Entre junio y julio de 2021 se realizó un importante operativo policial denominado Gran Cacique Guaicaipuro que involucró el despliegue de más de mil funcionarios con el objetivo de desmantelar las bandas delincuenciales que operaban en la parroquia La Vega, la Cota 905 y sectores aledaños.

Estos operativos ocurrieron con graves violaciones a los derechos humanos, particularmente de personas que no tenían ningún tipo de relación con los grupos criminales. Tal es el caso de cinco jóvenes que un año y medio después permanecen injustamente encarcelados. Sus familiares y amigos se han organizado en el Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega para exigir su liberación.

La activista Martha Lía Grajales del colectivo Surgentes conversó con Tribuna Popular sobre este caso.

Inicialmente, el Comité documentó 23 graves violaciones de derechos humanos durante los operativos de 2021 en La Vega: 19 corresponden a detenciones arbitrarias y cuatro a ejecuciones extrajudiciales.

“En el transcurso de esta lucha, varias personas fueron liberadas; lamentablemente la mayoría de ellas bajo un procedimiento que se denomina admisión de hechos; es decir, reconocieron delitos que no cometieron presionados por la necesidad de recuperar su libertad”, relata Grajales.

Sin embargo, hay cinco jóvenes que “declinaron esta opción” y hoy sus familiares se mantiene en lucha para conquistar su libertad plena.

Quiénes son “Los cinco de La Vega”
Darwin Rivas Polanco, José Félix Maíz, Osmar José Benítez, Hécgerson Chaparro Castillo y Kevin Reinosa Parra. Son jóvenes con edades comprendidas en los 24 y 35 años. En su mayoría, son padres de familia que se dedicaban a oficios informales; uno de ellos es boxeador.

Darwin Rivas Polanco

La policía entró de manera ilegal a su casa; solicitó su cédula y, ante su familia, se lo llevaron en una patrulla, argumentando que lo iban a radiar.

José Félix Maíz

Iba camino a comprar un kilo de arroz para sus cuatro hijos después de haber conseguido un dólar por colaborar con algunos vecinos en cargar agua. Funcionarios policiales le exigieron identificarse y bajo el mismo argumento fue puesto junto a Darwin en una patrulla. Ambos fueron presentados como miembros de «la banda del Koki».

Osmar José Benítez

Venía camino a casa luego de retirar su cédula de identidad. Pasó por una alcabala policial ubicada en la redoma de La India y los policías le exigieron identificarse. Él mostró su cédula y explicó que no tenía ningún tipo de antecedente penal. Los funcionarios lo retuvieron y vecinos se acercaron a exigir las razones de mantenerlo allí. Los funcionarios no dieron respondieron y lo llevaron a la sede policial de La Quebradita, donde fue reiteradamente golpeado. Cuatro días después fue presentado a tribunales como miembro de «la banda el Koki».

Hécgerson Chaparro Castillo

Se encontraba en su vivienda limpiando mientras esperaba a su esposa e hija que había nacido tres días antes. Funcionarios llegaron a su casa; pidieron cédula y exigieron que todos se pusieran boca abajo. Cuando supieron que Hécgerson tenía antecedentes penales por un delito menor lo golpearon y acusaron de ser miembro de la banda, mientras le exigían que diera información relacionada con otros integrantes.

Kevin Reinosa Parra

Fue detenido cuando se dirigía a la casa de la madre de Hécgerson. Los funcionarios, al constatar que se trataba de un joven de la misma familia, se lo llevaron.

“Todos fueron golpeados por la policía y luego acusados de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de armas y municiones. A todos estos muchachos le sembraron armas y explosivos a través de prácticas de simulación de hecho punible”, explica Grajales.

Inocentes presos
El Comité ubica la causa de estas detenciones arbitrarias en “la necesidad que tenía la policía de mostrar resultados frente a una problemática tan sentida como la inseguridad; en un momento en que las bandas que operan en esos territorios estaban generando muchísimos estragos”.

“A la policía le exigen combatir a estas bandas y lo que hizo, ante las deficiencias en sus capacidades de investigación penal y sus debilidades institucionales que tienen, fue detener un gran numero de personas inocentes para demostrar que se estaba atacando el problema”, explica la activista.

