A las novísimas inhabilitaciones políticas las entendemos como los primeros pasos prepenales y tendentes al castigo severo que bien merecido tienen muchos integrantes de las tribunas políticas venezolanas, salvo rarísimas e insólitas excepciones. Por fin salió un “ratón que se prestó para ponerle el cascabel al gato” .

Como sabemos, la corrupción administrativa gubernamental cruza toda la superficie de la burocracia nacional y con ello involucra contaminadamente a la empresa privada. Esta es mendaz por naturaleza propia (valga la digresión), sus protagonistas creen que su ganancia está más allá de comprar a mínimo coste y vender al máximo posible. Consideran que se halla en las coadyuvantes habilidades o marramuncias comerciales, en la truculencia contable con fines evasivos e impositivos, en los artilugios financieros, en el escamoteo de la calidad mercantil y en la colusoria “compra” de funcionarios públicos necesarios y oportunos para sus quehaceres mercantiles, además otras ilícitas y delictuales prácticas.

Démonos cuenta de que sólo el desbordamiento incontrolado y alcahueteado de la corrupción burocrática venezolana, con su desvergonzada y sostenida impunidad, explicaría el énfasis que contralora y judicialmente se ha puesto para rechazar las inhabilitaciones políticas actuales, por una parte, y por otra para hacerlas efectivas ante los cotidianos reclamos ciudadanos y las paradójicas denuncias anticorrupción que suelen emitir los mismos corruptos, cual ladrón que grita. “al ladrón, al ladrón”, durante su presurosa fuga luego del delito que acaba de cometer.

Recordemos que estamos en presencia de la comisión de los delitos más frecuentes y más dañinos para el cumplimiento del Contrato Rusoniano de vieja y citada data. De poco sirve un contrato cuyas obligaciones sean impunemente burladas o ignoradas por ambos contratistas. Repetimos que es
uno de los delitos más antisociales, sólo que su daño resulta difuso porque sencillamente se halla repartido microscópicamente entre las correspondientes alícuotas de cada ciudadano afectado.

Contraproducentemente, mal puede el servicio público jurídico y penal de este país, con sus onerosos y numerosos funcionarios ni con sus paquetes de leyes y leyecitas, aplicar sanciones al hamponato popular privado mientras los altos burócratas corruptos de las IV y V (?) Repúblicas sigan sin pisar
ni conocer las inmundicias infrahumanas que caracterizan el sistema carcelario venezolano.

El delito de corrupción mancomunada entre grupos burocráticos de todo rango, y entre estos y el empresariato capitalista echa por tierra toda confianza en las promisiones presidenciales, en las de los gobernadores y alcaldes.

Mientras estos funcionarios sean copartícipes por colusión, omisión o ignorancia de la corrupción, mal podría uno de aquellos ponerle el cascabel al gato. Pero esto ha ocurrido y ya veremos sus consecuencias.

Decimos que dichas inhabilitaciones políticas no bastan porque apenas y exclusivamente traducen interdicciones meramente electorales, como si las variantes políticas fueran la única forma de ser corrupto. El manejo de presupuesto fiscales supone responsabilidad penal por usos distintos a los previstos. Tampoco bastan porque, si a ver vamos, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas electores y electoras se encuentra de inhabilitada de hecho. Nadie es capaz de negar que sólo ingresan a la tribuna política los privilegiados de la clase capitalista, antigua y originalmente llamada
burguesa.

Si populistamente un ciudadano asalariado o afín ingresa a esa tribuna, ineluctablemente se ve obligado a buscar y recibir financiamiento del grupo de poder, a condición de reconocerlo como deuda onerosa, leonina y hasta con cargos anatocistas.

Estamos hablando de complementar la sanción política con penas carcelarias y penitenciarias, estamos solicitando castigos ejemplares que hagan de la comisión de ilícitos y delitos administrativos burocráticos un asunto seriamente pensable so pena de ir a El Dorado.

Esperamos que estas inhabilitaciones sirvan de antecedentes para los correspondientes juicios penales extrapolíticos que deberán sufrir por ahora los involucrados de ayer y de ahora.

marmac@cantv.net