Son miles los asesinatos que ocurren en Venezuela. Miles de familias, que día a día lloran a sus muertos sin que exista una luz de esperanza, en muchos casos, no sólo de aplicar justicia contra los delincuentes, sino de un Estado que si en algo perdió la brújula desde hace mucho tiempo (no sólo los últimos 15 años) ha sido en brindar seguridad ciudadana. La avalancha de quienes matan, bien sea por “encargo” (sicariato), por asaltar, por venganza, o simplemente, porque ejecutan una acción de tal naturaleza, bajo los efectos de las drogas o el alcohol, tiene una misma causa y consecuencia pensativa y sociológica: no hay valor por la vida.
Hace más de un lustro fue el horrible asesinato de los hermanitos Faddoul, y este año, hemos tenido cuatro hechos criminales, los cuales deberían hacer reflexionar, a quienes dicen que tenemos “patria segura” y que han obnubilado la vida de Mónica Spear, Eliecer Otaiza, un alcalde del estado Sucre, y ahora le tocó el turno a Robert Serra y su pareja, quienes se encontraban dentro de su vivienda, lo cual hace más dramático y vulnerable, el estado de indefensión al que estamos expuestos los ciudadanos.
Irónicamente, para acabar con la delincuencia común u organizada, y aunque ésta no fue la forma de ejecución en contra de Robert Serra y María Herrera, puesto que según las primeras declaraciones oficiales, habrían sido apuñaleados (por cierto, aquí cualquiera carga un puñal u objeto similar sin permiso de porte de “arma blanca”) el gobierno recurre a otorgar “becas” en universidades privadas a quienes entreguen sus “pistolas”, lo cual además de ser risible, es una negación a su propia educación “pública”, “gratuita” y “socialista”. No se comprende que la realidad y nuestro contexto social de violencia impiden al delincuente o asesino entregar sus armas.
Entonces, ¿por qué si el gobierno quien monopoliza la importación y producción de balas, no prohíbe de manera inmediata a la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) y restringe, por ejemplo, en un 90% la elaboración de municiones? La anterior interrogante, por supuesto que se asocia con otra pregunta: ¿Dónde adquieren los antisociales las balas? La respuesta es clara: en el mercado negro de las armas. Y aunque continuaría, sin duda, el efecto psicológico en la población por la tenencia de tales armas en manos de criminales, pudiera disminuir el número de asesinatos. La lógica sería, “si hay menos balas, menos balas para matar”. No obstante, pareciera que en el Estado a nadie le interesa una acción semejante.
En este 2014, exceptuando el caso Mónica Spear, ¿quién pudiera negar que los últimos tres asesinados, todos con funciones de ejercicio político desde cargos de elección popular, tuvieran algún tipo de protección por parte del Estado? Y en referencia, con el joven diputado, es público y notorio que mantenía escoltas, y no como escribió un “articulista” de oficio (¿tarifado de José Vicente Rangel?) y autodenominado de marras “constitucionalista” quien se atreve a afirmar que Robert Serra, carecía de protección personal como cualquiera de nosotros. ¡No mienta! ¿O acaso ignora la realidad jurídica y política de Venezuela?
Ante ello, hay elementos más difusos en tan repudiable asesinato porque revela que el Estado, fundamentalmente a través del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), los cuerpos policiales y la Fuerza Armada se encuentran desarticulados en su contexto de información confidencial. No lo digo yo, lo dice en cierta forma el Ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, cuando señala que el asesinato del dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su acompañante, fue debidamente “intencionado” y “planificado”.
En tal sentido, me surgen otras interrogantes: ¿En cuánto tiempo puede planificarse un hecho de esta magnitud, si el mismo se hizo dentro de la residencia del diputado y con suma “precisión”? ¿En un día, dos días, tres días, una semana, quizás un mes (…)? ¿Hay solamente autores materiales o también hay intelectuales? En consecuencia, ¿estaba o no informado el Sebin o algún otro órgano del Estado que se preparaba un atentado contra Robert Serra? ¿O puedo intuir que cualquier figura importante del Estado, incluyendo el propio Presidente de la República, están a la merced de una “inteligencia” inútil, ante una posible acción de sicariato político, desestabilización institucional o alteración social? No quisiera pensar que existe desinformación en los órganos de “inteligencia” del Estado, porque eso sería muy grave para el país, y lo único que evidenciaría el Ministro del Interior con su declaración sería el alegato de su propia torpeza.
Genera indignación, impotencia, tristeza, dolor y hasta llanto el asesinato de cualquier venezolano(a). Esto sin olvidar los heridos (que deben multiplicarse por tres en función de cada asesinado) los cuales, en cierta forma quedan lisiados o hasta abandonados a su buena suerte, como esa lamentable historia del actor Humberto García, el “Padre Ángel” de aquella telenovela de los años 80, “Cristal”, quien hoy está en silla de ruedas debido a una herida de bala.
Robert Serra, un joven ejemplo de pensamiento, lucha, tesón y fortaleza en sus principios e ideales ha sido asesinado. El país se vuelve a mostrar consternado, pero ya sin ningún tipo de sorpresas, porque no puede haber sorpresas en un país cuyos titulares matutinos de páginas impresas o digitales sólo nos muestran la muerte como parte de una sociedad inundada en su anomia.
El Presidente de la República, Nicolás Maduro, con motivo del asesinato de Mónica Spear dijo: “Paren la matazón”. En el asesinato de Robert Serra, al parecer, ni tiempo le dio de llamar al “cuadrante”. Otra vida honesta, trabajadora y ejemplar que se le fue a la Patria. Ayer fue Robert, hoy o mañana puedes ser tú, o puedo ser yo. ¿Quién podrá parar la matazón?
