Tengo años preguntándome porqué en Venezuela debemos pagarle a la clase hegemónica los caprichosos precios que arbitrariamente fija, incluso por bienes de primera necesidad justamente regulados por las autoridades.
Especulación y acaparamiento son enemigos tradicionales que todas las sociedades del mundo ponen a raya mediante leyes y medidas convenidas por el colectivo para mayor garantía de su observancia.
La clase capitalista local jamás ha logrado trascender a márgenes relevantes de productividad ni mucho menos alcanzar niveles competitivos de calidad. Cobijada a la sombra de prolíficos negociados con un sector público tradicionalmente rico y corrupto, nuestra clase es capitalista pero no productiva, a lo sumo revendedora.
Bajo este signo, ha sido largo y fecundo el historial de abusos cometidos en nuestro país a expensas del público consumidor, aunque no había registro de especulación y acaparamiento empleado como arma política a la manera en que la CIA acabó con el gobierno legítimo de Salvador Allende en Chile.
Hasta que llegó el momento de hacerlo con la mayor “dignidad”; tomaron el marco de la revolución bolivariana como excusa perfecta para luchar por la “Democracia” y lucrarse simultáneamente.
El agiotaje conlleva un efecto boomerang que tiende a arrasar con su protagonista pero no sin antes causar enormes daños que trascienden el ámbito económico, amenazando con desestabilizar el orden de justicia que garantiza la paz social.
Si bien es cierto que el marco legal existente no responde con efectividad a “peculiaridades” tales como el apoyo cómplice que los medios de comunicación y la derecha política brindan al chantaje económico de las grandes cadenas, la responsabilidad es compartida con un Estado maniatado por estructuras y empleados inoperantes.
Dado que se trata de un fenómeno de especiales ribetes subversivos, recibimos con beneplácito las medidas del gobierno nacional destinadas a regular el asunto vía ley habilitante, con el notorio e inédito acierto de convocar al pueblo y facultarle como legítimo contralor de la legalidad.
Sin embargo pareciera necesario trabajar con más ahínco en disposiciones penales de mayor poder disuasivo y eficiencia, por ejemplo, si se pechara a los responsables con la incautación de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles involucrados en la comisión del delito, incluyendo el fondo de comercio o la unidad de producción, lo pensarían tres veces antes de aventurarse en la acción. La empresa podría entregarse a sus empleados, previamente organizados en cooperativas capaces de pagar los bienes confiscados al delincuente con trabajo y a crédito, abriendo una interesante oportunidad de redistribuir la riqueza y mejorar la condición socioeconómica del personal que labora en los establecimientos involucrados. Una especie de muerte súbita de las posesiones materiales del especulador, algo que le es más preciado que la vida misma.
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