Al inicio del Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, se recoge que Dios le dijo a la mujer por haber desobedecido sus órdenes: […] multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti» (Génesis 3:16).

Han pasado miles de años desde que se proclamó este castigo divino, fruto de la misoginia ancestral. A pesar del tiempo transcurrido, esta condena de sometimiento y desprecio hacia las mujeres se ve reactualizada en nuestros días en la situación que viven futuras madres encarceladas.

María1, entró embarazada con 19 años a la cárcel de Franco da Rocha en el Estado de San Paulo para cumplir una condena de 1 año y 8 meses. Cuando comenzó el parto fue trasladada al hospital más cercano donde nada más llegar la pusieron las esposas en las manos. Después le pidieron que se tumbara en la camilla y donde la esposaron también los pies. Ligada de pies y manos durante horas tuvo a su bebé. "Tuve a mi hijo esposada, no me podía ni mover. Fui tratada como un perro por el médico […] Después estuve 15 días en un cuarto muy pequeño con mi bebé, sin lavarme los dientes, el pelo o peinarme, porque sólo me dieron un trozo de jabón".

La indignación de su caso y otros similares hizo que se aprobara un Plan Nacional de Política Criminal en Brasil (2015-2019) que preveía medidas no privativas de la libertad para mujeres embarazadas, entre otras. Esas disposiciones no impidieron otras situaciones como la que le sucedió a Bárbara Oliveira de Souza, en gestación de casi 9 meses, que se encontraba cumpliendo condena en la prisión de Talavera Bruce en Río de Janeiro. Fruto de una sanción disciplinaria, fue castigada en la celda de aislamiento, donde el 26 de octubre del 2015, empezó el trabajo de parto. Pidió y pidió ayuda, pero nadie acudió a su llamada. Parió a su hija sola en el suelo de la celda. Después de dar a la luz estuvo un largo tiempo con su hija en brazos y el cordón umbilical todavía unido hasta que llegaron a socorrerla.

La soledad, humillación, maltrato, sufrimiento y angustia a las que fueron sometidas María y Bárbara en Brasil en un momento tan crucial en sus vidas, son las mismas que sufrieron Lorenza y Daniela a cuatro mil kilómetros de distancia al Sur, en Chile. Lorenza Cayuhán, mujer mapuche, embarazada y recluida en la prisión de Arauco, fue trasladada al hospital más cercano el 13 de octubre del 2016 por molestias físicas en el embarazo. Debido a complicaciones le tuvieron que practicar una cesárea. En todo momento estuvo esposada de pies y manos, incluso durante el parto y delante de la presencia de un policía varón, incluso cuando la desnudaron. La indignación del caso y el amparo acogido por la Corte Suprema del país que ordenó a la administración penitenciaria que tomara medidas preventivas no ha impedido otros casos de violencia obstétrica. Como la situación que vivió Daniela, embarazada de 40 semanas en espera de juicio en la cárcel de San Miguel en Santiago. El 23 de diciembre del 2022 empezaron las contracciones, el 24 se incrementaron a cada 10 minutos, pero no fue atendida hasta el domingo 25 en la mañana. Demasiado tarde. Parió en los pasillos de la cárcel de camino al coche particular de una funcionaria que la trasladaría al hospital ya que no había ni ambulancia.

En estos casos, la violencia de género que supone la agresión obstétrica se ve reforzada por la violencia institucional que ejerce la prisión y que se ensañan sobre cuerpos racializados y empobrecidos. Estás violencias tampoco son exclusivas de cárceles de países del Sur Global, son trasversales y en este caso no conoce fronteras.

En Inglaterra, el 26 de agosto de 2019, ingresó como preventiva en la prisión de Bronzefield, Anne, una joven de 18 años embarazada de 8 meses y con diversos problemas de salud. Cuando comenzaron las contracciones estaba sola en su celda, llamó al timbre para que la atendieran, pero nadie respondió a la llamada. Dio a luz sola y fue encontrada a la mañana siguiente en la cama con un bebé que no respiraba.

En Australia, Amy, una mujer embarazada de 36 semanas, encerrada en una celda de la cárcel de mujeres de máxima seguridad de Bandyup, comenzó a pedir ayuda a gritos porque se encontraba de parto. Por más de una hora gimió de dolor suplicando para que alguien interviniera. Una hora después se presentó el personal de enfermería, pero como no tenían las llaves no la pudieron ayudar. Sin médico ni analgésicos dio a luz sola en la estrecha celda. Sólo un cuarto de hora después abrieron la puerta para llevarla al hospital.

Para que el parto en situación de privación de libertad no sea un castigo añadido, los estándares internacionales de derechos humanos y algunas leyes nacionales hablan de evitar la prisión y la aplicación de medidas alternativas para embarazadas o de prohibir el uso de aislamiento en su situación. Además, los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la integridad física, psíquica, en la atención a la salud maternal en condiciones de igualdad a la que se da en el exterior de los muros.

Maltrato, desprecio, vejaciones, tortura, falta de atención sanitaria pre y post natal adecuada y el abandono institucional llevan a la conclusión que las prisiones, definitivamente, no son lugares seguros para las mujeres embarazadas.

1 Algunos de los nombres usados son ficticios.