¡HOLA RESPETABLES LECTORES(AS)"
La inseguridad pública en nuestra nación y la mayoría de los países del mundo, se ha venido convirtiendo en las últimas décadas de este siglo, en un verdadero flagelo de afectación social ético moral, ya que es una preocupación constante de la mayoría de los seres humanos que habitan en los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo, excepto los musulmanes.
Los especialistas expertos en materia de comportamiento humano tales como: psicólogos, sociólogos, pedagogos - andragogos, teólogos, abogados - criminólogos, politólogos y Lic. en ciencias policiales, pareciera que no logran definir la forma de controlar la des adaptación conductual de las personas, en sus respectivos conglomerados sociales.
La búsqueda de la absoluta libertad y la defensa extrema de los Derechos Humanos, son variables tomadas en cuenta por legisladores cuando redactan leyes orientadas al control del comportamiento criminal o delincuencial en términos general del individuo, o para determinar la forma de educarlos dentro del esquema familiar y escolar; pero las ambigüedades jurídicas o "lagunas", son aprovechadas por los expertos penalistas, para lograr la libertad de sus defendidos, abogando el derecho constitucional de defensa que tiene toda persona privada de libertad, aunque haya cometido horrendos crímenes o nefastas violaciones al derecho de la víctima.
El comportamiento corruptivo de los cuerpos policiales, los fiscales y defensores públicos, los abogados defensores privados, los jueces, los custodios de presos y todo aquel que esté involucrado en la administración y aplicabilidad de la ley, cooperan desmedida mente con la inseguridad pública, ya que por defender intereses mercantiles bastardos y anti patrios, hacen lo posible e imposible para lograr la libertad plena o condicional del o la delincuente, que al no haber sido re educados en los centros penitenciarios en el cual han estado retenidos o privados de libertad, vuelven a repetir o reincidir en la inadecuada conducta que lo indujo a cometer delito contra la persona o la propiedad.
La des unión familiar, su descomposición moral, la carencia de acertada escolaridad, la pérdida de la fe religiosa o valores morales, el consumo de drogas y la inducción permanente de los medios de comunicación de masas a la prostitución, la criminalidad, la agresión y la distorsión conductual; estructuran parte del formato de vida para la construcción o formación del delincuente y por consiguiente de la inseguridad pública.
Una aún no asertiva política del Estado en materia de seguridad pública, el no haber logrado disipar la herencia corruptiva dejada por los gobiernos “punto figistas” de derecha, es otra variable del problema; como bien es sabido, el Estado está conformado por una estructura de cinco poderes; en la República Bolivariana de Venezuela, estos son: el legislativo, el judicial, el moral, el ejecutivo y "el electoral que dentro de sus funciones, no está obligado a diseñar y ejecutar políticas para el control de la inseguridad pública"; todos los demás poderes están obligados por precepto constitucional, a coordinar políticas y acciones orientadas a prevenir y reducir la inseguridad pública, para controlar el comportamiento ciudadano en términos generales, pero fundamentalmente monitorear, controlar y combatir a la persona que violenta la ley y atenta permanentemente contra la vida y la propiedad del resto de los ciudadanos(as) que desean vivir en sana paz.
Lamentable y peligrosamente, en lo que respecta al Estado venezolano, no ha sido posible que el actual gobierno central, logre coordinar con el resto de los poderes descentralizados "Gobernaciones y alcaldías", estrategias políticas asertivas y efectivas orientadas a disminuir drásticamente los altísimos niveles de inseguridad, que hoy día afectan la seguridad colectiva en todo el país.
A mi poco en entender, pero con la preocupación natural que tiene todo ciudadano de honesto convivir, creo que el "Proceso revolucionario socialista" que gobierna actualmente a la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para delinear, proyectar, legislar y aplicar políticas de Estado orientadas a minimizar a su máxima expresión la violencia pública y carcelaria; aún no ha sido muy exitoso.
