“Ya estamos recibiendo información de registros y notarias sobre todas las compras de inmuebles que se están realizando a nivel nacional, donde de una u otra forma los pagos han sido realizados con efectivo,…sin financiamiento de bancos y que pudieran generar lo que nosotros llamamos actividades sospechosas”, lo señaló en días recientes el Jefe de la Oficina Nacional Antidrogas, Luis Correa, quien agregó que: “se ha descubierto que el dinero para financiar la construcción de ciertos hoteles, conjuntos habitacionales, edificios e inmuebles construidos en zonas turísticas del país, ha sido aportado por particulares, y no por entidades bancarias. Por lo que actualmente se hace un estricto seguimiento del origen del dinero para edificar éstas obras.”
Importante anuncio del máximo jefe venezolano de la lucha contra tan terrible flagelo, cuyo ejemplo debería ser imitado por los organismos que ejercen control sobre el manejo presupuestario nacional y aquellos que lo ejercen sobre los de carácter estatal y municipal, dado el auge que al parecer ha tomado esa muy sospechosa modalidad de adquirir en compra bienes inmobiliarios y también mobiliarios (autos, yates, etcétera) de estricto contado y para mayor asombro, con dinero en efectivo, constante y sonante, recursos esos que no provienen del negocio del tráfico de drogas, sino de las arcas públicas, como producto del cobro de comisiones en la mayoría de los casos y el desvío de fondos con destino a bolsillos de particulares, como de manera abierta y descarada parece ser que ocurrió en el mil millonario asalto al Complejo Agroindustrial Ezequiel Zamora en Barinas, recientemente puesto al descubierto y sancionado políticamente por la Asamblea Nacional y enviados sus recaudos a la Contraloría y la Fiscalía, a los fines de que se apliquen las sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes.
Debería ser activado un amplio plan de fiscalización y seguimiento de esas transacciones cuyos documentos registrados o notariados dan fe cierta de que se han pactado de contado y su pago ha sido en efectivo, pues creemos que con ello se estaría haciendo una excelente contribución a lo que hasta la fecha no ha dejado de ser sino sólo anuncios discursivos de que se va a adelantar una cruzada contra la corrupción que nunca arranca.
Vamos a demostrarle al país, como multitud de veces lo ha solicitado el presidente de la República a sus inmediatos colaboradores, que existe voluntad real para enfrentar a los corruptos, estén donde estén. Pero mientras el jefe del Estado no se cansa de reiterar esos llamados, no puede ser que los organismos de control para actuar tengan que esperar las denuncias que nunca llegan, simple y llanamente porque nadie se atreve a formularlas por temor a las represalias. Por cierto que en relación a este punto tan importante, hay que estar muy claros que mientras no haya una legislación que proteja a testigos y denunciantes, es un engaño todo intento por estar estimulándolas y abriendo oficinas dizque para atenderlas.
Los organismos de control deben de actuar de oficio, lo cual es perfecta y legalmente factible, de manera que no entendemos cómo es posible que no se hayan implementado, por ejemplo, rigurosos y sostenidos planes de fiscalización a las declaraciones juradas de patrimonio, declaraciones esa que, al parecer, se han constituido en sólo un requisito burocrático más para ocupar cargos públicos y para abarrotar los estantes de la Contraloría General de la República.
Hay que desempolvar esos documentos que, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, constituyen, a nuestro modo de ver, excelentes herramientas que hacen posible monitoriar, como tiene que ser, la conducta personal de quienes de una u otra manera administran por si o a través de terceros, fondos y bienes públicos.
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