Para nadie, que juzgue con un mínimo de objetividad el papel que las autoridades de la UCV han jugado en los eventos nacionales iniciados el 12 de febrero pasado, puede pasar desapercibida la forma en que han usado a nuestra casa de estudios como trinchera política al servicio de las protestas estudiantiles que ellos mismos promueven.
Evidencia de ello es el cambio de último momento del 12 de febrero, de fecha no laborable a laborable en el calendario universitario, con el propósito evidente de propiciar la participación del mayor número de estudiantes en la marcha estudiantil programada para dicha fecha. Posteriormente, frente a la gravedad de la situación que vivía el país, han echado mano de distintas tácticas, como por ejemplo, decisiones tomadas en reuniones del llamado Consejo de Decanos - a cuyas sesiones han llegado a asistir en pleno el equipo rectoral - organismo que no tiene carácter legal ni el carácter representativo amplio del Consejo Universitario, donde, además de los Decanos y autoridades rectorales, tienen representación los estudiantes, los profesores y un representante del Ministerio de Educación. Decisiones que luego son avaladas por los Consejos de Facultad o por el CU. En todos estos casos, las medidas asumidas y los pronunciamientos que las acompañan han tenido un solapado doble carácter, por un lado no decretar el cese formal de las actividades académicas, y, al mismo tiempo, estimular, mediante distintas decisiones parciales, el ausentismo de los estudiantes, profesores y empleados, con la consiguiente paralización de hecho de la vida académica.
En ningún momento, ha salido de nuestra máxima casa de estudios pronunciamiento equilibrado alguno para condenar la violencia, “venga esta de donde venga”. Tampoco para exigir el respeto de los derechos humanos y las libertades civiles “de todos por igual”. Por el contrario, en consonancia con la posición que asumieron durante el golpe de Estado del 11 abril del 2002, sus pronunciamientos sobre la violencia y los derechos constitucionales y humanos han estado dirigidos exclusivamente a condenar a priori la actuación del gobierno. En tanto que tales, estos pronunciamientos constituyen una clara toma de posición unilateral a favor de quienes hoy pretenden insurgir nuevamente contra el gobierno legítimamente establecido.
Caso notable, impropio del papel de conciencia imparcial de la nación para la ”orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”, es el reciente comunicado del Consejo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de fecha 11 de marzo, el cual constituye un documento absolutamente sesgado a favor de las convicciones políticas de oposición al gobierno de la totalidad de sus miembros, documento en que se llega a justificar las barricadas fabricadas por las “guarimbas”, hoy condenadas por la población del país de manera casi absoluta, que violan, a nombre del derecho a la protesta pacífica consagrado en nuestra Constitución, el derecho también constitucional al libre tránsito y al desarrollo normal de la vida cotidiana de los habitantes. Dice el documento del Consejo de Facultad: “Las barricadas que se han dispuesto en las diversas áreas de las ciudades son un síntoma de esa problemática de ausencia de respuestas concretas y represión, no la causa ni la “enfermedad” que hay que tratar de urgencia para devolver a los vecindarios afectados las condiciones ordinarias de vida cotidiana y movilización por el espacio público.”
Resulta por demás vergonzoso constatar cómo, en momentos en que una gran parte de los distintos sectores económicos, sociales, políticos y culturales del país ha acogido de manera responsable el llamado a las mesas de paz, al diálogo nacional y al establecimiento de la verdad formulado por el gobierno, nuestra máxima casa de estudios no haya hecho hasta la fecha un llamado a la paz y al entendimiento nacional. Más vergonzoso aún el que la UCV, y demás Universidades Nacionales, no estén participando en estas conversaciones como le debería corresponder, si es que entendemos verdaderamente el espíritu de los artículos 1 y 2 de nuestra Ley de Universidades.
En el marco de esta situación, que con justa razón podemos criticar los universitarios que consideramos que el ámbito universitario no puede ser puesto al servicio unilateral de una determinada parcialidad política sin degradar su papel orientador al servicio de la nación , hemos estado participando esta última semana, junto al Centro de Estudiantes y algunos delegados estudiantiles, para apoyar la iniciativa de un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, no identificados con la paralización de actividades y las protestas estudiantiles, a fin de ampliar la participación estudiantil, circunscrita hasta ese momento a la opinión de la mayoría de estudiantes que apoyan las protestas y están de acuerdo con la suspensión de clases.
