El marcado deterioro de la calidad de vida del venezolano crece de manera acelerada frente a la mirada inerte del gobierno de Nicolás Maduro, cada vez más cuestionado y debilitado a nivel internacional. Mientras se alargan y multiplican las colas de personas de todas edades, géneros y condiciones sociales para adquirir alimentos, medicinas y hasta dinero en efectivo, el primer mandatario nacional anuncia el inicio de un proceso de renegociación de la deuda externa venezolana, el cual pone en evidencia tres elementos definitorios de la inmensa tragedia que vive la nación:
1) la pérdida de capacidad de pago y financiamiento internacional por parte del gobierno
2) la falta de transparencia en las negociaciones de la deuda que debe ser auditada y
3) la generación de pobreza ha sido una política de Estado, orientada a institucionalizar la dependencia del pueblo de las dádivas del gobierno.
Frente a esto es necesario precisar y entender el marco internacional en el que el gobierno venezolano pretende conducir ese proceso de renegociación. En primer lugar, un escenario en el cual muchos de sus funcionarios de muy alto nivel están siendo sancionados por Canadá, EEUU y los 28 Estados integrantes de la UE. Además, dentro de esas sanciones hay restricciones para que Venezuela pueda efectuar negociaciones financieras y comerciales a nivel internacional. Adicionalmente, la OEA continúa sus incansables gestiones a la que se suma la del recientemente creado Grupo de Lima abiertamente confrontado con Venezuela, cuyo origen se centra en la búsqueda de soluciones a la peor crisis política, social y económica que haya experimentado el país con una de las mayores reservas de petróleo certificadas a nivel mundial. Por si fuera poco, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) incluye la “Crisis de Venezuela” en su agenda de debates informales, con lo cual se evidencia que la comunidad internacional muestra cada vez más conocimiento y consciencia de la magnitud de la tragedia que se vive en el país.
Todo este escenario en cualquier momento podría traducirse en el señalamiento de Venezuela como un Estado fallido y un Estado forajido. Un Estado fallido, incapaz de garantizar las condiciones mínimas para una vida digna, y un Estado forajido, porque perturba la paz y estabilidad nacional e internacional. En tal situación el liderazgo político oficialista y opositor están tratando de adelantar negociaciones tendentes a definir las condiciones en las cuales se llevarán a cabo las elecciones presidenciales el venidero año 2018.
A ese “liderazgo” le recordamos que la comunidad internacional parece no estar dispuesta a permitir más violaciones de acuerdos y tratados internacionales, suscritos y ratificados por el Estado venezolano, en los cuales se compromete a promover y honrar la democracia, así como tampoco el pueblo venezolano admite más demoras en la consecución efectiva de respuestas a sus problemas, que le permitan recuperar la dignidad que siempre lo caracterizó.
