La interpelación de Marcel Granier y Alberto Federico Ravell en la Asamblea Nacional por la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación no estuvo a la altura de lo que el pueblo esperaba de una instancia del Estado que debió impedir, a todo evento, que su majestad se viera menospreciada ante lo que se hizo evidente cuando, a todo lo largo de ambas interpelaciones, esos dueños de medios hicieron una vez más gala de su prepotencia y poder de mando que siempre han tenido en el país, convencidos de que, efectivamente, la herramienta que manejan no solamente es implacable, sino que nadie podrá modificarles sus políticas orientadas a manipular, a decir todo cuanto se les antoje en beneficio de sus mezquinos intereses clasistas, aun cuando ello les determine que el mejor camino para lograr dichos objetivos sea diciendo mentiras y ocultando la realidad de un país que avanza con éxito hacia su liberación definitiva, con crecimiento económico sorprendente, con justicia social acelerada, de calidad y cada día más extendida por todo el territorio de la República.
Ciertamente que esos personajes no tuvieron quien les parara el trote en dichas sesiones y más que interpelados se convirtieron de facto en fiscales y jueces profiriendo acusaciones y sentencias de todo calibre, como eso de que Venezuela vive una dictadura atroz que persigue y atropella de forma implacable a quienes le adversan y en particular a los periodistas, es decir, mantuvieron un discurso similar al que tiene la administración del gobierno de Bush en sus esfuerzos de todos los días por lograr la caída de Hugo Chávez de cualquier forma, sin que nuestros parlamentarios, salvo muy contadas excepciones, respondieran con la mayor contundencia a tan falaces acusaciones, de donde nos pareció inferir que no tuvieron la precaución de prepararse adecuadamente para llevar adelante un proceso en donde debieron haber quedado perfectamente puntualizadas las conductas protagónicas delictivas y repudiables de ambos personajes en los sucesos antidemocráticos del 2002 y en los posteriores (el paro patronal, petrolero y terrorista, el llamado a la insurrección de los militares de Altamira, las guarimbas, etcétera), aun cuando ello hubiera llevado a la necesidad de que la Comisión prolongara por muchas más horas un acontecimiento que debió sentar un precedente histórico hacia la aspiración general por terminar de una buena vez con la impunidad que tanto daño le ha hecho al país. Más allá del sesgo y la manipulación descarada que le han venido dando en sus respectivos canales a la información sobre el caso del horrible asesinato del Fiscal Danilo Anderson y que era el tema de la interpelación, había muchísimas otras causales de actitudes repudiables que antecedieron tan abominable crimen y que se articulan de manera evidente con éste dentro de la estrategia golpista que los dueños de los medios no han alterado desde que decidieron sacar hace más de cuatro años a Chávez de Miraflores.
Las coincidencias en los discursos que han tenido y tienen sus respectivos canales (Globovisión y RCTV) con el gobierno de Washington en los intentos por destruir la institucionalidad de nuestra democracia es de mucha relevancia y debe ser condenada a toda hora con los más altos decibeles, pues no podemos permitir que reediten con éxito el papel que jugaron sus pares chilenos durante el golpe de Estado de 1973, que dio al traste con el gobierno de la Unidad Popular, produjo el trágico asesinato de Salvador Allende y la instauración por 17 años de una de las dictaduras más sanguinarias que han padecido nuestros pueblos latinoamericanos. Es importante recordar que muchos medios de comunicación del país sureño, entre los cuales tuvo destacada actuación el diario El Mercurio, recibieron de la CIA cuantiosas sumas de dinero para que se alinearan en favor del golpe, lo cual no dudamos que está ocurriendo para los mismos propósitos en nuestro país, si ya han podido debelarse entregas a muy diversas organizaciones de la llamada “sociedad civil” venezolana, lideradas por Súmate, de lo cual siempre lo negaron hasta que la desclasificación de documentos gubernamentales de Washington por la investigadora y abogada venezolana estadounidense, Eva Gollinger, así lo comprobaron (para mayor abundamiento, leer su libro el Código Chávez).
La Comisión responsable de esa interpelación deberá examinar con rigurosa autocrítica su desempeño y revindicarse ante el pueblo a la mayor brevedad, de manera que sujetos como esos que le han hecho tanto daño a este país sean demandados por sus tropelías y llevados a los estrados judiciales para que sean allí sometidos a procesos abiertos y respondan por su activa participación en los sucesos del 2002 contra la democracia, así como por las iniquidades en que incurren todos los días desde sus respectivos canales de televisión, incitando al odio y generando de manera insistente desasosiego y desestabilización política en el país. No será suficiente, si es eso lo que está planteado, concluir con sanciones políticas y san se acabó. Será necesario generar mecanismos de vigilancia y seguimiento a nivel parlamentario de manera de garantizar que se les apliquen a Granier y a Ravell, sin contemplación alguna, las sanciones penales y civiles que correspondan.
Hay que cerrarles de alguna manera la opción de que compren con el inmenso poder económico que manejan, a fiscales y jueces en busca de fallos absolutorios o decisiones que nadie entendería.
oliverr@cantv.net
