Sin desear personalizar para nada el debate económico que está en desarrollo acerca de las opciones de política que se abren a Venezuela y que sin duda incidirán determinantemente en la calidad de vida de los venezolanos, me encuentro decididamente entre quienes defienden la permanencia del control de cambios. Las razones que me llevan a ello están soportadas en cierto grado de comprensión de la historia económica de Venezuela y de lo que ha sido la práctica de su modelo económico incluso en tiempos muy recientes.
Venezuela, a diferencia de otros muchos países capitalistas, posee una considerable renta (ingreso) internacional proveniente principalmente de la venta en los mercados internacionales de bienes producidos por empresas estatales, las cuales -en tanto empresas estatales- pertenecen, a través del Estado, a todos los venezolanos. Este hecho, en la medida en que los productos de estas empresas estatales poseen altos precios en el resto del mundo, permite al Estado venezolano acceder a elevados ingresos en divisas (o moneda extranjera); este hecho -por sí solo- otorga al Estado venezolano la capacidad de incidir decisivamente en el mercado interno de compra/venta de divisas, pues lo convierte obviamente en un gran oferente (las divisas obtenidas a través del Estado venezolano representan al menos entre 80-90% del total de la oferta de divisas del país) con capacidad para influir en los niveles de abastecimiento y precio del bien en el mercado y, en una situación de desconfianza acerca del valor futuro de la moneda local o bolívar, en el casi único proveedor (la oferta privada de divisas se reduce grandemente).
Por esta sencilla razón, es absolutamente inevitable que el Estado venezolano intervenga en el mercado de divisas nacional, lo que genera simultáneamente al Estado la obligación de administrar las divisas adecuadamente, o controlar la oferta de las mismas, a fin de asegurar preferentemente la atención de las necesidades más urgentes y prioritarias (alimentación, salud, producción de bienes esenciales, etc.) de los venezolanos. Lo contrario a una sana intervención del Estado en el mercado de divisas y una adecuada administración de los ingresos externos que, aunque inicialmente propiedad del Estado, pertenecen a todos los venezolanos, es una mala administración, derroche y desperdicio de divisas en opciones de uso que son menos prioritarias, promoviendo la pérdida o fuga incontrolada de divisas. Una de las cosas que quizás no sea necesario aclarar es que no basta con decretar el control de cambios para que éste funcione adecuadamente, lo que nos lleva necesariamente a demandar respuesta de los administradores acerca de las razones que llevaron a su fracaso y adoptar los correctivos o ajustes que convenga. Algunos podrían decir que el fracaso de los controles es una comprobación de la falta de necesidad de los mismos, lo que valdría tanto como decir que el fracaso de los gobiernos es una comprobación de la ¿falta de necesidad de los mismos? O acaso que, si caemos no debemos ponernos nuevamente en pie. Un razonamiento que lleva al absurdo.
La sana administración de divisas por una nación es tanto más necesaria cuánto más escasa es la oferta disponible de divisas. Lo mismo pasa en una familia cuándo disminuye significativamente su ingreso, cosa que puede estar afectando a muchos venezolanos actualmente; pues es precisamente en este momento cuando es más necesario saber hacer uso de cada una de las divisas (o bolívares) que nos ingresa y posponer cualquier decisión de gasto no necesaria ni urgente. Así pasa con el ingreso de divisas por concepto de exportaciones de las empresas estatales. Podríamos acordar que el control de divisas en Venezuela no tiene por qué ser absoluto, ni incluir a las divisas estrictamente privadas, que estén asociadas con la capitalización de una actividad privada. Por ello, defendemos la creación de un mercado exclusivamente para transacciones entre particulares que sirva de guía incluso sobre el valor de las divisas en la economía nacional (sin que lo determine, debido a su limitada porción sobre las transacciones totales). Para implantar esta medida se hace necesario, por ejemplo, ampliar a todo el sistema financiero nacional, público y privado, el derecho a participar en la adquisición de remesas de venezolanos que se encuentran actualmente fuera del país y despenalizar las transacciones de divisas entre particulares. Esta es una decisión distinta y en nuestra opinión mejor que la de permitir la libertad cambiaria absoluta, y provee al mercado cambiario de cierta flexibilidad, facilitando el acceso a una fuente de divisas complementaria. Una vía para alimentar este mercado de divisas privado, más allá de la oferta de remesas, podría ser el retorno parcial -al menos- de la divisas que abandonaron el país en las cuentas de venezolanos y que se estima actualmente -seguramente se subestiman- en el orden de CUATROCIENTOS MIL MILLONES DE DÓLARES (US$ 400.000.000.000,00), sólo una fracción de los cuales serviría para sacarnos de los apuros actuales.
Finalmente, es muy conocido que la liberalización de los mercados cambiarios y financieros tiene un gran impacto sobre las economías y ha desestabilizado en el pasado, pero también recientemente, la economía de países capitalistas incluso mucho más grandes y ricos que Venezuela, las evidencias han sido muchas. La falta de regulación o la regulación inadecuada de los mercados financieros ha llevado a la crisis incluso al mundo entero; este es el caso precisamente de la última gran crisis mundial y primera crisis global de este siglo que empezó en el año 2007-2008, de la que nosotros también somos víctima, y quizás la más reciente en la región, la crisis que padece actualmente la economía de Argentina.
La liberalización indiscriminada del mercado nacional de divisas en las actuales circunstancias, para incluir toda la oferta nacional de las mismas, pondría -entre otros- en manos de quienes recientemente han acumulado ganancias extraordinariamente elevadas, e incluso en las manos de quienes se han dedicado inescrupulosamente a la especulación pura, las divisas que obtengamos como resultado de las exportaciones nacionales y, más precisamente, las derivadas de la actividad de exportación de empresas estatales, arriesgando la satisfacción de las necesidades fundamentales de los venezolanos, particularmente, de aquellos más necesitados y, simultáneamente, expondría la economía venezolana toda a los vaivenes de los humores y la ambición de la actividad privada, notablemente, de aquella especulativa, interesada siempre en grandes ganancias a corto plazo.
Rodolfo Magallanes, profesor del Instituto de Estudios Políticos.
Universidad Central de Venezuela
