El hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia TSJ de Venezuela otorgara el arresto domiciliario al opositor y cabeza del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, en la coyuntura crítica que vive ese país, envía una serie de mensajes contradictorios respecto del balance, perspectiva y control que el gobierno tiene en la actual situación.
En una primera aproximación se podría afirmar que el gobierno, que es quien realmente está detrás de la decisión jurídica, está más preocupado por la rebelión institucional que encabeza la Fiscal Luisa Ortega Díaz y de los funcionarios de esa rama del poder público, que del poder que tiene la oposición (MUD) para desestabilizar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente con el plebiscito del 16 de julio próximo.
Todo indica que el TSJ quiere legitimarse ante el pueblo para poder lidiar con la rebelde fiscal que no acata ni se atemoriza ante las últimas decisiones asumidas por ese Tribunal. Sin embargo, si procedieran a destituir y apresar a esa alta funcionaria en las siguientes semanas, ello podría provocar un fortalecimiento de la oposición, y un rechazo más fuerte de sectores de la sociedad que han permanecido a la expectativa.
Lo que es totalmente incoherente es que se le otorgue ese beneficio a un dirigente de la MUD caracterizado por su fanatismo guerrerista mientras el gobierno afirma que el país está en riesgo de ser intervenido por el imperio gringo. No se entiende que, mientras –según el gobierno– están en curso varios complots cívico-militares para dar un golpe de Estado, si el país está asediado por enemigos internos y externos, se “libere” a López, decisión que en vez de neutralizar a los contrarios los alienta a fortalecer la presión.
Es evidente que la oposición al gobierno ya canta victoria. La “casa por cárcel” para ese dirigente de la derecha extrema es una bocanada de aire fresco para los sectores más radicalizados de la MUD, que se empezaban a agotar en medio de su desaforada campaña de violencia. Esa concesión del gobierno es leída por opositores nativos y extranjeros en código de triunfo e interpretada como debilidad y no como fortaleza. Las fieras hambrientas no se sacian con “carroña” cuando ven que la presa está a su alcance.
Lo que se observa –desde la distancia– es que el gobierno le teme más, por ahora, a la rebelión dentro de sus propias filas (caso de la Fiscal Ortega), que a la capacidad de movilización de la MUD. Los cálculos que se hacen es que la oposición logre congregar en el plebiscito a importantes porciones de población en algunos sectores de Caracas y de los estados de Táchira y Zulia, pero en el resto del país, que es donde el gobierno tiene asegurada la participación en las elecciones de la ANC con base en el manejo del presupuesto gubernamental y el poder estatal, la participación se prevé minoritaria.
Es evidente es que el círculo que maneja el presidente Maduro no logra desarrollar una estrategia que se corresponda con los hechos recientemente ocurridos. Las acciones de fuerza del vice-presidente Tarek El Aissami y de los colectivos bolivarianos en la sede del parlamento (AN), las amenazas de utilizar las armas que hace el mismo Maduro y Cabello, las medidas del mismo TSJ frente a la disidente Fiscal, la ineficacia frente a actos como el del helicóptero robado, todo eso y mucho más, dejan ver que el gobierno actúa sin ninguna capacidad de control sobre sus propias fuerzas.
Es la inercia y la incapacidad de sus opositores lo que lo mantiene en pie.
Y en medio de ello, la Fiscal General y sus allegados, se van posicionando como la cabeza de un “tercer sector” que puede convertirse, hacia el futuro, en una alternativa política frente a las cúpulas del gobierno y de la MUD, que en medio de la polarización se han ido desgastando frente al grueso de la población. Las mayorías venezolanas a lo que aspiran es a encontrar soluciones concretas al desabastecimiento de alimentos y medicinas, a la inflación descontrolada que debilita la capacidad de compra (salarios) de los trabajadores y a la corrupción de amplios sectores de la administración pública, incluidas las fuerzas armadas.
