Para rescatar la memoria histórica venezolana y crear precedente importante, y lograr que no se repitan hechos similares en el futuro en la República Bolivariana de Venezuela, en el año 2011, se promulgó la Ley Para Sancionar Los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas durante el periodo 1958-1998, publicada Gaceta Oficial 39.808, del 25-11-2011. La labor fue iniciada por el Ministerio Público, presidida por la Fiscal Luisa Ortega Díaz, creándose una Comisión por la Justicia y la Verdad por ella presidida, con 19 miembros principales, 14 suplentes, 9 asesores, 1 secretario. Un equipo técnico de 21 personas, 9 fiscales de criminalística y colaboradores en varios estados del país, realizando una investigación técnica y científica durante cuatro años.
Durante cuarenta años en Venezuela fue violada la Constitución de 1961, y se aplicó un terrorismo de Estado. Formaban parte del Estado los partidos Acción Democrática y Copei. Con una hábil política de engaño y de manipulación de la opinión pública, apoyada por el gobierno de los Estados Unidos ocultaron al país y a todos los países la verdad de lo ocurrido. El gobierno estadounidense aplicó en America Latina, la doctrina de la Seguridad Nacional. Para tales fines fundó la nefasta Escuela de las Americas que funcionaba dentro del canal de Panamá, donde se entrenaron miles de oficiales de todo el continente americano, siendo el enemigo a enfrentar las ideas comunistas de los partidos políticos y movimientos sociales. Se comenzó aplicar en America Latina la figura siniestra de la desaparición forzada de personas en el año 1960, en la región tuvo sus primeras manifestaciones en Venezuela y posteriormente en naciones de America Latina, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y algunas naciones centroamericanas.
Donde la tortura y el asesinato de los dirigentes políticos fue algo rutinario. Violaciones que todavía continúan realizando en America Latina en algunos países de la región. La investigación realizada por la Comisión de la Verdad y la Justicia en Venezuela ha evidenciado un total de 10.071 víctimas, 459 corresponden a desapariciones forzadas de personas, con 283 identificadas y 176 sin identificar y 1.425 personas asesinadas. Detenciones arbitrarias 8.200. Se efectuaron 36 exhumaciones para las correctas autopsias de ley, y determinar las causas reales de los decesos. Para realizar algunas investigaciones fue necesario solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia 21 solicitudes de revisión constitucional y un número similares de revisiones de sentencias, todas relacionadas con las violaciones de los derechos humanos. Fueron recibidas más de 1.500 denuncias de violaciones de los derechos humanos.
Todas las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas fueron debidamente verificadas, analizadas y digitalizadas, permitiendo conocer la verdad sobre todas las violaciones de derechos humanos. El tiempo transcurrido fue entre 20 y 50 años, resultando ser el obstáculo a vencer para dar con la verdad de los hechos denunciados por las víctimas indirectas. Fue necesario conformar equipos de trabajo multidisciplinarios entre fiscales de protección de derechos fundamentales, expertos forenses y criminalistas del Ministerio Público. Según documentos y testimonios fueron creados en el territorio venezolano cinco teatros de operaciones antiguerrilleras.TO1 Cabure, Falcón. TO2 Cachipo, Monagas. TO3 El Tocuyo, Lara. TO4, Cocollar Sucre. TO5, Yaracuy. Eran campos improvisados al margen de la ley, donde se tenían secuestradas a las personas, se torturaban y asesinaban.
El Ministerio Publico continuará realizando todas las diligencias necesarias, con el fin de lograr las sanciones correspondientes para reivindicar las víctimas. Todas estas acciones institucionales, son fruto de un modelo de justicia penal que protege a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, expresando con ello un claro compromiso con el futuro, evitando que estos hechos vuelvan a repetirse.
Con la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, ha quedado derogada la aplicación de la jurisdicción militar penal a los civiles y el irrespeto al derecho internacional de los derechos humanos. La entrega de este informe histórico se realizó el pasado viernes 24/03/2017, en un acto emotivo y concurrido por los venezolanos que participamos en esas luchas sociales, época de la siniestra de la IV República, donde el Presidente Rómulo Betancourt aplicó la consigna de disparar primero y averiguar después. Sólo falta que el gobierno nacional haga justicia también, con los familiares directo de las víctimas y se le asigne una pensión para indemnizar en parte su lucha por la democracia en Venezuela. La lectura de este histórico informe por parte de los venezolanos es imprescindible, puede lograrlo por la página www.comisionporlaverdad.org.ve.
