Hasta ahora hemos concentrado nuestros argumentos a favor de un giro necesario de la política económica en el aspecto de la contención salarial, que tiene obvias consecuencias contractivas en la caída del producto; pero, es que esta caída del producto -considerable y sostenida desde 2014- agrava aún más el daño de la contención salarial, pues disminuye la cantidad de bienes y servicios disponibles para el consumo y rebaja la productividad de los venezolanos, haciendo más penosa la disminución de los salarios y legitimando subsecuentes ajustes a la baja de los mismos.
En el ámbito fiscal, esta política, que provoca la caída sostenida del producto de la economía, ocasiona, por ello, una disminución subsecuente de los ingresos con los que el Estado financia el empleo y los salarios de los funcionarios, así como la provisión de servicios públicos, las compras estatales, las ayudas y subsidios otorgados, etc. Esto, obviamente, acentúa el efecto contractivo de la política económica en funcionamiento (la caída del producto de la economía) y deteriora aún más las condiciones de vida de muchos venezolanos, entre quienes vale mencionar a los funcionarios públicos, sus familiares, quienes ofrecen bienes y servicios al Estado, quienes reciben ayudas y pensiones estatales, quienes dependen de servicios de educación, salud, seguridad social, seguridad ciudadana, etc., públicas, pues, también afecta la calidad de los servicios públicos que el Estado nos provee (se reduce el mantenimiento y la adecuación de las redes de servicios públicos).
Debido a que la caída de la actividad económica tiene aparejada una disminución de los ingresos del Estado, aumentan las necesidades financieras del mismo, quien es además el principal propietario de las divisas (mucho más debido a la reticencia de propietarios privados para hacer uso de sus propias divisas) y aumenta -por lo tanto- la necesidad de una devaluación del bolívar; en un contexto en que además se ha liberado el mercado cambiario, lo que eleva las presiones sobre las cantidades de divisas disponibles y sobre su cotización.
Si agregamos a todo estos efectos una disminución del carácter progresivo de la política fiscal, por cuanto el Estado se financia, crecientemente, a través de mecanismos que recaudan fondos de todos los venezolanos, sin discriminar entre sus diferencias de ingresos, llevando a pagar más a quienes ganan menos; al tiempo que, hace uso de mecanismos de financiamiento que impactan determinantemente sobre los precios (la devaluación) y perjudican el funcionamiento de la economía nacional, pues generan inflación y aumentan la desigualdad social, debería ser ya muy claro que es necesario un giro de la política económica.
Si, además, agregamos la excesiva tolerancia y permisividad en el uso del dólar para realizar transacciones en los mercados nacionales, que anula las posibilidades de hacer uso de la política monetaria para estimular la economía interna, las condiciones para el desastre económico -en nuestra opinión- están completas.
La política económica en ejecución está muy mal concebida y su aplicación aumenta los padecimientos de los venezolanos. Es necesario dar un giro completo. Debemos sustituirlo por un plan de rescate y reconstrucción nacional con amplio apoyo y consenso entre sectores democráticos comprometidos con el país. La nueva Asamblea y sus autoridades deben ser de consenso, en donde abunden las iniciativas positivas y constructivas a favor del país. No hay mucho margen para la acción…
