A propósito de la entrevista que le hizo el periodista Villegas en su programa por Globovisión el pasado 14 de julio al Contralor, Dr. Galindo Ballesteros, es bien oportuna la ocasión para que ventilemos, una vez más, nuestra vieja inquietud de que se evalúe con rigor el papel que está desempeñando la Contraloría General en el control del gasto público, dada la percepción que tiene el país de que las irregularidades en el manejo de los dineros y bienes públicos han tendido a generalizarse de manera preocupante.

Hemos sostenido desde hace varios años la necesidad de que se restablezcan los controles previos al gasto y al pago que fueron eliminados durante el segundo gobierno de Rafael Caldera en 1996, convencidos de que con la prevención y los llamados controles concomitantes (1) es bien posible disminuir en términos importantes esas irregularidades, sin que hasta la presente fecha esa propuesta haya tenido eco alguno, salvo que el actual Contralor General, al poco de juramentarse para el desempeño del cargo, dijo en el marco del acto en conmemoración de los 45 años de la fundación del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal, evento realizado en abril/2015, que entre sus planes estaba proponer a la AN la reforma de la Ley de la Contraloría General, con vista a restablecer el Control Previo, pero desde entonces no le hemos vuelto a escuchar hablar más sobre ese asunto.

En esa entrevista el tema no fue abordado por él, pero  más allá de que eso haya sucedido no por ello dejaremos de insistir en esa necesidad. La vemos ya como inaplazable. Estamos aún esperanzados en que el Señor Contralor sólo espera para anunciar sus planes en esa dirección, el diseño definitivo del proyecto del rescate de tales controles preventivos, pues no se nos escapa que su implementación impone un conjunto importante de modificaciones legales, así como la definición de complejas y difíciles estrategias que son fundamentales diseñar y seguir al pie de la letra para la aplicación de tales mecanismos de control si finalmente se modifica la ley para ello, de manera que no generen confusiones y mucho menos atascos y/o retardos, que para nada serían deseables que se produzcan en el funcionamiento operativo de rutina de los entes administrativos del Estado. Recordemos que hasta 1996, únicamente los organismos sometidos a los controles previos al gasto y al pago, eran los adscritos a la Administración Central y una de las razones que se arguyó para acabar con dichos controles preventivos, era que éstos interferían el normal desarrollo de la administración del Estado, lo cual, en nuestro criterio y basado en la larga experiencia personal que tenemos en el área, esa excusa era totalmente falsa. Basta con recordar, por ejemplo, que las órdenes de pago se tramitaban dentro de un lapso máximo de sólo 48 horas, estuviesen o no conformes. Hoy en día con los sorprendentes adelantos de la tecnología digital, esos trámites se cumplirían en tiempo real o en minutos…

En la entrevista Villegas leyó varias preguntas del público que planteaban la total inoperancia del ente contralor. En su mayoría hacían referencias a asuntos puntuales de graves irregularidades en el manejo, por ejemplo, de la política alimentaria, de los mecanismos cambiarios y financieros, así como los casos de los alimentos podridos, las estafas en los bicentenarios, las de Cadivi antes y ahora Cencoex, etcétera, etcétera y de acuerdo con la información muy general que el Contralor dio como respuesta a esas inquietudes, todas esas irregularidades y muchas más, el ente bajo su mando las tiene en revisión o en el marco de procesos de investigación abiertos y hasta algunas cuantas ya decididas e instó a los interesados a que leyeran, al menos, el último informe correspondiente al ejercicio del 2015 que él le presentó a la AN en fecha reciente, el cual ya está a la disposición del país en la página que tiene la Institución en la Internet y allí podrán ilustrarse más sobre lo que en esa materia ha hecho el ente Contralor.