Grajales afirma que el Comité reconoce como legítimo el deber del Estado de atender el problema de las bandas delincuenciales, “pero debe hacerse con pleno respeto a los derechos humanos de toda la población”.

“Estos operativos han estado dirigidos en contra de personas inocentes o incluso de los eslabones más bajos de la cadena delincuencial; lo que no solo constituye una gran injusticia que reproduce la pobreza y la desigualdad, sino que deja prácticamente intacto el problema que se supone tratan de solucionar”, agrega.

Estatus actual de los casos
Darwin Rivas Polanco y José Félix Maíz enfrentan un mismo proceso judicial. En noviembre de 2021 tuvieron una sentencia condenatoria por porte ilegal de armas. A ellos no se les pudo demostrar los graves delitos por los que se inició el proceso judicial en su contra y como consecuencia, el juzgado los condenó por un delito menor a seis años de prisión.

La condena tenía como único sustento probatorio las versiones de los funcionarios policiales y fue apelada en abril de 2022. EL Comité ganó la apelación; como consecuencia la sentencia fue anulada y se ordenó repetir el juicio.

“Nuestros muchachos en este momento ya atravesaron todo el juicio, estamos a la espera de la última audiencia este 11 de enero, cuando esperamos que la jueza dicte libertad plena”, informa Grajales.

Por su parte, Osmar José Benítez, Hécgerson Chaparro Castillo y Kevin Reinosa Parra enfrentan un grave retardo procesal penal. Osmar tuvo audiencia preliminar en septiembre de 2021; Hécgerson y Kevin en diciembre de ese año. Desde esa fecha no ha sido posible iniciar el juicio.

“La apertura de juicio ha sido diferida en seis ocasiones por causas no atribuibles a los muchachos; principalmente porque están señalados junto a otras 28 personas por el caso de las bandas de la Cota 905 y el traslado de tantos es muy difícil porque todos están recluidos en diferentes lugares”, explica la integrante de Surgentes.

Una cadena de violaciones de DDHH
Grajales describe los operativos como el punto de partida de una cadena de violaciones de los derechos humanos tanto de los muchachos como de sus familias: “se caracterizaron por allanamientos ilegales; robos en las viviendas, malos tratos y golpes”.

Los familiares duraron un año sin tener acceso al expediente. Además, “los muchachos no contaron con derecho a la defensa real en tanto los abogados de la Defensa Pública no promovieron pruebas ni ejercieron un verdadero derecho a la defensa”.

Esto trajo como consecuencia que hoy en día “no cuenten dentro del proceso con pruebas que claves y que sus familiares pidieron que fueran promovidas pero que, de manera negligente, estos defensores públicos no realizaron”.

El Comité ha denunciado que los expedientes no tiene ningún tipo de fundamento probatorio: “Bajo otras circunstancias estos muchachos deberían estar gozando de su libertad. Es reiterada la jurisprudencia del TSJ que establece que la sola versión de los funcionarios policiales actuantes dentro de los procedimientos no constituyen plena prueba de ningún tipo de hecho sino apenas un indicio”, aclara la defensora.

Por si esto fuera poco, los jóvenes están recluidos en unas condiciones indignas de hacinamiento; en lugares con con poca ventilación y “deben pagar un dólar a los funcionarios cada vez que quieren tomar aire o sol. Los familiares también deben cancelar entre dos y cinco dolares cada vez que quieren visitarlos”.

“En este contexto, varios de ellos han presentado graves enfermedades respiratorias y en la piel, pero ha sido muy difícil que reciban asistencia medica”, cuenta Grajales.

El Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega exige celeridad procesal, juicio en libertad, respecto al debido proceso y libertad plena para los cinco; pero además solicitan al Estado venezolano “que cese la criminalización de la pobreza de la que son victimas los jóvenes en el barrio”.

“Es necesario un proceso de reforma en la policía y en el sistema de administración de justicia para erradicar su profundo carácter clasista y racista. Debemos volver a Chávez y apostar a la construcción de condiciones de vida dignas como la mejor forma de prevenir la violencia”, reflexiona Grajales.