La aprehensión del expresidente de PDVSA – Gas Comunal, Jacob Grey, ha prendido todas las alarmas del pueblo venezolano quien era el principal afectado por las deficiencias del servicio y encima, en aquellas zonas donde medio llagaba el servicio, lo cobraban en dólares cada bombona, valga decir, que la moneda imperial lejos de haber resultado una solución, bien parece que se ha convertido en uno de los problemas puntales que aquejan al pueblo venezolano por ser el principal estímulo para las corruptelas del funcionariado público. A las muestras debemos remitirnos, cuando apreciamos que por piches cinco mil dólares, un funcionario de seguridad de la Nueva Asamblea Nacional, se puteó al narcoterrorismo del Cártel del Palacio de Nariño para colocar explosivos en la sede parlamentaria de Pajaritos, en un nuevo intento –frustrado- de Iván Duque por sembrar en el país lo que ya vive Colombia como algo normal: la violencia y el terrorismo. Pero, la corrupción no es de reciente data, su origen proviene de los barcos de los invasores españoles, quienes vinieron a inocular nuestras poblaciones originarias de tamaña enfermedad. A diferencia de otras potencias coloniales, España, no ofreció la justicia como un servicio público a disposición de la sociedad colonial, sino como una valiosa prerrogativa subastada por la Corona a sus favoritos para que se enriquecieran del erario público.

Los comerciantes más acaudalados, le compraban al rey el derecho a formar un tribunal cuyos miembros eran escogidos entre ellos mismos: "El tribunal comercial más importante de la Colonia se convirtió así en una fraternidad cerrada al resto de la sociedad neogranadina y en un mecanismo mediante el cual los poderosos, con sanción oficial, capturaron para defender intereses privados una institución que normalmente debería tener un carácter público. Desempeñar un cargo en el Consulado se convirtió en algo así como un asunto de familia, en el cual los lazos de sangre y matrimonio reforzaban identidad de los intereses económicos". (Historiador Luis Eduardo Fajardo). Esa fue la sociedad e instituciones, que heredó el Padre Libertador, Simón Bolívar, y que intentó transformar para crear las Nueva Repúblicas. El Padre Libertador, había concientizado que desterrar la corrupción era parte de la ruptura con el viejo orden colonial. "Las reliquias de la dominación Española permanecerán largo tiempo antes que lleguemos a anonadarlas: el contagio del Despotismo ha impregnado nuestra atmósfera, y ni el fuego de la guerra, ni el específico de nuestras saludables Leyes, han purificado el aire que respiramos. Nuestras manos ya están libres, y todavía nuestros corazones padecen de las dolencias de la servidumbre. El hombre, al perder la Libertad, decía Homero, pierde la mitad de su espíritu…" (Discurso de Angostura, Simón Bolívar, 1819). Quiso, adelantándose a su tiempo, cortar las cadenas con el viejo régimen y establecer un gobierno fuerte y eficiente, una organización continental estable. Fue, en Angostura, donde presentó su tesis del cuarto poder del Estado: el Poder Moral. "Constituyamos este areópago para que vele sobre la educación de los niños, sobre la instrucción nacional, para que purifique lo que se haya corrompido en la República; que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos; que juzgue de los principios de corrupción, de los ejemplos perniciosos, debiendo corregir las costumbres con penas morales, como las leyes castigan los delitos con penas aflictivas y no solamente lo que las ataca sino lo que las burla; no solamente lo que las ataca sino lo que las debilita; no solamente lo que viola la constitución sino lo que viola el respeto público". (Discurso de Angostura). La corrupción, se entronizó en las nuevas repúblicas que fueron naciendo bajo la espada bolivariana en un territorio tan extenso que cubrió la gesta libertaria del Padre Bolívar. Ello, le obligó a tomar medidas excepcionales y draconianas para combatir ese terrible flagelo, muy propio de la cultura europea. En 1824, en Lima, Perú, escandalizado por la dilapidación de los fondos públicos, estimó que el único medio para extirpar la borrachera con los recursos del pueblo era dictar un decreto ordenando que: "[…] todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos para arriba, queda sujeto a la pena capital". La que se aplicaría –igualmente- a los jueces "a quienes según la Ley compete este juicio, que en su caso no precedieren conforme a este decreto". Así de severo, era el Padre Bolívar con quienes hicieron de la corrupción su modo de vida, los despreciaba.

