Dos tareas que la revolución debe acometer después del 20M es meter en cintura a la inversión privada, regulando la economía con criterio socialista humanista y comunista por un lado y por otro, realizar una adecuación de los medios de comunicacion para coadyuvar efectivamente en el proceso socialista, abandonando definitivamente la pugna entre la comunicación oficial, legal, adecuada y oportuna, y el hecho comunicacional aberrado, que lo constituye la desobediencia de la ley y el orden y que deviene en una contradicción o negación del objetivo de la información.

Bajo el uso y abuso sesgado e interesado del gran poder económico mundial, la economía y la comunicacion han trastocado su objetivo principal, y han sido convertidos en elementos de la estructura del Estado-nación, que la contrarevolucion hace gravitar negativamente sobre la vida del pueblo, para afectar y descalificar la revolución bolivariana.

Aunque, verdaderamente son factores o disciplinas subalternos frente a lo político y social, han cobrado preeminencia, preponderancia y fuerza en la vida de los pueblos, creando un caos, en el cual todos los factores que deberían actuar armoniosamente, hacen lo contrario (caos) ocasionando un incremento del costo de la vida en dinero, y un gran daño de la paz necesaria en la vida diaria del ciudadano, y además producen importantes utilidades ilegales a perpetradores y operadores de la agresión delictual económica.

De allí observamos, que el caso transporte deriva en un problema económico, que puede destruir la revolución bolivariana si no se controla adecuadamente. Se tergiverso el objetivo principal, que era trasladar al pueblo de un sitio a otro. Lo cual es una necesidad o sea un problema social. Aún cuando el Estado nación mediante el uso de herramientas e instrumentos legales (leyes y normas,) diseña todo lo concerniente a la prestación del servicio de transporte e informa (comunicación) por los medios necesarios a los involucrados,, cómo, por cual pago y cuáles condiciones, se prestará el servicio.

Está información cuando llega a los dos actores del problema ( beneficiario y prestador del servicio) es desacatada por el prestador del servicio, quien aumenta el precio del servicio, aduciendo razones de si inciertas pero manipuladas con el fin de negar la información oficial, se evidencia entonces una guerra comunicacional. Se constituye, entonces, el desacato contumaz del prestador del servicio, en un hecho comunicacional, que se opone a la orden legal del Estado venezolano.

Por otro lado el beneficiario, en una decisión coyuntural inmediata admite -por necesidad- el pago arbitrario del servicio, ya de esta forma, la ley informada, es violada de facto. Ya en este momento, se ha establecido el caos, solo hay que mantener esta situación caótica. Sumemos a esta aberración, el hecho cierto que tampoco se ha corregido la anomalia por parte del Estado.

Cómo consecuencia la comunicación oficial fue anulada. Pero, es aquí donde apreciamos la presencia evidentemente perniciosa, de otro hecho comunicacional poco ponderado al momento del análisis, que es la contracomunicación o aberrada comunicación, la cual, es el hecho del desacato en sí mismo, o sea, la desobediencia justifica el delito de la alteración del precio y así desgraciadamente el usuario asume el delito y la contumazia del prestador de servicio, como algo inevitable, mientras lo pueda soportar.

Aquí encontramos la otra aberante acción del poder económico, que al final, en este caos deviene en el factor más importante como rector, ductor y principal beneficiario del caos que oprime al pueblo.

Demostrando, que dos factores, que de si, y originalmente debían estar subordinados a la política. Ahora, por causa del inducido caos provocado por el gran poder económico mundial. Son los que detentan todo el poder.

Y éste poder económico, actúa y mueve su influencia negativa en otros aspectos de la vida del pueblo.

Lo del transporte es solo un ejemplo. Ellos los delincuentes económicos, mediante el uso y abuso de sus medios de comunicación, colocan en principal lugar de importancia, como razones para aumentar los precios, sus gastos en repuestos, baterías y cauchos. Sin tomar en cuenta la inversión en la infraestructura vial, en seguridad, combustible, agua y otros gastos que corren por cuenta del Estado, como la exoneración de impuestos, y cuyo propietario es el beneficiario del servicio de transporte. Lo cual viene siendo para el transportista un subsidio indirecto.

Eso no lo toman en cuenta.

De éste análisis, se desprende, que la solución a la crisis económica inducida en Venezuela, solo se concretará cuando el Estado venezolano logre limitar la exagerada influencia de la inversion privada en los asuntos políticos y sociales del diario devenir de la nación venezolana.

El Gobierno nacional debe, convocar a un diálogo de Paz a todo el sector de la inversión privada, para establecer la acción de dicho sector en el país, con un desempeño responsable, respetuoso y limitado sólo a la prestacion del servicio correspondiente. Por el cual, recibirá un pago justo.

¡Independencia y Patria Socialista y Soberana!!

¡Chávez vive!!!

¡La Patria sigue!!!!

¡Viviremos y Venceremos!!!!!