Nos pareció bien importante la observación que hizo ayer en su programa “La Hojilla”, Mario Silva García, acerca de las denuncias del día anterior (09/10) formuladas por el inefable Leopoldo Castillo en su programa “Aló Ciudadano”, quien aseguró tener amplio conocimiento de las numerosas adquisiciones de mansiones lujosas en el este de la ciudad por parte de miembros del gobierno que él ubica como furibundos chavistas, muy cercanos al presidente, en el sentido de que el señor Castillo debe dar sus nombres con pelos y señales, pues de no hacerlo estaría siendo no solamente cómplice de ellos, sino que, además, estaría encubriendo la corrupción que él y toda su gente del oposicionismo no se cansan de repetir que es mucho mayor que la que vimos con estupor durante la Cuarta República.
Pero al margen de que Castillo decida denunciarlos, pues para eso se necesita ser, en primer lugar, patriota, como el que más y tener, por otra parte, un mínimo de valentía para enfrentar esas mafias de la corrupción, virtudes esas que me temo él jamás las cultivó, no queda sino la opción de que las instituciones del Poder Moral, la Fiscalía y la Contraloría General, sin dilación alguna, abran las respectivas investigaciones por “notitia crimininis” y conminen a Leopoldo Castillo a que les suministre la información que posee sobre esas sospechosas compras. Es la obligación que tienen como institucionales creadas en el país para sancionar a aquel o aquellos funcionarios del Estado que incurren en hechos delictivos contra los dineros y bienes públicos.
La denuncia de Castillo, sin duda, es de muy alto impacto y no puede quedar, por tanto, en el aire. Hay que ir hasta el fondo del asunto, de manera de verificar si ciertamente ello ha ocurrido y de no haber dudas al respecto, que se actúe con diligencia, rapidez y se impongan las sanciones más ejemplarizantes que contemplan nuestras leyes. De lo contrario, arbtitrar las sanciones que correspondan contra el moderador Castillo, en los términos previstos en la ley.
Sería inadmisible que ante esas denuncias de tanta envergadura, los órganos fiscalizadores y contralores del Estado decidan esconder la cabeza como el avestruz.
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