Respecto de tales inquietantes preguntas de los video-oyentes, consideramos bien necesario que marquemos, una vez más dentro de este empeño nuestro por abordar estos asuntos de la corrupción de manera permanente, unos hechos noticiosos muy relevantes que nos indican de modo fehaciente que hoy, más allá de que se discuta sobre si antes hubo más o menos corrupción que ahora, vemos con mayor frecuencia actuaciones de los órganos de justicia del país que apuntan a perseguir y a castigar la delincuencia de cuello blanco, como han sido los casos, sólo a título de ejemplo, porque son muchísimos más (2), del ex ministro de la Defensa, Gral. Raúl Isaías Baduel, condenado a casi ocho años de cárcel por graves ilícitos en que incurrió en ese despacho; del general Delfín Gómez Parra, igualmente por irregularidades cometidas en el Complejo Industrial Azucarero Ezequiel Zamora, en el cual fungió de presidente, a 7 años de cárcel; el del ex gobernador del Guárico, Luis Gallardo, condenado a 18 años de prisión por similares causas en dicha entidad regional y el ex Alcalde de Maturín, Numa Rojas, condenado por corrupto a seis años de cárcel, a diferencia de lo que ocurrió durante los 40 años de la cuarta República, época ésa larga de una corrupción galopante que sólo registró dos presos, el “chinito” famoso de Recadi que purgó, si mal no erramos, 5 o 6 años de cárcel y Eleazar Pinto, ex presidente del Banco de los Trabajadores de Venezuela, quien fue condenado por graves irregularidades detectadas en esa entidad bancaria a solamente tres años de prisión y de esa sanción, apenas estuvo encanado cuatro o cinco meses…

Esa es una realidad concreta que es irrebatible, pero que poca difusión tiene y eso sucede porque el país aún carece de una política de Estado en materia comunicacional oportuna y permanente que enfrente con la contundencia debida las matrices mediáticas que la distorsionan de manera bárbara y en mil ocasiones con argumentos que carecen de un sustento racional, pero más aún sin las pruebas que las hagan incontestables, como ese sambenito de asegurar, sin parar un segundo, no sólo que, por ejemplo, el diputado Diosdado Cabello es propietario de cuanto comercio, industria o edificio majestuoso se construya en el país, sino que una de las hijas de Hugo Chávez, es hoy la mujer más rica del mundo, con una fortuna que supera cualquier cálculo que intentáramos hacer y así miles de otros señalamientos que nos ocuparían decenas de cuartillas. Que se busquen las pruebas de que estos venezolanos efectivamente son ladrones de siete suelas y se les denuncie para que los órganos jurisdiccionales actúen. Quienes las tengan y no las muestren ante la justicia, se convierten en cómplices de la corrupción… 

El propio Contralor Galindo hizo referencia en ese entrevista, sin que se le preguntara, que el ex ministro Jorge Giordani ha denunciado en los medios una estafa al Estado de más de veinte mil millones de dólares, por parte de las llamadas empresas de maletín, pero el ente bajo su conducción aún no ha recibido de él denuncia alguna sobre tan cuantioso robo. No obstante ello, entendimos de la misma entrevista que ese caso y/o vinculado al mismo, es uno de los tantos que la Contraloría General tiene bajo investigación.

Ya para cerrar esta nota vemos bien relevante resaltar con la finalidad de intentar con ello ganar cada día más adeptos a la idea patriótica de que es necesario generar la decidida convicción nacional de que la corrupción no sólo es problema de los entes del control público, sino que es un asunto que nos concierne a todos los que vivimos en esta sagrada Patria, que en esos pocos casos puntuales que hemos puesto como ejemplos de corruptelas aberrantes, están implicados personajes que eran de la mayor confianza del Presidente de la República, Hugo Chávez y, no obstante ello, como debe ser,  recibieron sus merecidos castigos, pero también los otros muchos a que se refieren las estadísticas que sobre ese tema nos ofrece año tras año la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en sus informes anuales a la AN (3) y quien, en fecha reciente le informó al país que durante el año 2015, más de 3 mil personas fueron acusadas de corrupción, todo lo cual -sin duda alguna- son pruebas irrefutables de que el país ha tenido en estos 16 años de la Revolución Bolivariana, una política de Estado en contra de los delincuentes que roban y estafan al Estado, como nunca antes había sucedido en nuestra historia Republicana.

Nos atrevemos a retar a quien discrepe de esta aseveración que hacemos, pero sobre todo a los señores historiadores que adjuran de este proceso revolucionario chavista, para que nos digan si antes del arribo de Hugo Chávez a Miraflores hubo en este país una voluntad política en los más altos niveles del gobierno del país para hacerle la guerra a los corruptos. Por el contrario, les será imposible darnos un solo ejemplo en estos doscientos años transcurridos desde que nos hicimos independientes y no estamos seguros de que tendrían la entereza ética y moral de revelarnos que en ese largo lapso sólo hubo voluntad para hacer lo opuesto, la corrupción abierta y descarada y que, además, se la incentivó y se la protegió… No olvidemos aquellas palabras de vergüenza que pronunció el dirigente adeco Gonzalo Barrios sobre el tema de la corrupción: “En Venezuela no hay razones para no robar”…