El informe publicado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, no sólo era de esperarse, sino que también era de esperarse la reacción del neototalitarismo de Nicolás Maduro, ante lo que podemos decir, ya queda oficializado ante la comunidad internacional, y coloca al régimen ante el mundo como lo que realmente es, y ha sido, un cenáculo de criminales políticos que sólo han destruido una nación, y han originado el mayor éxodo de nuestra historia por razones estrictamente humanitarias, lo cual también ha derivado en una crisis geopolítica, debido a que el número de venezolanos que han abandonado su patria, según la propia ONU, supera los 4 millones de habitantes, y se estima que llegará a unos 5,3 millones al cierre de 2019.
En efecto, no sólo en el informe han sido citados todos los aspectos que han sido denunciados durante el sexenio de Maduro en relación con la hiperinflación, los degradados y paupérrimos salarios, el colapso de los servicios públicos (agua, luz, gas, transporte), la corrupción como fuente alimenticia de las mafias maduristas, y lo más grave, la extensa y continuada violación de derechos humanos que el madurismo ha socavado contra la población venezolana.
Hemos leído en el informe de Bachelet como se corrobora la existencia de presos políticos que han sido incomunicados, así como violados sus más elementales derechos desde la posibilidad de defensa, hasta el poder ver la luz del sol, todo ello en el medio de implacables torturas cuya muerte del Capitán de la Armada, Acosta Arévalo terminó por colocar al régimen como una estructura criminal, agravada con la barbarie en donde un llamado "protector" del Táchira calla ante la irracionalidad de que una policía que tiene intervenida, o sea, bajo su control, descargue más de 50 balas de perdigones contra un niño de 16 años, cuyo único delito fue salir con su madre a protestar por la falta de gas, y por esa razón, pues tal hecho se convirtió en causa irrefutable para que el adolescente quedará sin ojos, y en donde el cinismo de sus "autoridades" los lleva a declarar que eso es un "hecho aislado".
En consecuencia, la libertad plena que el mal llamado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acaba de otorgar a la jueza Maria Lourdes Afiuni, entendiendo que su detención comenzó por una arbitraria e inconstitucional declaración de Hugo Chávez en 2009, cuando Afiuni en el uso de sus prerrogativas legales otorgó libertad al banquero Eligio Cedeño, el madurismo en vez de revisar semejante decisión, lo que hizo fue terminar de utilizar la detención de la jueza como mecanismo de chantaje y amedrentamiento político, es decir, para seguir con sus intimidaciones y amenazas contra quienes de una u otra forma adversaban su manera totalitaria y militarista de gobernar, ante tales hechos, no sólo se comprueba que Afiuni era una presa del madurismo, sino que son las razones políticas y del informe de Bachelet que terminan por colocarla en libertad.
Así tenemos que hacia finales de 2016, el abogado y comunicador venezolano – chileno, Braulio Jattar, quien es editor del muy leído portal Reporte Confidencial¹ por el hecho de informar en ese medio digital que Nicolás Maduro fue objeto de un contundente rechazo en su visita a la población de Villa Rosa en la isla de Margarita, en donde incluso fue agredido con el lanzamiento en su rostro de alimentos, tal noticia le costó a Jattar que fueran "sembrados" 25 mil dólares en el portamaletas de su vehículo, y con ello, el inicio de una serie de acusaciones que lo privaron ilegítimamente de su libertad, hasta que obviamente las evidencias presentadas en el informe de Bachelet, también desnudan al madurismo en sus arbitrariedades cometidas contra Braulio Jattar, y aunque entendemos que aún su libertad no es plena, exigimos que la misma sea otorgada en próxima audiencia. Sobre tales acciones del madurismo, ¿quién ahora puede dudar que el editor del referido medio de comunicación no era un preso político?
Y es que además de lo mencionado, Bachelet ha informado sobre más de 6800 ejecuciones extrajudiciales, las cuales en su mayoría habría cometido el mal llamado grupo de Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). Casos emblemáticos como el de Oscar Pérez, y otros tantos tienen en tales individuos, un grupo de asesinos que evidentemente cumplen órdenes de exterminio "desde arriba", mientras el llamado "fiscal" o el "defensor del pueblo", miran hacia el firmamento buscando los culpables entre quienes adversan al régimen.
Así será la magnitud, la aberración, los argumentos y testimonios que engrosan el informe de Bachelet en estos casos, que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha sugerido a Maduro la disolución inmediata de tal cuerpo represivo. Y nos preguntamos: ¿Maduro quien aseguró haría todo lo que dijera Bachelet lo acataría, será que procederá a disolver la Faes? Es más el Faes es un órgano que actúa en articulación con el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), razón por la cual, consideramos que no sólo la Faes debe ser eliminada sino también la policía política, aunque honestamente dudamos de que esto llegue a ocurrir por parte del madurismo, más aún cuando esos grupos son controlados por Diosdado Cabello. El informe sobre las violaciones de derechos humanos es enfático sobre la perversión que ocurre en las cárceles, donde hasta en los recintos penitenciaros de mujeres, éstas deben prostituirse como medio de subsistencia.
Mención especial hace el informe sobre la destrucción del sistema de salud, la emigración de médicos y enfermeras, y el nulo acceso a medicamentos para la mayoría de la población, así como el tema de la educación. Y es que ante tantas evidencias ¿Qué pretendía el madurismo que dijera el informe? El sol no se puede tapar con un dedo, aunque en el caso de tantas violaciones de derechos humanos, resulta imposible ocultar el cómo en un sexenio han llevado al país a la miseria y la destrucción de todas sus instituciones, así como al colapso general de su economía y servicios.
El informe de Michelle Bachelet ha asestado una enorme puñalada al madurismo. Por ello, haga lo que haga el régimen sus horas en Miraflores están en cuenta regresiva, o bien porque se logren acuerdos que terminen con unas elecciones acordadas por todos los actores políticos, o porque el forzamiento de los hechos desencadenen una acción violenta que no queremos ni deseamos para Venezuela. Que el régimen comience a liberar presos políticos, a liberar subrepticiamente la economía, y además callar ante hechos como los de Acosta Arévalo o Rufo Chacón es el signo de un sistema político criminal que implosiona en todo su contexto. Ellos saben que sus días están contados. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea.