Pasaron doscientos años y la corrupción sigue como un flagelo acechando la sociedad venezolana. La cuarta república, surgida bajo las directrices de Washington y el Pacto de New York que, en lo local, llamaron como de Punto Fijo para cubrir las apariencias, esa república, marioneta de Washington, se hundió en el pantano movedizo de la corrupción multiforme heredada, ya no de la época colonial sino imperialista, que creó en la Venezuela de aquellos años; una republiquita a su imagen y semejanza, hasta se daba el tupé de tener un régimen bipartidista (AD-Copei y Demócratas-Republicanos). Sus líderes políticos, que llegaron a ocupar altos cargos en la Administración Pública, absolutamente todos, se vieron involucrados en actos de corrupción: Desvío de fondos a Nicaragua, tiempos de Violeta Chamorro, 100 millones de dólares, caso "Sierra Nevada" 400 millones de dólares, responsable: Carlos Andrés Pérez. Robo de maíz africano, 100 millones de dólares, Viernes Negro 300 mil millones de dólares, responsable: Luis Herrera Campíns. Caso RECADI, 122 millones de Bs, la Manzopol o robo de jeepsis y armas, 180 millones de dólares, responsable: Jaime Lusinchi. Robo en el INCRET, 10 mil millones de dólares, robo de las Prestaciones Sociales de los trabajadores y trabajadoras venezolanas, responsable: Rafael Caldera. Robo a PDVSA, 5 mil millones de Bs/año para crear la organización política: Primero Justicia, responsables: Leopoldo López y su madre. Los casos de corrupción, eran incontables como notables eran los poquísimos casos en que se judicializara uno que otro delincuente de cuello blanco que luego era exculpado. ¡La impunidad era total! El pueblo se hartó de aquella situación y por ello, se produjo la rebelión popular conocida como el "caracazo" en febrero del 89 y dos rebeliones militares, el 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992. De esos partos, viene el surgimiento del liderazgo de Hugo Rafael Chávez Frías, quien se rebela contra ese Estado de corrupción estructural. "Y mirando el Cuartel de la Montaña, dijo: Despierto cada cien años cuando despierta el pueblo" (Fragmento del poema de Pablo Neruda para Simón Bolívar). Hugo Chávez, acometió la lucha contra la corrupción, dando el ejemplo de honradez y vida pulcra. Le faltó la dureza del Padre Libertador, Simón Bolívar, lo que propició que su heredero natural, el Presidente Nicolás Maduro, tuviera que hacerle frente a dos de sus funcionarios más corruptos: Luisa Ortega Díaz y Rafael Ramírez. Ambos, constituyeron la desviación moral más despiadada de la Quinta República hasta que entrara en escena un ladrón de ladrones: Juan Gerardo Guaidó Márquez, apadrinado por Washington, la propia Casa Blanca y su presidente: Donald Trump.

Para fortuna del pueblo venezolano, el Presidente Maduro, está consciente del daño que produce el virus maligno de la corrupción sobre la sociedad en su conjunto. Desde el mismo momento de su llegada al gobierno, ha tomado iniciativas de investigaciones que han propiciado el desmontaje de tramas de corrupción en PDVSA y otras instituciones públicas. A la Nueva Asamblea Nacional, la ha emplazado a investigar todo lo que tengan que investigar, apenas tengan conocimiento de los hechos. En conciencia, que la actual legislación lejos de ser un obstáculo contra la corrupción, la promueve con penas irrisorias. En 2019, el Presidente Maduro, presentó a la Asamblea Nacional Constituyente una propuesta de reforma de nueva Ley que incrementara las penas, incorporara nuevas figuras o modalidades de ejercer la corrupción como pudiera ser la especulación o corrupción del comercio nacional. "Es una reforma total, integral de la Ley contra la Corrupción, para adaptarla a los delitos y a los tiempos modernos", señalaba el Presidente Maduro en enero 2019, en su discurso ante la ANC cuando les entregaba dicha propuesta. Al debate, se incorporaron con propuestas tanto el TSJ como la Contraloría General de la República, entre otros; no obstante, dicha propuesta fue engavetada por el constituyentista Pedro Carreño, como evidencia de su falta de compromiso con esa batalla para adecentar la moral de la República. Esperemos, que la Nueva Asamblea Nacional, retome esa propuesta como base para reformular esa Ley estratégica, para repotenciar la lucha contra la corrupción y la moral nacional.

Iniciando este año, 2021, el Presidente Maduro, alertaba al pueblo venezolano: "Una de las estrategias que tienen los enemigos de Venezuela es comprar con dólares a funcionarios de empresas públicas importantes para que saboteen algunos servicios públicos como el agua, el gas, la producción. Todo el mundo pendiente con los infiltrados que se visten de rojo", ese caso de PDVSA Gas-comunal, viene a certificar las sospechas del Jefe de Estado. El imperialismo de los EEUU, utiliza la corrupción como un arma no convencional, así lo demostró la operación Lava Jato en Brasil. Operación, supuesta anticorrupción, que terminó convertida en un gran show de corrupción de la justicia brasileña para derrocar una presidenta, Dilma Roussef, y sacar del juego político al hermano Lula da Silva, y así facilitarle el triunfo al fascista de Jair Bolsonaro. En fin, para los EEUU, la corrupción, ha alcanzado un fin utilitarista en función de lograr sus fines de hegemonía en la región. Ello, nos sugiere que el combate a la corrupción, al igual que al narcotráfico de drogas, lo hace –EEUU- a conveniencia, según sus intereses de dominación en la región. Nada casual, su apoyo al principal productor de drogas en el mundo: el Cártel del Palacio de Nariño, regentado por Álvaro Uribe. Es una vieja estratagema, que ha puesto en marcha la CIA en diversidad de países para derrocar gobiernos. "En la dirección del Estado, crearemos el caos y la confusión. De una manera imperceptible, pero activa y constante, propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción, la falta de principios. La honradez y la honestidad serán ridiculizadas como innecesarias y convertidas en un vestigio del pasado. El descaro, la insolencia, el engaño, la mentira, el alcoholismo, la drogadicción y el miedo irracional entre semejantes"[…] "Sólo unos pocos acertarán a sospechar e incluso a comprender lo que realmente sucede. Pero a esa gente la situaremos en una posición de indefensión, ridiculizándolos, encontrando la manera de calumniarles, desacreditarles y señalarles como desechos de la sociedad. Haremos parecer chabacanos los fundamentos de la moralidad, destruyéndolos".[…] "Nuestra principal apuesta será la juventud. La corromperemos, desmoralizaremos y pervertiremos." (El Arte de la Inteligencia, Allen Welsh Dulles, Fundador de la CIA, 1963).

