El Dr. Héctor Navarro, titular actual del Ministerio del Poder Popular para la Educación ha dicho que veinticinco funcionarios del ministerio, entre ellos educadores, han sido destituidos de sus cargos por diversos actos de corrupción administrativa. Igual procedimiento se debe efectuar en los demás Ministerios, Gobernaciones, Alcaldías y otros organismos públicos donde funcionarios sean acusados de hechos de corrupción.
La corrupción administrativa se puede derrotar si se castiga a los corruptos, siempre y cuando los empleados públicos pierdan el miedo y el amiguismo y se decidan a denunciar los actos que atenten contra el patrimonio público, de lo contrario, se convierten en cómplices y aguantadores de los corruptos.
El articulo 4 de la Ley Contra la Corrupción establece todo lo que corresponde al patrimonio público, incluyendo las donaciones de organismos del Estado, y el Articulo 61 de esa misma Ley considera un acto de corrupción recibir dinero por la obtención de cargos públicos y por contratación de obras públicas.
Todo Venezolano esta en la obligación de denunciar actos que vulneren el patrimonio público, pues su silencio también los convierte en copartícipes de esos actos, y la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela nos concede la corresponsabilidad a todos los Venezolanos en el desempeño de las instituciones del Estado. La gente debe empoderarse de estos derechos y deberes para aplicar las tres R: Revisión, Rectificación y Reimpulso para sanear la administración pública y profundizar la Revolución Socialista Bolivariana.
Los Trujillanos tenemos la responsabilidad de respaldar a la Fiscalia del Ministerio Público en las investigaciones que efectúe sobre hechos que atenten contra el Patrimonio Público. Debemos convertirnos todos en garantes y vigilantes de la Administración Pública. Los voceros de los batallones, los Consejos Comunales, la Comunidad en general y los mismos empleados públicos debemos estar vigilantes ante las decisiones que tomen los tribunales sobre los casos de corrupción reportados por la Fiscalía VII del Ministerio Público como los casos de la Alcaldía de Carvajal, con Richard Cabrices, Candelaria con Yerson Rodríguez y demás Alcaldías, Ministerios y casos investigados en Direcciones de Escuelas y funcionarios de la Zona Educativa.
Hacemos un llamado también a aquellos Docentes que fueron objetos de cobro de dinero para ingresar al Ministerio por parte de funcionarios del Ministerio de Educación, que dejen el temor y que den testimonio por escrito de haber sido víctimas de estos actos considerados como corrupción administrativa, a ellos se les garantizará su cargo en el Ministerio.
También el artículo 54 de esta ley penaliza a los funcionarios directivos de instituciones públicas que utilicen a trabajadores y bienes del patrimonio público con fines privados o particulares.
Finalmente hacemos un llamado a los Trujillanos y Venezolanos en general para que obtengan y lean la Ley Contra la Corrupción para que conozcan y puedan denunciar los hechos que atentan contra el Patrimonio Público, y así contribuir con la construcción de una Patria grande, soberana, próspera, honrada, solidaria, igualitaria y justa en sintonía con los principios del socialismo.
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