Superando escollos, conspires y amenazas, los artesanos han organizado el Primer Encuentro Nacional de Artesanías, el cual se llevará a cabo en Caracas, del 8 al 14 de mayo, en la Sala Experimental del Museo de Bellas Artes. Conscientes de la dimensión cultural y constitucional de la artesanía, podrían, los artesanos, convertirse en un poderoso movimiento popular cultural que impulse, desde las bases, los cambios que en materia de legislación cultural se vienen acumulando como gigantesca deuda para con la cultura. Los artesanos se han lanzado al ruedo para analizar y actualizar su normativa artesanal específica. Noble objetivo y encomiable labor.

“La artesanía e industrias típicas populares de la Nación, gozarán de protección especial del Estado, con el fin de preservar su autenticidad…” (Art. 309. CRBV, 1999). Este precepto fundamental ha hecho posible otorgarle rango constitucional a la artesanía y obliga al Estado venezolano a realizar su protección especial. Si en la Ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal, la misma es declarada de interés público; ahora, en la Constitución Cultural Bolivariana alcanza rango superior y goza de amparo privativo. De tal manera, que en una normativa orgánica cultural es menester crear una aparte para la artesanía e industrias típicas y populares. No se puede legislar en contra de la Carta Magna.

Las industrias típicas y la artesanía se observan redimensionadas con la condición de atención especial que gozan las culturas populares, precepto también expresado en la Carta Magna, del año 1999. “Las culturas populares constitutivas de la venezolanidad gozan de atención especial…” (Art. 100. CRBV, 1999). En consecuencia, tres son los tópicos de la cultura que tienen preponderación constitucional: la artesanía, las culturas populares y las industrias típicas de la nación. Todas relacionadas, y en sintonía cotidiana, formam parte de la venezolanidad. Los artesanos poseen la sapiencia necesaria para comprender la dimensión cultural de la artesanía.

El Régimen Legal de los Recursos Culturales tiene en su haber a una normativa artesanal nacional: la Ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal (Gaceta Oficial Nº 4.623. Septiembre 3, 1993). Existe un derecho positivo en materia de legislación artesanal. Ello constituye un logro histórico. Hasta el año 93 las figuras jurídicas artesanales habían sido, exclusivamente, municipales, herencia que nos viene de la Colonia. Sólo y a partir del año 1993, la artesanía alcanza, por primera vez en la historia de la legislación cultural en Venezuela, la condición de ley nacional. Luego, la Constituyente, del año 1999, le otorga rango constitucional a la artesanía. Esto constituye uno de los aspectos de la revolución cultural. Una de las actividades de más vieja data del país alcanza rango constitucional y goza de protección especial por parte del Estado venezolano.

La protección y fomento al desarrollo artesanal debe abarcar no sólo la creación del medio ambiente favorable a los artesanos, el aprovechamiento de sus capacidades y destrezas, el desarrollo y progreso de la infraestructura artesanal y el fomento, promoción y difusión de la artesanía (Art. 1 LFPDA, 1993) es “justo y necesario” ampliar de manera significativa esa definición incorporando: el incentivo y estímulo a la creación y producción artesanal, la comercialización, en su más amplio sentido, la defensa y protección al patrimonio artesanal, la capacitación, adiestramiento y formación de los recursos humanos artesanales, la investigación sobre la artesanía, así como la protección jurídico-social del artesano y la protección y defensa del medio ambiente.

Los artesanos tienen demasiada sapiencia sobre la importación histórica de su legislación específica, sobre el papel protagónico que han de jugar en la revisión y actualización de su normativa artesanal. Los artesanos saben en demasía el atropello que ha hecho contra la Dirección Nacional de Artesanía y, también, conocen la importancia de su rol en el proceso bolivariano venezolano. Llenos de saberes, están los artesanos, sobre lo que significa una ley orgánica de cultura para avanzar en la construcción de la nueva institucionalidad cultural, en el marco de un modelo democrático de participación popular. Ello no significa otra cosa sino avanzar, vertiginosamente, en la conformación de la nueva estructura social, que hemos dado en llamar Socialismo del Siglo XXI: