Es evidente la existencia de una nueva escalada de guerra mediática en contra del gobierno del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, con el objetivo de desprestigiar el proceso revolucionario, utilizando para ello, en forma ligera e irresponsable, una supuesta persecución política contra los colegas periodistas Gustavo Azócar, Ibéyise Pacheco y Marianella Salazar.
La Constitución y las leyes de nuestro país, o de cualquier nación del mundo, son de obligatorio cumplimiento por todos los ciudadanos, sin ninguna clase de excepciones, seamos o no periodistas, y los artículos 57 y 58 de la Carta Magna, establecen claramente el derecho democrático que tenemos todos a expresar libremente nuestras ideas u opiniones, de viva voz, o por escrito, sin que pueda establecerse censura, pero, las personas que hagamos uso de este derecho, asumimos plena y absoluta responsabilidad por todo lo que expresemos.
La Ley de Ejercicio del Periodismo y el Código de Ética, también son muy claros al respecto. Como ex secretario general del SNTP y ex presidente del Tribunal Disciplinario del CNP, puedo afirmar, categóricamente, que nunca antes los periodistas y ciudadanos tuvimos plena libertad de prensa, opinión y expresión, como las que disfrutamos en la actualidad, pero de ninguna manera esto se puede interpretar o significar que gozamos de carta blanca para que libremente se pueda ofender, difamar, engañar o someter al escarnio público al Presidente, a cualquier funcionario civil, militar, u otra persona, o que digamos impunemente lo que nos dé la gana cuando sea o contra quien sea. Pensar de esta forma es un grave error, porque todos estamos obligados a respetar nuestras leyes.
Cada día son más reiteradas y absurdas las acusaciones de la administración Bush, contra el gobierno del presidente Chávez, sobre supuestas violaciones de los derechos humanos; complicidad con las FARC; impunidad del narcotráfico; formar parte del “Eje del Mal”, etc. Ahora, al igual que cuando se produjo el golpe de Estado fascista de 2002, precedido por una brutal guerra mediática, no nos sorprende que desprestigiados organismos internacionales como la SIP, algunas Agencias de Noticias, varios periódicos, canales de televisión, emisoras de radio, o articulistas confundidos o financiados por los enemigos internos y externos de la Revolución Bolivariana, hayan reiniciado sus campañas de mentiras afirmando que en Venezuela no existe Libertad de Expresión, que Chávez “aumenta la persecución contra el periodismo crítico”, o que cuestionados dirigentes políticos traten de descalificar las decisiones de jueces y tribunales de la República, satanizándolos como “intentos oficiales de intimidación y amedrentamiento para imponer la autocensura a los medios de comunicación y a los periodistas”.
