Hace no muchas días se produjo un encontronazo entre el Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez y el Contralor Clodosbaldo Russián. El origen del impase estuvo en la lentitud con que marchan los asuntos que competen a ambas instituciones del Estado. Los casos de corrupción que procesa la Contraloría deben ir a la Fiscalía para que ésta actúe en consecuencia; es decir, haga las diligencias del caso ante los tribunales de la república.
En aquella oportunidad uno de los funcionarios acusó al otro de la cuasi impunidad existente en materia de corrupción. El acusado se defendió de la mejor manera que pudo, lo que dejó ante la opinión pública la idea de dos altos funcionarios del Poder Popular enfrentados.
Pero como es demasiado obvio y hasta alarmante que, pese la creencia general de la existencia de delitos con respecto al manejo de los dineros públicos, la justicia no sólo parece ciega sino maniatada, el Contralor Russián, ha vuelto a poner el dedo en la llaga. Esta vez dice que la Fiscalía no hace el debido seguimiento a los casos por su organismo allí presentados, con indicios de ilícitos civiles o penales.
Y el propio fiscal dijo recién anteayer que la impunidad y la inseguridad son usadas por los sectores de oposición para “desestabilizar al gobierno”.
Esta vez, Russián fue más cauteloso o estudiadamente discreto. Se cuidó de justificar a la fiscalía diciendo que en ésta “cada fiscal maneja cuatro o cinco mil casos.” Y culpó de esa especie de postración de la justicia a la “reforma del Código Procesal Penal” que les otorgó a los fiscales “el monopolio de las acusaciones”.
Y según la aspiración del Contralor habría que reformar la Ley del Ministerio Público, cosa que dijo habérsela propuesto “varias veces” a Isaías Rodríguez. Llegado aquí, cabe preguntarse: ¿esas propuestas hechas “varias veces” por Russián a Rodríguez, han caído en saco roto? Porque al parecer, según el análisis del discurso de aquel, hasta ahora no ha recibido respuesta o el fiscal poco le había parado. Pero este salió de su mutismo sobre el asunto este y aseguró que lo que hace falta es reformar voluntades y no leyes y agregó luego que su despacho “espera con paciencia” que la CGR presente expedientes y que éstos no superan “los cinco o seis por año” y como el Contralor lo hizo antes con él, el Fiscal también a aquel justificó diciendo “Yo sé que no es su culpa sino la falta de personal”.
De lo que la mayoría está convencida es aquí no caminan los casos o denuncias de corrupción, pero tampoco en gran medida las investigaciones y sanciones a delitos de otra naturaleza.
Los indiciados como autores intelectuales del vil asesinato de Danilo Anderson, se quedaron en eso; y la presentación reiteradamente anunciada, de lo que Isaías Rodríguez llama “actos conclusivos” sobre el caso, se volvieron un ejercicio de fantasía o un hermoso aunque simple enunciado poético.
Pese a que el nuevo TSJ revocó el ridículo dictamen, según el cual en abril del 2002 no hubo golpe de estado sino vacío de poder, los indiciados siguen siéndolo y en plena libertad andan por allí diciendo y haciendo todo lo posible para repetir aquello. Mientras la fiscalía no encuentra la forma de presentar los “actos conclusivos”.
Russián, confiesa que el presidente a quien califica “como el primer aliado contra la corrupción”, en varias oportunidades le ha hablado alarmado sobre algunos casos. Y uno está convencido que Chávez debe estar mucho más que alarmado por esa especie de impunidad, ante la inoperancia o excesiva pesadez de los organismos competentes, que embarga a Venezuela.
No hay forma ni manera de terminar los procedimientos que lleven a solicitar la extradición de quienes por una razón u otra, mejor dicho, por un delito u otro, están refugiados en el extranjero..
La flagrante violación al derecho internacional que implicó la invasión a la embajada cubana en los agitados días de abril, parecen haber pasado al olvido por errores en la actuación de los fiscales.
A quienes mataron al periodista gráfico Tortoza, colocaron bombas en las embajadas de Colombia y España, no hay forma ni manera de llevarles a los tribunales con expedientes blindados, para que en este espacio de arenas movedizas las verdades no se hundan.
¿Si la solución pasa por limpiar la fiscalía, la contraloría, el cuerpo judicial y hasta reformar el Código Orgánico Procesal Penal, proposición ésta hecha “varias veces” por Russián a Rodríguez, o sólo es un asunto de falta de personal, por qué no se procede?
Nada ganamos con ver de vez en cuando al Fiscal, al Contralor y hasta los jueces jugando la candelita, por culpa de la vigente Ley que otorgó a la fiscalía el monopolio de las acusaciones o el escaso número de funcionarios con que cuentan ambas instituciones, mientras los incursos en delitos andan gozando una y parte de otra.
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