Violando toda lógica humana, de conciencia, leyes, decretos y resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial, los propietarios de las unidades de transporte público en Venezuela, parecen intocables e inmunes ante el Estado Social de Derecho. Bajo las figuras tramposas de Asociaciones Civiles, Cooperativas y empresas de servicios llegan al límite del atropello y desfachatez, por ejemplo, al desconocer el derecho humano y legal que asiste al adulto mayor, franja social llena de experiencia, sabiduría, conocimientos, respeto y valores.

Cuando hablamos de crisis dirigimos la mirada hacia los precios de los productos de primera necesidad, al nuevo micro y macro-grupo de especuladores conocidos con el remoquete de “bachaqueros de calle” y “bachaqueros corporativos” (ejem.: Polar). Se denuncia la cadena de comercialización en manos de empresas poderosas, capaces de provocar la destrucción progresiva del salario y del cono monetario. Igual se multiplican las acusaciones contra las Alcabalas, particularmente las establecidas en zonas fronterizas, donde los respectivos cuerpos militares asignados ejecutan un negocio milmillonario con el matraqueo a contrabandistas y personas con mercancía adquirida, legalmente.

En fin, la crisis suele verse con nombres y apellidos procedentes de Miraflores, ministerios, gobernaciones, alcaldías, partidos políticos, gobiernos extranjeros, entre otros, pero resulta que hay quienes juegan un papel crucial en el atraso o desarrollo de la economía, en las relaciones intra y extra familiares, en la movilización de personas para distintos lugares de la geografía nacional. Se hacen visibles en unidades de diferentes tamaños y marcas con destinos de corto, mediano y largo kilometraje.

Como imagen pública “practican” el riesgoso y lucrativo oficio de profesionales “del volante”. Es decir, acumulan la experticia en el manejo de vehículos de bajo, mediano y alto tonelaje. Sin embargo, al momento de revisar la estructura legal y operativa hallamos empresas con fachada misericordiosa, unidades a medio andar y personal con bajo nivel en el trato y respeto al personal que trasladan.

En Venezuela, las líneas de transporte público, concesionadas por cada gobierno de turno para explotar la necesidad de movilización de una gruesa cantidad de personas, se han constituido en verdaderas empresas cartelizadas, evasoras de impuestos, sin cultura de atención al usuario y usuaria, relaciones laborales inhumanas y casi cero aporte físico para el mejoramiento de los espacios que ocupan (por ejemplo: en los terminales.)

Son exageradamente mínimas las propuestas proactivas para dignificar el servicio del transporte público en comparación al constante quejido y sensación de “quiebra” cuando hablan de la actividad que desempeñan. Transportar personas es para estos concesionados única y exclusivamente un negocio que produce dinero para ganar más dinero. ¡Y punto! Entre el concepto de Negocio y Servicio, predomina el precio del pasaje, de tal suerte que se puede decir, fuera de todo tipo de duda que se limitan a transportar “pasajes” y no pasajeros.

El desprecio al pasajero llega a tal nivel de impunidad y continuidad que los abusos diarios contra los pasajeros de la Tercera Edad, alcanza el mayor repudio posible. Nada importa que exista la Ley de Servicios Sociales “dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas a los veintiséis días del mes de julio de dos mil cinco. Año 195º de la Independencia y 146º de la Federación” por “ NICOLÁS MADURO, Presidente de la Asamblea Nacional; RICARDO GUTIÉRREZ, Primer Vicepresidente, PEDRO CARREÑO, Segundo Vicepresidente IVÁN ZERPA GUERRERO, Secretario y JOSÉ GREGORIO VIANA, Subsecretario.”

Esta Ley tiene como “Ámbito de aplicación” según señala el Artículo 3, lo siguiente: “El Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas, exceptuando las asignaciones económicas, las cuales se rigen por lo establecido en la presente Ley, ampara a todos los venezolanos y venezolanas de sesenta o más años de edad y a los extranjeros y extranjeras de igual edad, siempre que residan legalmente en el país. Ampara igualmente a los venezolanos y venezolanas y a los extranjeros y extranjeras con residencia legal en el país, menores de sesenta años de edad, en estado de necesidad, no amparadas por otras leyes, instituciones y programas, destinados a brindar igual o semejantes prestaciones a las contempladas en la presente Ley.”

Para estas empresas, especuladores “sobre ruedas”, además de no prestar un buen servicio , se burlan de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, echan a la basura la Gaceta Oficial No.6.221, finalmente hacen lo que les viene gana hasta el cinismo de llamar a Horas “CERO” si no le aceptan sus condiciones de trabajo y enriquecimiento.

Al final, con esta actitud hostil, depredadora e interesada, queda al descubierto cómo la crisis estructural que hoy vivimos alcanza tal desproporción entre otras razones, por una ausencia inadmisible de responsabilidades sectoriales e individuales. El exceso de consideración a los especuladores orgánicos hace tanto daño como la abundancia de atropellos a la Ley. ¿Dónde está el Gobierno y su poder para hacer valer “el peso de la ley” o lo que suele llamarse, el Estado Social de Derecho? ¿Qué será de la vida de la unidad cívico-militar concebida como fórmula política para avanzar en un nuevo modelo de sociedad y contener estas “mafias del sistema económico”, entre ellas, la de “los profesionales del volante”? ¿Para qué sirven los Consejo Comunales?

En el capitalismo, el Adulto Mayor es una pieza reemplazable, improductiva e incómoda. En Venezuela, el capitalismo está “vivito y coleando”. Atacar y destruir todos los vicios propios de este cancerígeno modelo de sociedad es ahora o nunca. De allí, lo inaplazable de profundizar con determinación, continuidad y el ejemplo, la batalla contra cada expresión que agrede, desde distintos espacios, la vida diaria del país.

El maltrato, desprecio y humillación que diario sufren los pasajeros identificados como Adulto Mayor, es una afrenta que nadie puede aceptar. Menos aún dentro de un proceso político constitucionalmente cargado del discurso liberador y humanista. Igual como inaceptable es que un niño pase hambre, una mujer sea golpeada, un adolescente no practique deporte es la intolerable y frágil respuesta del Estado-Gobierno, contra el vil ultraje hacia quienes tienen el ocaso en el cuerpo y la nobleza en la mirada.