Recientemente se publicó una versión más completa del trabajo sobre funcionarios de cuerpos de seguridad víctimas de homicidio. En él se sugieren algunas ideas que desmontan mucha retórica mediática que hay en torno a ese tema, que distorsiona y dificulta su comprensión. En esta investigación se intenta sobre todo ofrecer información cierta para la toma de decisiones político-institucionales que incrementen tanto la seguridad de los funcionarios como de la ciudadanía en general.
Entre los hallazgos de este trabajo se encuentra el perfil de los victimarios de los funcionarios fallecidos. En sólo un 51,8% de los casos se halló información respecto a la profesión u oficio de los victimarios. Dentro de éstos se distinguen, ordenados de mayor a menor porcentaje, las ocupaciones siguientes: 1) Funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado (31%); 2) obreros, albañiles, artesanos y pintores (24%); 3) estudiantes (14,8%); 4) vendedores o almacenistas (10,4%) y microtraficantes de drogas (10,4%); 5) Asaltantes, indigentes y mototaxistas (3,4% c/u).
Lo que más llama la atención ‒y preocupa a la vez‒ de estos resultados es que un 31% de los casos son perpetuados por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado contra sus propios colegas. Esto, en parte, puede obedecer a que en estos casos los funcionarios victimarios son mucho más visibilizados respecto a los de otros oficios. Veamos a continuación sus perfiles.
De este 31% de los casos, 44,4% se encontraba en ejercicio de sus funciones, estaban uniformados e identificados como oficiales; el otro 22,2% no lo estaba, y un 33,33% no proporcionó información sobre estos aspectos.
El 33,3% de los funcionarios victimarios pertenecían al ejército; 33,3% a la PNB, mientras que el CICPC, las policías municipales y los escoltas representaron cada uno un 11%. El 77,8% de los funcionarios victimarios pertenecían a los niveles operativos más bajos de sus respectivas carreras. La no representación de las policías estadales se debe a que los casos analizados se limitaban al Área Metropolitana de Caracas, en donde está desplegada la PNB lo que posiblemente trae como consecuencia que la única policía estadal de esta área no tenga presencia en estos 4 municipios para dedicarse a los restantes 17 municipios de su Estado. Así entonces, estos resultados no pueden servir de excusa para no darle visibilidad a las policías estadales en este tipo de desviaciones.
Es de advertir que este no es un fenómeno nuevo. Ya Rosa Del Olmo (1990) en un trabajo pionero describió que a mediados de la década de los ochenta, aproximadamente, un 20,2% de los funcionarios fallecidos en Caracas fueron victimizados por otros funcionarios.
Finalmente, se considera necesario hacer mención de los microtraficantes y asaltantes que, al contrario de lo que dice el sentido común y los prejuicios populares e institucionales, no ocupan los primeros lugares entre las ocupaciones de los victimarios, si bien debe advertirse que en los expedientes (que fueron nuestro objeto de estudio) no sólo hay información institucional, sino también testimonios que pueden estar cargados de intereses y prejuicios particulares que afecten estos resultados, estos son datos que no deben sobreestimarse pero tampoco subestimarse. Resultó interesante también que los “estudiantes” ocuparon el tercer lugar en la escala. En contraste con el discurso oficial, entre los victimarios no aparecieron ni extranjeros ni paramilitares.
Sirva el lamentable caso de los siete PNB presuntamente involucrados en el asesinato de una supervisora jefe de Polimaracaibo para abordar nuevamente este tema. Si esto le sucede a los propios funcionarios qué puede esperar la ciudadanía en general.
La investigación completa puedes leerla aquí: http://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/5051/3446
Publicado originalmente en Contrapunto.com.
