En mi recién publicado libro “EL RODEO, el Infierno de las Cárceles Venezolanas”, diagnostico la tragedia carcelaria que heredó la administración socialista y que todavía no hemos podido superar. En esta obra ofrezco propuestas y soluciones para poner fin al malandreo, las armas y la muerte en los centros penitenciarios. Denuncio como es con complicidad lucrativa de funcionarios y miembros de ONGs doblegados por los pranes de la droga, como se facilita el crimen.
La creación de una Cartera Ministerial para los asuntos carcelarios, generó una esperanza, pero no obstante algunos aciertos, el desafío continua en pie, no hemos dado aún con el camino de la rectificación verdadera. Nadie en su sano juicio duda de la buena intención de la ministra Iris Valera, pero es lo cierto, que tal vez por falta de un buen equipo o de asesores versados, los problemas siguen siendo problemas y la solución seguimos viéndola lejana. Las medidas implementadas hasta ahora no han producido fruto. Madres, esposas e hijos, siguen llorando la suerte de los suyos que están tras los muros y la sociedad continua padeciendo de centros carcelarios convertidos en infierno.
Nuestras Constitución dicta claramente la pauta: “El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad” (Art. 43). “Toda persona privada de libertad será tratada con le respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” (Art. 46). Nadie podrá afirmar que hemos logrado en nuestra Revolución cumplir la meta que la propia Revolución se fijo en la carta magna. Toda persona tiene derecho a una habitación integral de calidad, incluso quienes “se encuentren privados o privadas de su libertad” (Art. 103).
Es el artículo 272 constitucional, el que mejor define la cárcel que queremos ya la que como Estado tenemos que construir. El desafío sigue planteado: “El Estado garantizará al sistema penitenciario que asegura la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacio para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección”. El mismo texto ordena que sean penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias quienes administran las cárceles; arbitran fórmulas de cumplimientos de penas no privativas de la libertad, las cuales “se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoría”. Y en definitiva se ordena “la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del ex interno o ex interna”.
Podría alguien decirme estamos siquiera cerca del mandato constitucional en materia carcelaria? La herencia es muy pesada, con ingenio debemos enfrentarla.
En una muy buena próxima entrega ofreceré más de una docena de proposiciones concretas como contribución a la salida que anhelamos. No tengo vara mágica ni bola de cristal, tampoco soy especialista académico en la materia. Simplemente he estudiado el problema, y con angustia revolucionaria me percato que avanzamos poco, mientras el problema no se le ve desaparecer.
cesar.dorta62@gmail.com
* Luchador social y político
