La reciente decisión de la jueza de distrito, Kathleen Cardone, quien dio un espaldarazo a la solicitud de fianza del terrorista Luís Posada Carriles y fijó una audiencia con ese propósito para el próximo 2 de abril en un tribunal de El Paso, Texas, abre nuevamente el debate sobre el carácter veleidoso e inconsecuente de la justicia norteamericana. Muchas, por supuesto, han de ser las presiones que se ejercen sobre los magistrados de ese estado de la Unión, tanto por parte de sectores de la ultraderecha norteamericana, de la mafia cubano americana de Miami, así como de representantes de las altas esferas de la Casa Blanca.

El inusitado fallo revocó la decisión precedente de otro juez, Norbert Garney, quien había rechazado el pasado 2 de marzo otra solicitud semejante.

Mucho maniobró la defensa de Posada Carriles para obtener este dudoso fallo de la magistrado Cardone, apoyando su nueva estrategia legal con los dudosos testimonios de una cohorte de más de veinte testigos procedentes de Miami, terroristas como Posada, y dispuestos a mentir a ultranza en abierta solidaridad con su socio de fechorías.

Pero lo escandaloso de este proceso legal contra Posada Carriles, quien será juzgado el 11 de mayo bajo siete cargos de fraude migratorio y de ofrecer falso testimonio durante el procesamiento de su ciudadanía, es que ninguno de los jueces se ha decidido juzgar al mismo por su prontuario terrorista. A este hecho, contribuye que la fiscalía ha sido incapaz de presentar cargos en este sentido. De hecho, el pasado terrorista de Posada Carriles ha sido ocultado por una cortina de humo sostenida por la complicidad, el subterfugio y la mentira.

Cualquier avezado investigador podría determinar que mucho se oculta descaradamente y sin escrúpulos tras la farsa judicial que se lleva a cabo en El Paso, Texas, desde que se decidió encauzar a Posada Carriles. Todo se ha reducido a una burda confabulación de intereses sórdidos y ocultos, en los que los jueces, la fiscalía, la defensa, y el propio acusado, desempeñan dudosos papeles. Maniobras dilatorias, rejuegos judiciales, certificaciones que nunca llegan y falta de deseo, escamotean a la justicia y a la verdad las culpas mayores de Posada Carriles: sus crímenes terroristas.

Detrás de este andamiaje de artimañas legales se encuentra la permanente negativa de las autoridades norteamericanas de aceptar la extradición del confeso terrorista hacia Venezuela, en franca violación de la Convención de Montreal sobre aviación civil, formulada en 1973, y de la Convención Internacional sobre la Supresión de Actos Terroristas, rubricada en 1997, basándose en el dudoso fallo del juez de inmigración William Abbott, emitido en septiembre de 2005, en cumplimiento de la Convención Internacional contra la Tortura. Irrisoriamente, este oscuro juez esgrime con descaro el argumento de que Luís Posada Carriles podría ser torturado o asesinado en Venezuela, si fuese extraditado a ese país, en franca confabulación con las falacias de la defensa. ¿Habrá pensado Abbott alguna vez, me pregunto, en las decenas de personas que torturó y asesinó este criminal a lo largo de Latinoamérica? ¿Pensó, acaso, en las 73 víctimas inocentes de la voladura del avión de Cubana de Aviación, ocurrida en Barbados, el 6 de octubre de 1976, cuya muerte recae directamente sobre Posada Carriles?

La desfachatez del proceso judicial, cuestionado por muchos, ha llevado incluso a que el propio José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), declarara en días recientes: "Estoy a favor de la extradición de Posada Carriles, y espero que los tribunales de EEUU puedan resolver el problema adecuadamente".

En Estados Unidos, por su parte, son muchas las voces que cuestionan la confabulación y el tácito compromiso de Bush con los terroristas de origen cubano radicados en Miami. Al respecto, un grupo de organizaciones como la Alianza Martiana, la ATC, la Brigada Antonio Maceo, la Alianza Martiana, la Asociación José Martí, la Asociación de Mujeres Cristianas en Defensa de la Familia y el Círculo Bolivariano de Miami, entre otras, expresaron su repudio a la demora de las autoridades norteamericanas en cuanto a juzgar a Posada Carriles como terrorista.

Los continuos cambios de fecha para emitir un veredicto, los rejuegos legales y las tácticas dilatorias de diverso tipo, anuncian peligrosamente que Posada Carriles escape impunemente de la justicia por los crímenes cometidos a lo largo de su historial terrorista. Para nadie es ajeno que un veredicto de absolución en el proceso que se le sigue por fraude migratorio, pudiera poner al criminal en libertad, al igual que si recibe el favor de una fianza y la libertad condicional. Si esto sucediera, ¿quién garantiza que el criminal no escape y desaparezca nuevamente gracias al apoyo de sus cómplices?

Detenido tras ingresar clandestinamente a los Estados Unidos en el 2005 y luego de aparecer en público sin recato y con total impunidad, Posada gozó del favor de la justicia y de las autoridades norteamericanas cuando, luego de varias audiencias formales el año pasado, se le decidió encauzar solo por el delito de cometer fraude migratorio, delito que contempla siete cargos: uno por fraude migratorio y seis por mentir a los oficiales de Seguridad de la Nación.

Para los que hemos conocido de cerca las actividades terroristas de Luis Clemente Posada Carriles resulta absurdo que las autoridades de Estados Unidos sean renuentes a encauzarlo por las mismas. Las últimas administraciones norteamericanas han contado con suficiente información ofrecida por Cuba, Venezuela y otros interesados, sobre el prontuario terrorista de este criminal. A saber, varios han sido los juicios en los que ha aparecido su nombre al reseñar actividades de terrorismo contra Cuba y otras naciones del continente. En mi caso particular, testifiqué contra él tanto en el juicio que se les siguió a los terroristas centroamericanos en marzo de 1999, así como en el amañado juicio contra los Cinco Héroes cubanos seguido en Miami en los primeros años de la presente década.

La justicia norteamericana no ha tenido en cuenta, incluso, el contenido de varios documentos desclasificados por agencias de espionaje de los propios Estados Unidos en los que se demuestra su participación en la guerra sucia contra Cuba y contra los movimientos progresistas latinoamericanos durante las décadas de los 60, 70 y 80. ¿Será, acaso, que los jueces de El Paso y los fiscales norteamericanos desconocen el contenido de las cartas enviadas por Clarence Kelley, director del FBI en 1976, en las que pone sobre aviso a Kissinger, entonces Jefe del State Department, sobre la participación de Posada Carriles en la voladura del avión de Cubana de Aviación, en Barbados?

Para mí, particularmente, resulta bochornosa la farsa judicial que se lleva a cabo en El Paso, Texas. Cuando tuve la oportunidad de participar con este terrorista en 1994, en mi condición de agente de la Seguridad del Estado de Cuba, en la planificación y organización de planes dirigidos a colocar cargas explosivas en el afamado cabaret “Tropicana”, de la Habana, y en varios hoteles situados en esa misma ciudad y en Varadero, hechos en los que morirían centenares de ciudadanos cubanos y extranjeros, incluidos norteamericanos, y que puse en conocimientos del gobierno de la Isla, la posible absolución de Posada Carriles, e incluso que solo se le juzgue por delitos migratorios, me parece una burla a la justicia y a la verdad.

Habría que preguntarles a tanta víctima y a las familias que padecen la dolorosa y permanente ausencia de sus seres queridos, si no ven, como lo hago yo, una repugnante complicidad en estos jueces, fiscales y autoridades norteamericanas, que no hace otra cosa que perpetuar la impunidad del crimen y del terror.