Ciertos voceros insisten en establecer, como condición para poder considerar la medida de recomponer los ingresos salariales, "aumentar previamente la producción". Una muestra de la vieja ley de Say (un "vieeeejo" economista liberal) quien afirmaba que en la economía "toda oferta genera su demanda". Parecería natural que, para poder consumir, primero hay que producir; aunque paradójico, para tener fuerzas y producir hay que estar bien comido, vestido, educado, saludable, etc. No obstante, en las sociedades capitalistas, un mayor producto no es necesariamente equivalente a un mayor salario, ni a un mayor consumo por parte de los trabajadores y su familia. Como tampoco es cierto que, "toda oferta genere su demanda". Son conocidas las crisis frecuentes -y estamos ahora mismo ante una muy importante- de la economía capitalista mundial, en la que se revelan desajustes entre oferta y demanda sociales. Por conocido, esto no debería requerir mayor evidencia.
Para asegurar que un mayor producto económico se traduzca en mejora para los trabajadores y un incremento de sus niveles de consumo, es necesario la adopción por parte de los Estados de políticas activas que corrijan las fallas del mercado, y apunten además a elevar la porción que representa el ingreso de los trabajadores sobre el ingreso nacional. Precisamente, los trabajadores constituyen la parte de la sociedad que se encuentra siempre en la posición más débil para lograr que se atiendan sus necesidades; por lo que usualmente son además necesarias medidas redistributivas, por vía de impuestos, que reduzcan las ganancias excesivas y las repartan con un criterio de eficiencia y justicia social entre los miembros de la sociedad. De esta manera, la sociedad capitalista se ha "curado en salud" y ha logrado sobrevivir hasta la actualidad.
La relación entre producto y salario está, por lo tanto, condicionada por la existencia de políticas e instituciones (Estado, partidos, sindicatos, organizaciones sociales principalmente) que fuercen un "arreglo" o pacto social más equilibrado que el que imponen corrientemente los mercados. El grado de conflicto social existente en nuestro país y la manera como ha evolucionado, imponiendo un boicot o bloqueo económico apoyado por factores reaccionarios y antinacionales, han debilitado la economía y deteriorado los términos del pacto social existente, modificando drásticamente los patrones de distribución del producto entre trabajadores y propietarios del capital, precisamente, en perjuicio de los trabajadores.
Economistas, mundialmente muy conocidos, alertaron ya hace tiempo acerca del impacto que una baja en los salarios tiene sobre la economía y su capacidad de incremento del producto; particularmente, debido a que una baja de los salarios -sobre todo una tan drástica- se traduce en una gran caída de la demanda o consumo de la sociedad, lo que afecta las expectativas de ganancia de los empresarios, quienes ante ello, deciden reducir su gasto de inversión dando lugar a sucesivas bajas en los niveles de gasto de consumo e inversión de la economía, llevándola a una carrera sin fin hacia el foso.
El salario por ocupado en Venezuela ha caído sostenidamente -y de manera hoy muy importante- desde 2009 y el producto cae sin freno desde 2014. Ambas situaciones (la caída del salario y de la producción) se combinan para hacer muy penosa la situación de los trabajadores. Porque, los trabajadores sólo pueden hoy comprar menos de la menor cantidad de productos existente. Además, la porción del producto generado que perciben actualmente los trabajadores es una parte muy pequeña; tal nivel de participación salarial no es suficiente para convertirse en un fuerte incentivo para reiniciar el crecimiento económico. Para recuperar el crecimiento económico se requiere, alternativamente o de manera complementaria, por tanto, de un incremento de los salarios, de un aumento del gasto estatal, del ingreso por exportaciones, o/y de un alza de las inversiones externas.
Los salarios son tan bajos que un incremento de los mismos no amenaza tampoco el rendimiento normal de los capitales en la economía. Por otra parte, el gasto público puede ser incrementado en parte por una reforma impositiva que actualice el régimen fiscal existente y capte las ganancias excesivas que aún pueden estar percibiendo algunos sectores de la economía, hecho que se evidencia -aún en este tiempo- en el incremento ostentoso del gasto suntuario y en bienes de lujo, por parte de un sector de la sociedad; por ejemplo, inversiones en edificios de oficinas de lujo y Bodegones, etc. La crisis de la economía global, acentuada por la pandemia de Covid-19, establece dificultades para elevar significativamente el ingreso derivado de las exportaciones, además de que un incremento de las exportaciones en el corto plazo, es mayormente el resultado de una caída de la demanda interna, por la baja de los ingresos de los trabajadores, más que un incremento real de la capacidad exportadora nacional. Una pronta recuperación del sector petrolero nacional y de sus exportaciones, favorecida por un levantamiento de las medidas coercitivas internacionales impuestas contra los venezolanos por razones políticas es muy deseable, justo y necesario. Finalmente, sobre el incremento del financiamiento externo, tenemos tres opciones, las ayudas y créditos, la inversión externa y el retorno de los capitales fugados al extranjero. Las sanciones limitan igualmente el acceso a ayudas y créditos internacionales. No obstante, la inversión externa y el retorno de los capitales fugados es una opción probable de la cual deberíamos hacer uso.
Hemos propuesto también, que se haga auditoría de la deuda, se establezcan límites a su servicio y se alcance una reducción en el monto de la misma.
No es posible reanudar el crecimiento económico con tan bajos salarios; no al menos, un crecimiento económico que merezca la pena. Venezuela ofrece grandes oportunidades para la inversión, y vale el esfuerzo de alcanzar un acuerdo social que normalice la vida social de los venezolanos.
