El día 20 de agosto de 2020 fue detenido el ex dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, ex diputado del Consejo Legislativo de Anzoátegui y precursor de Fundación Socialista de Integración del Sur (Fundisur).
De acuerdo con informaciones difundidas por su familiares y allegados en medios de comunización del Estado Anzoátegui, de la región de Guanipa y de El Tigre, a las 8:00 de la noche, llegaron a su hogar funcionarios de seguridad Guanipa y, al parecer, sin cumplir con el protocolo correspondiente, se llevaron detenido al al ex diputado Urbaneja. Luego se pudo conocer que se trataba de una orden de aprehensión emanada del Tribunal de Control N° 1 de El Tigre, bajo la responsabilidad del juez Noel Rojas, por solicitud de la Fiscalía 7ma, bajo el Fiscal Jairo Gil. Quienes realizaron el operativo fueron agentes de la brigada del Servicio de Investigaciones Penales (SIP) de Guanipa, bajo la responsabilidad de Yván Álvarez.
El ex diputado y presidente de Fundisur, Juan Giovanni Urbaneja Hernández, de 50 años, se había destacado como legislador, promotor de la acción contralora desde el movimiento popular y líder social vinculado con muchas de las luchas comunitarias y campesinas, así como de trabajadores, en ejercicio de la defensa de derechos y la denuncia de presuntas irregularidades y actos de corrupción, lo que le habría ido ganando no pocos enemigos, generó intentos de detención anteriores e incluso acciones de violencia física contra su persona.
Urbaneja introdujo numerosas denuncias, demandas, querellas y recursos judiciales frente a distintos casos e incluso sobre asuntos relacionados con la enfermedad y muerte del expresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, donde se incluye una denuncia de supuesto “bioterrorismo” practicado contra el presidente Chávez. , https://www.aporrea.org/actualidad/a256370.html.
Hizo denuncias sobre las condiciones de vida de sectores populares, https://www.aporrea.org/ddhh/n293874.html,
https://www.aporrea.org/contraloria/n341032.html, y efectuó muchas denuncias por presuntos actos de corrupción de parte de funcionarios públicos https://www.aporrea.org/contraloria/n304055.html, en Anzoátegui, especialmente en El Tigre y Mesa de Guanipa.
Identificándose siempre como chavista, Giovanni Urbaneja, comenzó a fustigar fuertemente a las autoridades del Estado y del PSUV, señalando de “autoritarismo” al gobierno del presidente Nicolás Maduros Moros, https://www.aporrea.org/contraloria/n313327.html.
Según El Tigrense, Diario Digital, el Director del SIP, Yván Álvarez, manifestó que mediante investigación se logró constatar que Urbaneja mediante la utilización de redes sociales (Facebook), promovía e incitaba al odio, utilizando como modus operandis la creación de Fake News o falsos positivos y se le señala por supuestamente promover una organización llamada “Movimiento Anarquista Venezolano Oveja Negra, que en la interpretación policial sería un “Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada” (GEDO). El comisario dijo que fue notificado del procedimiento el fiscal 7mo del Ministerio Público.
Antes de esta detención el líder social manifestó fuertes diferencias con el alcalde Francisco Belisario Landis, por la difusión de un supuesto montaje de la voz del citado alcalde que, de acuerdo con fuentes en contacto con Urbaneja, habrían servido para acusarle “falsamente” de algo no cometido por él.
Según exponen, este montaje de la voz del General Francisco Belisario Landis provendría de un extracto del programa del psicólogo UAM-Carabobo, Norbey Marín: “Hasta que caiga la tiranía” (Until Tyranny Falls), lo que arroja la presunción de que la voz debió ser fabricada desde fuera de Venezuela
A Giovanni Urbaneja se le acusa entonces de incitar y promover el odio por redes sociales, cuando desde su punto de vista se está incriminando a quien ejerce su derecho a informar, opinar, expresar ideas y pensamientos, confundiendo el ejercicio de tales derechos constitucionales con en delito de “promoción del odio”, categoría de delito creada por decisión legislativa de la ANC que es vista como un comodín para judicializar la opinión y ejercicio de la libre expresión, a conveniencia del gobierno y de sectores poderosos.