Esta extensa introducción, se hace necesaria para comprender lo que está ocurriendo con el Banco de Venezuela, BDV, y que afecta el patrimonio de 11,5 mil trabajadores y trabajadoras de la UCV. Nuestra Constitución Bolivariana de 1999, otorga el beneficio de la duda a todo indiciado en un hecho delictivo hasta que se demuestre lo contrario, por eso hemos presumido un hecho que al hablar con muchos trabajadores y trabajadoras, dan como un hecho cierto ante la falta de respuestas y lo escurridizo que se ha puesto el presidente del BDV, José Morales, para la directiva de la Caja de Ahorros de las trabajadoras y trabajadores de la UCV, CAPSTUCV, en su legítimo derecho de poder acceder a sus activos en divisas, bajo resguardo de dicha entidad financiera pública. El problema se agrava, al considerar que las Cajas de Ahorros no solo son consideradas entidades financieras de la clase obrera sino que, como tales, cumplen un rol estrictamente de Previsión Social, valga decir, sus préstamos cumplen una función social fundamental ya que han permitido a los trabajadores y trabajadoras de la UCV, adquirir una vivienda, acceder a la recreación, cubrir una necesidad de salud, en fin, garantizar la vida. Desde las Cajas de Ahorros se procura el bienestar social lo que se compagina y articula perfectamente con el Estado Social de derecho y de justicia, enarbolado por nuestra Constitución Bolivariana de 1999. No por casualidad, nuestra Carta Magna, dispone en sus artículos 118 y 308, el deber que tiene el Estado Bolivariano de proteger y promover las Cajas de Ahorros y cualesquiera otras formas de participación comunitaria para el ahorro, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico de la nación, sustentándolo desde el punto de la iniciativa del pueblo organizado. Quizás, sea por esto último aquí señalado, que la directiva de CAPSTUCV, caiga tan mal en la presidencia del banco, que les ha negado toda posibilidad de atención por más de un año, con sus meses transcurridos. Se les ha negado el derecho constitucional de: "obtener oportuna y adecuada respuesta…" (Art. 51, CRBV) a sus correspondencias, solicitándoles información sobre el estado y la posibilidad de utilizar sus activos para repotenciar los haberes de la Caja de Ahorros y propiciar que los asociados y asociadas, se beneficien nuevamente de los créditos de distintos tipos creados para beneficio de los trabajadores y trabajadoras de la UCV. Y, todo esto muy a pesar que CAPSTUCV, como figura jurídica, debería ser considerado por la directiva de dicho banco, como un cliente especial, considerando que sus activos colocados en dicha institución financiera, propiedad de todos los venezolanos y venezolanas, rondan los 2.488.168.053.853, 00 Bs. Qué quedará de atención para el pueblo de a pie, si tan mal atienden?

De ser cierta, la presunción de muchos de los trabajadores y trabajadoras de la UCV, que sus activos "desaparecieron" de las arcas del BDV, ello implicaría un delito de corrupción que además del presidente de dicho banco, involucraría a dos diputados electos el pasado 6D en las listas del Polo Patriótico Simón Bolívar y un dirigente nacional del Partido de la Revolución, PSUV, que son directores principales del banco. Imaginen, camaradas, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabellos, los efectos devastadores ante la opinión pública nacional de confirmarse lo que hasta ahora es solo una presunción entre muchos de los trabajadores y trabajadoras de la UCV, ante la incertidumbre en que se encuentran sus activos en divisas, bajo resguardo de este irresponsable banco del Estado. Por eso, instamos a la Comisión de Contraloría de la Nueva Asamblea Nacional a investigar en profundidad, y que estos 11,5 mil trabajadores y trabajadoras de la Patria obtengan respuestas prontas, sobre el destino de sus activos, colocados bajo resguardo de esa institución financiera. Y lo más importante, que puedan acceder sin trabas a sus activos para fortalecer sus haberes y mejorar en algo –bastante- sus condiciones de existencia.