El 9 de noviembre en el CELARG, en el marco de la III Conferencia de CLACSO en Venezuela, nos reunimos distintos investigadores que tenemos como objeto de estudio la violencia desde distintas perspectivas. Fue una oportunidad para presentar algunos trabajos que se vienen haciendo desde distintas universidades y desde la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN) de la cual también formo parte. Allí expuse los resultados de la investigación sobre las muertes por homicidio de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado en el AMC. El objetivo era caracterizar estos casos, parte de los resultados desmitifican algunos supuestos que se asumen como verdades apriorísticas, entre éstas destacan los siguientes:
Mito 1: el asesinato de funcionarios de seguridad es un fenómeno de los últimos tiempos. Falso. Desde los años ochenta se había analizado este fenómeno, que ya para esa época no era excepcional ni novedoso. Es de advertir que el hecho de que el primer y único estudio que se ha realizado sobre este tema sea de esa década no significa que no existiese antes.
Mito 2: Los matan por su condición de policías, lo que sugiere un vínculo directo y coetáneo con el ejercicio de sus funciones. Falso. El 73% de los oficiales fallecidos no se encontraban en ejercicio de sus funciones; un 67,9% no estaba uniformado y un 51,8% no se encontraba identificado de manera alguna como funcionario. En los casos en los que se pudo detectar un conflicto previo entre víctima y victimario, en el 72,8% de éstos el conflicto generador del hecho no se vinculaba con la prestación del servicio de policía.
Mito 3: Los victimarios de los funcionarios fallecidos son paramilitares colombianos. Falso. La nacionalidad de los victimarios fue la venezolana en el 86,8% de los casos en los que pudo verificarse la nacionalidad. El resto no presentó información sobre la nacionalidad, no se encontraron casos de victimarios extranjeros.
Mito 4: Los funcionarios de los cuerpos de seguridad deben andar armados aún fuera de servicio porque el arma les brinda más seguridad. El 58,5% de los funcionarios víctimas que no se encontraban en ejercicio de sus funciones se encontraban armados; sin embargo, esto no le sirvió como protección; por el contrario, posiblemente esa situación haya promovido su muerte. Un 25% de estos funcionarios provocaron previamente a su victimario con alguna amenaza real contra su vida. Lo anterior constituye un 60% de los casos en los que hubo este tipo provocación. Sólo en un 5,4% de los casos totales el funcionario víctima logró matar a su victimario y ambos perecieron el mismo día. Estos datos parecieran indicar que el porte de armas fuera de las horas de servicio no protege a los funcionarios, sino que los expone. Sería interesante contrastar estos resultados con casos en los que los funcionarios sí lograron salvar su vida, gracias al porte de su arma fuera de servicio, así como los móviles de los mismos, para evaluar la utilidad y el impacto real de esta tradición. Por otra parte, habría que considerar que dentro de los elementos robados a los funcionarios fallecidos, las armas de fuego representan el primer lugar (54,3%), lo que constituye un 33,9% de los casos totales. Adicionalmente, se pudo observar que el 10% de las armas con las que son asesinados los funcionarios provienen de los propios cuerpos de seguridad. Por todo ello habría que evaluar hasta qué punto portar el arma de fuego fuera de servicio termina siendo un elemento que no solamente incrementa la vulnerabilidad del funcionario, sino que, además, se convierte en una fuente de provisión de armas para la delincuencia, incrementando la inseguridad de la ciudadanía en general.
Mito 5: Los delincuentes están mejor armados que los policías. Falso. Cuando se contrasta el armamento que tenían las víctimas y los victimarios se observa que las primeras tenían un porcentaje más alto de armas largas que los segundos. En estos escasos episodios se trataban de víctimas y victimarios militares. En la mayoría de los casos tanto víctimas como victimarios portaban pistolas y su armamento era similar.
Mito 6: Los matan porque viven en los mismos barrios que sus victimarios (los delincuentes). Falso. La relación existente entre el domicilio o residencia del victimario y la víctima sólo coincidió en 2 casos (3,8%). Lo que resulta estadísticamente insignificante. Más posibilidad tiene un civil de ser asesinado en su parroquia de residencia (71,6%) que un funcionario de los cuerpos de seguridad (41,1%).
Estas desmitificaciones, excepto la primera, no pretenden tener un carácter universal ni atemporal, pero sí aportar información verdadera para el diseño de políticas y toma de decisiones racionales, basadas en evidencia e información confiable, en procura del resguardo de la vida de todos.
La investigación completa puedes consultarla aquí: http://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/5051/3446
Publicado originalmente en: Efecto Cocuyo
