2017 fue en Venezuela muy particular, razón por la cual lo ocurrido durante ese período no debe ser generalizado. Como se ha explicado en otra oportunidad, entre los factores que se deben tener en cuenta para el análisis de este período es que el país estuvo prácticamente paralizado durante casi 42% del año debido a las protestas y a la crisis política acaecida entre abril y julio; lo que impactó de diversas maneras a la vida nacional y los homicidios. Las muertes a manos de las fuerzas de seguridad no están exentas de esta situación.
Adjudicar una coyuntural disminución de las cifras de homicidios a una política pública concreta sería más una cuestión de fe o de propaganda, habría que evaluar cuál será el desarrollo de este fenómeno en los próximos años para poder hacer ese tipo relaciones.
En ocasiones una baja coyuntural, no solo pudiera ser el resultado del ocultamiento de algunos casos e inclusos de cadáveres (no registrarlos, por ejemplo), puede significar también el traslado hacia otras manifestaciones violentas expresadas en el aumento de, por ejemplo, desapariciones forzadas, sirviendo estas como una modalidad sustitutiva. Podría ser, además, el preámbulo de grandes incrementos futuros de los homicidios como sucedió en el caso de El Salvador. Por eso lo importante es estudiar las tendencias generales, la leve disminución del fenómeno en un solo año, si bien es muy positiva en términos de vidas humanas, para el análisis estructural sería aún una información precaria; en especial porque en las escasas ocasiones que se ofrece, la forma en la que los datos suelen ser presentados, no es la más idónea.
Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el fenómeno de la emigración de venezolanos que se ha dado en el país durante los últimos años, que afectaría al número total de la población. El cálculo de las tasas se hace sobre las proyecciones que el INE realiza de la población estimada para cada año. En realidad casi nunca se sabe con certeza la población real que tenemos actualmente en el país, lo que se tiene son proyecciones de población sujetas siempre a un margen de error (esta cifra solo se ajusta seriamente cada 10 años con los censos nacionales). Esta situación se hace más compleja si no se tiene en cuenta el número preciso y confiable de la cantidad de personas que han emigrado de Venezuela durante los últimos años. Si las cifras de homicidio que deben ser un dato confiable en ocasiones generan dudas, las que son referidas a la emigración en el país también han sido objeto de severas especulaciones y manipulaciones con fines partidistas.
Para 2017 la ONU calculó que 1.425.336 personas migraron solo durante ese año, y unas 4.162.272 durante los últimos 7; otras fuentes han presentado cifras similares que oscilan entre 2 y 4 millones (Padilla, Torres y Michelena, 2015; Páez, 2016; El Nacional 2017; El País, 2017; Consultores 21, 2018). Las solicitudes de asilo y refugio también han aumentado vertiginosamente durante los últimos 4 años (al menos en un 3.352%) (ACNUR, 2018).
Esta situación afecta el número real de la población en el país, si de facto la población disminuye considerablemente, pero los cálculos de la tasa de homicidios se hacen basados en las estimaciones poblacionales del INE, se pudiera estar sobreestimando el número de la población y la consecuencia sería una subestimación tanto de la tasa de homicidio como de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado (Ávila, 2018:9-10). Agradezco las esclarecedoras y estimulantes conversaciones con José Luis Fernández Shaw sobre este tema, las cuales me han servido de gran orientación para este análisis.