La reciente creación del Ministerio del Poder Popular para asuntos penitenciarios, el cual ha venido actuando asertivamente en la atención a la problemática que afecta a los privados de libertad, relacionada con los inhumanos y acinantes centros penitenciarios, los esfuerzos realizados para reducir los retardos procesales, la aplicación de planes orientados a reconstruir o construir nuevos centros penitenciarios modernos y humanizantés, fomentar y crear actividades culturales, educativas, deportivas, además de crear mini empresas, o cooperativas de producción de bienes servicios y de actividades agropecuarias o artesanales, todas estas políticas orientadas a reducir a su máxima expresión la vagancia o la no ocupación dentro de los penales de la nación; aun así el Estado no logra eliminar definitivamente a los llamados “Pranes” o jefes de mafias que actúan con total libertad como traficantes tanto de drogas psicotrópicas, así como de poderosas armas de fuego, e instrumentos de alta tecnología comunicativa.
Los esfuerzos que realiza el MPPIJ, para formar a nuevo personal de custodia de centros penitenciarios, la creación de la policía nacional y su formación profesional, la creación de universidades para la formación académica del personal dedicado al control de la seguridad pública civil, la reforma a la ley que norma el ejercicio de la función policial, la puesta en práctica del “Plan desarme” a nivel nacional, la aplicación de la reformada ley para el desarme, la reforma al COPP, la modernización del parque de armas y transporte de las policías regionales y municipales, mejoras en los sueldos y condiciones socio económicas del personal policial en todos sus niveles; en fin se ha realizado un gigantesco esfuerzo del Estado venezolano orientado a minimizar el flagelo de la inseguridad pública ciudadana; pero aún el fenómeno continua afectando notablemente a la sociedad venezolana.
La decisión reciente tomada por el actual Jefe de Estado Sr. Nicolás Maduro Moros, al asumir una política de Estado orientada a reducir a su mínima expresión los altos índices de criminalidad en el país; en este sentido convoca a toda la sociedad para que se integre e incorpore sin mezquindad política, a la búsqueda de soluciones concretas a corto, mediano y largo plazo al grave problema delincuencial y criminal que hoy afecta notablemente a la sociedad venezolana; el esfuerzo para lograr el éxito en la diminución de los altos niveles delincuenciales.
Pero el Sistema Judicial y la actuación del Ministerio Público en todas sus instancias, amerita una real reestructuración o reingeniería para lograr la optimización en el cumplimiento de sus funciones específicas; estas instituciones administradoras de justicia del Estado venezolano, deben apegarse estrictamente al precepto constitucional y a la normativa nacional para aplicar justicia temprana ajustada al debido proceso; se deben depurar lo antes posible tanto a cuerpos policiales, tribunales de justicia, así como al MP, de tanto funcionario corrupto y mafioso, que le hacen tanto daño a estas instituciones del Estado, la sociedad venezolana lo reclama con urgencia.
A pesar del gran esfuerzo realizado por el nuestro Supremo y eterno Cmdt. Hugo Rafael Chávez Frías, durante sus 14 años de mandato presidencial ininterrumpidos, para lograr minimizar este fenómeno de anormalidad conductual, no ha sido fácil reducir los altos índices de criminalidad y bajar el nivel delincuencial en el comportamiento ciudadano, buena parte inducido, patrocinado y hasta financiado por la oposición política de los factores de derecha y ultra derecha nacional e internacional, como arma de guerra orientada a lograr la reconquista del poder gubernamental; por tales estrategias, aún no se ha logrado un asertivo y efectivo avance en materia de seguridad pública. Pero también motivado a la descoordinación que existe en los cuerpos policiales del país, a nivel nacional, estatal y municipal; ello coopera a no lograr cumplir con las metas planificadas, aparte de lo ya descrito, el Cmdt. Supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías, que tuvo que enfrentar una estructura integrada por: un poder judicial, un Ministerio Público, una policía nacional (GN – PTJ – DISIP), una policía regional y municipal, extremadamente enferma, profundamente viciada, negligente, desidiosa y altamente corruptiva; aunado a ello el COPP y la LOPNA normativas jurídicas aun no adaptadas a lo previsto en la CRBV, para garantizar el derecho que tiene la ciudadanía a que se le respeten sus derechos humanos fundamentales; es por ello que se hace "Urgente" que el Estado asuma una política orientada controlar definitivamente a este peligroso flagelo social. Ello es una tarea a resolver por toda la sociedad venezolana en su conjunto, sin ningún tipo de distinción ni distorsiones político ideológicas.
