediodía y 4:00 de la tarde, llamando pan campesino o francés y ni siquiera llegan a canilla, donde apenas pasan en tamaño al antaño pan de a locha, y lo cobran a 800 y 1.000 bolívares.
En fin, debemos reconocer que el Gobierno Nacional Bolivariano, con la fuerza y consciencia revolucionaria de la mayoría del pueblo, ha permitido resistir todos los ataques y agresiones, con motivación política, de la ultra derecha mundial, pero las entidades responsables del Estado, incluyendo al Ministerio Público, deben borrar la impunidad y tomar severas medidas para encarcelar a bachaqueros, mafias y comerciantes que hacen boicot, acaparan y especulan con los alimentos y medicinas del pueblo venezolano.
