La grave situación socioeconómica que atraviesa Venezuela, originada en el agotamiento -probablemente esta vez sí definitivo- de la economía rentista y la aplicación de diversas modalidades de guerra no convencional, promovidas desde el extranjero y aupadas por algunos factores extremistas internos que han hecho uso de una política irracional de intolerancia y odio, antinacional, muy destructiva y eminentemente antipopular, una política de "tierra arrasada", que incluye la desestabilización económica (el ataque planificado a la moneda, el boicot económico y financiero internacional…y hasta la amenaza de invasión imperial), el recurso a la violencia política, la infiltración de delincuencia y violencia criminal, el impulso a la corrupción (enemigo vil) en todas partes, alcanzando vulnerar el funcionamiento normal del aparato productivo, de servicios e institucional -a pesar de las medidas gubernamentales para impedirlo, destacadamente, por medio de la labor de garantizar el acceso o abastecimiento de alimentos y bienes esenciales- y en el marco de una ofensiva feroz de la prensa internacional en contra de Venezuela, ocasionando una hiperinflación gigantesca y la prolongación excesiva de la caída de la producción, obliga a aplicar un plan de contraofensiva integral y reajustar la política económica, adoptando un plan de emergencia concertado con la gran mayoría de los venezolanos, es decir, con todo aquél que quiera sumarse a este acuerdo, elevándose por encima de sus intereses particulares, para construir una patria mejor y más justa.
La omisión de este plan de contraofensiva integral y urgente ha llevado en la práctica a la aplicación de una estrategia económica de austeridad que ha impactado (in)sensiblemente sobre el ingreso de los hogares venezolanos casi sin excepción. Los efectos a no dudar de tal estrategia, imponen a rajatabla el equilibrio externo de las cuentas nacionales, acomodándose pasivamente a una reducción temporal de los ingresos de divisas, al costo desproporcionado de empobrecer a millones de venezolanos.
Somos de la opinión de que tal costo no sólo es exagerado, sino que Venezuela puede alcanzar rápidamente un equilibrio económico sin generar tales costos sociales.
Tal opinión se sustenta obviamente en las enormes riquezas naturales y en la disponibilidad de recursos humanos altamente calificados con los que cuenta Venezuela, los cuales combinados ofrecen grandes oportunidades para la generación de riqueza y proveen de un elevado poder de negociación internacional para lograr financiamiento en el corto plazo y hacer frente a las ingentes necesidades nacionales. Este financiamiento debe ser destinado preponderantemente a la recuperación de la capacidad productiva nacional y a la atención de necesidades sociales prioritarias.
Para ello, es necesario generar un acuerdo nacional productivo, según el cual se adelanten reformas que actualicen y modernicen las capacidades estatales, y se creen las condiciones necesarias que permitan la expansión y desarrollo de las fuerzas productivas nacionales (empresa y trabajo). Un acuerdo conforme con el cual se distribuyan las cargas sociales de manera más equitativa, con la garantía de estar contribuyendo a la generación de mayor bienestar para todos con paz y justicia sociales. Este tipo de acuerdo no es imposible; muy al contrario, la evidencia histórica confirma que ha sido condición para el progreso de toda sociedad que merezca actualmente el nombre de país desarrollado y esté caracterizada simultáneamente por elevadas condiciones de bienestar y tranquilidad sociales.
Para el logro de estos fines, es necesario adelantar un conjunto de reformas urgentes en casi todas las áreas de la vida nacional, destacándose notablemente el área institucional y la política económica. Debemos ir a una profunda transformación nacional y cultural, que actualice la manera como nos relacionamos entre nosotros mismos, con los demás e incluso demos nuevo sentido a los valores positivos sobre los que se construye nuestra cultura. Adoptar una política económica moderna, consciente de restricciones coyunturales y estructurales, que no asuma presupuestos fallidos ni imponga credos excesivamente optimistas a favor del activismo ni del abstencionismo económicos, sino según la cual se reconozca la necesidad de grados variables de dirección, en la medida en que se carece de mercados fuertes competitivos y se adolece de prácticas institucionales eficientes y estables.
Estamos en la hora para la adopción de este gran acuerdo nacional, inspirémonos en lo que hemos podido lograr como pueblo en el pasado. No debemos dudar. El pueblo lo espera y reclama.
Rodolfo Magallanes, profesor del Instituto de Estudios Políticos.
Universidad Central de Venezuela
