En relación a las denuncias de torturas por parte de la Policía de Aragua que formuló el Dr. José Vicente Rangel el pasado domingo 13/07 en su programa de televisión, se impone que la investigación que ya debe haberse iniciado por parte de la Fiscalía General de la República, no debe quedarse solamente en la imputación al milico que se ve en el video que mostró Rangel apaleando de forma brutal y con la mayor saña, a un ciudadano que previamente lo habían desprovisto totalmente se sus ropas, curiosamente tal y como vivimos que lo hacen con su prisioneros los norteamericanos en la cárcel iraquí de Abugraib, sino que la investigación tiene que extenderse hacia todo el cuerpo policial, empezando por sus jefes bajos, medios y altos, pues no creemos que estos atropellos inconfesables contra los derechos humanos son obra de uno o dos policías que resolvieron actuar por su cuenta y riesgo.
El video es muy claro y muestra indicaciones de que, para empezar, existe un local especial en su sede de Agua de Maíz para la tortura, en donde no solamente debe haber protección contra ruidos, de manera que desde el exterior no se escuchen gritos ni lamentos, sino que vimos en el video que aparece, además del torturador y el torturado, otros varios policías (al menos 3 o 4), éstos últimos en movimientos tales que pareciera que coadyuvaron a que el acto de la tortura se completara, pues extrañamente se observa que el joven torturado vuelve a ocupar su posición frente a la pared para que lo sigan apaleando, de donde se infiere que para que ello pueda ocurrir es porque, sin duda alguna, se le amenazó una y otra vez con asesinarlo y esas amenazas no provenían del torturador, quien, como se hizo evidente en la película, se ocupa sólo de manejar el mazo con que le está asestando, con su mayor fuerza, golpes y más golpes a los glúteos y a la cara de la víctima, mientras se reía y entre uno y otro mazazo anunciaba haber bateado la pelota a hit…(!)
De manera que esperamos que este repudiable acto de la policía de Aragua sea castigado a todos los niveles, pues sería muy grave que en este caso las presiones externas y, sobre todo, de la llamada “sociedad civil”, intenten no sólo minimizar este hecho intolerable y hasta lograr que aquí de nuevo se haga presente la impunidad.
De otra parte, estos hechos imponen la urgente necesidad de que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, adelante una rigurosa fiscalización al resto de las cientos de policías regionales que existen en el país y que, al parecer, se manejan a su libre albedrío, sin que haya nadie por detrás que las controle.
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