Resultado de este esfuerzo, y de manera esperanzadora, la asamblea estudiantil de hoy miércoles 19 de marzo, convocada para analizar de manera amplia la situación de la FAU y el posible reinicio de las actividades académicas, así como para tratar de evitar en lo posible la pérdida del semestre, estaba coordinada, de manera inclusiva, por tres estudiantes, dos de los cuales son estudiantes identificados con el proceso bolivariano. En ella se expresaron libremente y fueron escuchadas con respeto, las opiniones de estudiantes de todas las tendencias. Estuve presente en esa asamblea, junto con otros profesores, hasta el momento en que, agotado el derecho de palabra, se hizo un receso para continuar luego con el trabajo de las dos comisiones acordadas.
Por informaciones de distinta procedencia, he podido conocer que, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, irrumpió primero un grupo de unos ocho supuestos estudiantes a los que luego se sumaron entre treinta y cuarenta individuos en motos, que procedieron a golpear, vejar y obligar a desnudarse a nuestros estudiantes, robándoles sus ropas celulares y otras pertenencias, con un saldo de al menos 11 heridos que tuvieron que ser llevados al Hospital Clínico.
Distintas versiones atribuyen estos hechos a individuos que, supuestamente, se identificaron, o fueron identificados, como estudiantes de la Escuela de Trabajo Social. Ello, al menos, en lo que respecta a los ocho individuos que ingresaron en primera instancia.
Como profesor de La Escuela de Arquitectura, que he defendido permanentemente la necesidad de preservar a la Universidad como el lugar de diálogo y entendimiento, dónde todas las corrientes de pensamiento puedan tener cabida; plenamente identificado además, como todos en la Facultad saben, con el proceso revolucionario chavista y bolivariano, digo, con toda claridad, que las acusaciones directas o indirectas que se están formulando, que señalan como responsables a grupos de estudiantes de la Escuela de Trabajo Social afectos al gobierno bolivariano, deben ser respondidas por todos y cada uno de los distintos grupos de estudiantes que hacen vida en esa Escuela.
Afirmo, que si estos grupos se consideran a sí mismos chavistas o parte del bolivarianismo fundado por nuestro comandante, si se consideran a sí mismos seguidores del ejemplo y de los valores por los que nuestro comandante entregó hasta su vida, valores que estamos obligados a honrar, deben, en caso de no ser responsables de los actos de que se les acusa, desmentir en forma pública su participación en ellos y, al mismo tiempo, condenarlos de manera categórica, o, en caso contrario, asumirlos y afrontar la responsabilidad y las consecuencias a que haya lugar, tal como el Comandante Chávez asumió y dio un ejemplo al mundo el 4 de febrero de 1992.
Solicito que, adicionalmente, el gobierno bolivariano presidido por nuestro presidente Nicolás Maduro, de forma clara y contundente, condene estos hechos. Solicito que los partidos políticos que forman parte del proceso bolivariano condenen de igual forma estos actos, y que los organismos competentes garanticen una investigación imparcial, expedita y eficiente, que permita establecer con exactitud si los responsables son o no estudiantes, o si, por el contrarios , son, como podría suceder, provocadores infiltrados interesados en generar condiciones que propicien mayores enfrentamientos entre los venezolanos para acabar con el proceso de paz que propicia el gobierno nacional. En cualquiera de los casos, los responsables deben ser puestos en manos de la justicia.
Afirmo, que de no darse satisfacción a estas demandas, habremos perdido toda la solvencia ética y moral que como bolivarianos y chavistas pueda asistirnos para criticar, no sólo la conducta de nuestras autoridades universitarias frente a lo ocurrido en el país desde el 12 de febrero, sino para criticar la violencia y la transgresión de los derechos constitucionales y humanos por parte quienes desde la derecha violenta pretenden sumirnos en la guerra civil.
Finalmente, como profesor de la Escuela de Arquitectura, condeno estos actos que no pueden sino ser calificados de cobardes, propios de sociópatas y patanes de la peor especie. Afirmo, frente a las ofensas personales que recibieron los estudiantes agredidos, que hay más hombría, más dignidad humana e hidalguía, en cada uno de nuestros estudiantes de arquitectura, sean del bando político que sean, que la que jamás llegaran a tener ninguno de estos delincuentes.
amarinoe@gmail.com
Profesor EACRV- FAU- UCV
Miembro del PSUV
