La negociación para la repotenciación de los blindados, AMX 30 adquiridos durante el primer gobierno de Caldera costó a la nación 138 millones de dólares. Por el caso sólo se dictaron dos autos de detención a los hermanos Pablo y Luis Van Dam; quienes se fueron del país. Este caso tuvo 13 años consecutivos discutiéndose en 3 diferentes Comisiones de Defensa en el Congreso Nacional de Venezuela, la última de ellas presidida por el diputado copeyano Ibrahím Sánchez en 1996 y la única que arrojó algún resultado. Entonces se hablaba de la comisión de delitos como cobro de comisiones, intentos de soborno, sobrefacturación en la compra de repuestos y graves omisiones cometidas por parte del Ejército. En 1996, la investigación parlamentaria arrojó sospechas sobre 33 oficiales de los cuales fueron excluidos cinco: Alfredo Salazar Montenegro, Rafael Medina Abarca, Manuel Ruiz Siso, Juan José Oliveros Colombani y Rafael Angel Montero Revette, cuyas actuaciones se revisarían en nuevas investigaciones. Quedaron en la lista de presuntos inculpados: Carlos Julio Peñaloza, Carlos Santiago Ramírez, Italo Del Valle Alliegro, Oswaldo Sujú Raffo, José Antonio Olvarría, Fernando Ochoa Antich, Eliodoro Guerrero Gómez, José María Troconis Peraza, Filmo López Uzcátegui, Radamés Muñoz, Germán Rodríguez Citraro e Iván Darío Jiménez Sánchez. Todos simpatizantes de Acción Democrática y COPEI partidos políticos amparados por el Pacto de Punto Fijo, sistema de gobierno auspiciado por los gobiernos de los Estados Unidos.
Fue en noviembre de 1996, luego de intensas, interpelaciones parlamentarias, que se aprobó por la mayoría de la Cámara de Diputados el informe final. El Tribunal Superior de Salvaguarda, hoy extinto, sería el órgano que determinaría las responsabilidades a 22 oficiales retirados y uno activo, todos ellos involucrados en el caso. También se indicaron presuntas responsabilidades de la empresa Van Dam, como: intento de soborno a oficiales, incumplimiento de contrato, no haber constituido las fianzas exigidas y haber violado el carácter secreto del referido contrato. Al final la lista de presuntos responsables se redujo a: el ex ministro de la Defensa Italo Del Valle Alliegro por haber firmado el contrato de repotenciación con la empresa Van Dam; Filmo López Uzcátegui por haber firmado un contrato con la empresa Sofma, Fernando Ochoa Antich por la firma de una enmienda del contrato original; e Iván Darío Jiménez y Radamés Muñoz por no haber convocado la comisión de arbitraje que preveía la enmienda firmada por Ochoa Antich. El contrato en cuestión era uno de los más importantes dentro del Plan Global de las FAN, por Bs. 5 mil millones de bolívares, suma adelantada durante el gobierno de Jaime Lusinchi. Al final este caso se convirtió en lo que entonces llamaron UN PLEITO ENTRE GENERALES, habiendo mucho interés dentro de los dirigentes políticos de COPEI se le echara tierra al caso, lo que provocó que el diputado Ibrahím Sánchez fuera acusado de amañar los informes. Durante los 40 años del puntofijismo en las Fuerzas Armadas Nacionales muchos fueron los casos de adquisición de equipos militares obsoletos, en mal estado y reparaciones de equipos militares que nunca realizados. Pasemos ahora a señalar algunos de los casos que tuvieron gran repercusión. Entre ellos destaca lo relacionado con la repotenciación y modernización de los sistemas de comunicaciones integrales navales del Comando General de la Armada que, en la década de los noventa, trascendió a la opinión pública venezolana como el denominado caso Turpial, surgido los mismos días en que lo fue la estafa por parte de la plana mayor de los partidos A.D. y COPEI del Banco de los Trabajadores de Venezuela.
Fue el 29 de septiembre de 1988, que se firma un contrato entre las Fuerzas Armadas Nacionales y la empresa IECA, para la instalación de un sistema de telecomunicaciones para la Armada venezolana. El monto acordado en la negociación fue de Once millones 669.156 dólares norteamericanos con el cual debían instalarse 28 estaciones fijas de trasmisión barco a barco y barco-avión. Los primeros nombres que se conocen en esta caso fueron los de Edmundo Jesús González Bogarín y Pedro Rafael Lovera D’Armas quienes se desempeñaban como encargado de la Dirección de Contratos de la Dirección General del Ministerio de la Defensa y los representantes de la empresa IECA, respectivamente. Entre las irregularidades del el caso Turpial, se observaron: Contratos sin licitación, incumplimiento del control perceptivo, la no contemplación de sanciones en los casos del pago por adelantado de los pagarés, desconocimiento de las recomendaciones de la contraloría, violación de las normas que obligan a informar a la contraloría de las FAN, sobreprecio en los equipos y negativa de la Armada a aceptar una comisión de arbitraje. De estas acusaciones surgieron autos de detención contra el Vicealmirante Iván Carratú y el Capitán de Navío Edgar José Duven, además al coronel ejercito José Rafael Aponte, al Vicealmirante Germán Rodríguez Cítaro, a Edmundo González Bogarín, por aprovechamiento de dinero proveniente de pago fraudulento y a Pedro Lovera, quien fue denunciado de formar parte del entorno de Cecilia Matos. La empresa IECA fue condenada a pagar 11 millones 90 mil 30 dólares para resarcir daños demandados por el Ministerio Público, más las costas e intereses causados. Cómo siempre ocurría, el silencio político y mediático envolvió la jaula de los turpiales, así como sus relaciones militares y partidistas, nacionales e internacionales, sobre todo durante los gobiernos de Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez.
