El contrato impositivo venezolano adolece de fallas tanto en la parte contribuyente como en la gubernamental. Los malos usos que le ha dado el gobernante al Fisco Nacional, la impune corrupción cuyo colmo es que hasta los gobernantes de peor calaña son premiados con facilidades de fuga cuando son expulsados de Miraflores, ha provocado una baja contribución tributaria ciudadana manifiesta en las manipulaciones contables evasivas de impuestos. Ha contado para ello con la académica colaboración de Contadores colegiados a quienes ampara el mismo manto de la corrupción válida para los citados gobernantes.
Sabemos que los ciudadanos que limitan sus ingresos al monto de sus salarios no deberían ser contribuyentes, y sí quienes obtengan ganancias patronales de algún tipo, y también los artesanos y profesionales de libre ejercicio. Sin embargo, dentro del régimen actual se conceptúa como rentistas a los mismos trabajadores, y a todos los ciudadanos se les pecha directa e indirectamente con las Declaraciones anuales de Impuesto S/R, cargas arancelarias, gravámenes a servicios y productos especiales, y con el modernísimo e indiscriminatorio Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Ciertamente, durante la presente república se ha venido educando a los contribuyentes para que satisfagan mejor sus obligaciones tributarias, y el Servicio Nacional de Impuestos y Administración Tributaria (Seniat) hasta ahora se viene anotando grandes éxitos en la recaudación anual, pero también durante la presente Administración Fiscal se ha cometido una de las desviaciones tributarias más cuantiosas y descontroladas. Estamos hablando de los manejos que hace el Poder Ejecutivo con el Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos que desde hace tres años presenta a la consideración del Poder Legislativo, un poder que, si bien se ha mostrado genuflexo y apendiciario del Poder Ejecutivo, tradicionalmente realizaba una labor aparentemente autónoma en materia tecnofiscal.
El caso es que así como nuestros ciudadanos se muestran morosos, el Poder Ejecutivo se ha metido a tramposo. Esta oprobiosa conducta gubernamental se manifiesta en la SUBESTIMA de los principales Ingresos Fiscales, esto es del Ingreso Real Petrolero mediante la prefijación presupuestaria de unos precios muy por debajo de los que rigen en el mercado correspondiente, con lo cual el Estado, el Fisco Nacional, deja de percibir cuantiosos montos por concepto de Regalías y de Impuesta S/R., y de perogrullo la voluminosa diferencia recaudada ha ido a los descontrolados bolsillos de los principales gobernantes de la presente Administración.
Nuestros asertos los apoyamos sobre bases constitucionales como la referida en el Art. 313, Aparte Primero, de la Constitución vigente. Allí se prevé facultades al Poder Legislativo para controlar las posibles trampas que quisiera realizar un Poder Ejecutivo inescrupuloso, y a tales efectos dice: *La Asamblea Nacional podrá alterar las partidas presupuestarias, pero no autorizará medidas que conduzcan a la disminución de los ingresos públicos ni gastos que excedan el monto de las estimaciones de ingresos del proyecto de Ley de Presupuesto*. Digamos que la Asamblea Nacional, si bien no puede autorizar disminuciones en los ingresos públicos estimados por el Ejecutivo, creemos que sí puede, en consecuencia, rechazar subestimas de Ingresos Fiscales que con fines inconfesables le presente el gobierno de turno, máxime cuando, en el caso del Ingreso Petrolero, este es la principal fuente de ingresos fiscales, y cuyas estimaciones suelen ser vox pópuli ya que los precios petroleros son internacionales y diariamente informados por la prensa mundial y nacional.
De tal manera que si para el contribuyente moroso ahora tenemos un Seniat exitoso, deseamos tener una Contraloría que rompa con la armonía imperante en una Venezuela que se caracteriza por una plantilla de contribuyentes morosos y un gobierno tramposo.
