La imposición de una política de austeridad salarial ha mantenido en niveles muy bajos o nulos los salarios de los trabajadores venezolanos, especialmente, en el sector público; a pesar de los argumentos en su contra, realizados por quienes hemos alertado sobre su inefectividad para el logro de fines sociales, tales como reiniciar el crecimiento económico y compensar los efectos contraproducentes que tal política tiene en la concentración del ingreso al interior de la sociedad venezolana. Cada vez son más evidentes las muestras de polarización de la sociedad venezolana entre un reducido grupo de la población, con acceso al consumo suntuario de bienes y servicios de lujo e importados, y un amplio sector de la sociedad cuyo ingreso no alcanza tan siquiera para consumir los bienes básicos que le permitan sobrevivir o defender su calidad de vida y la de su familia. Este proceso de concentración del ingreso y el consumo en sectores privilegiados viene acompañado por un incremento de la pobreza y precarización de la mayoría de la población venezolana que debe ser atendido y revertido.

Quienes defienden esta política, se excusan en la baja de producción y en la necesidad de exportaciones de la sociedad venezolana. Es cierto que, las sanciones alentadas por la oposición radical en Venezuela han impedido el acceso a ingresos y financiamiento externo e, incluso, han contribuido a expropiar a todos los venezolanos de su patrimonio público externo; pero, no justifican en nuestra opinión la adopción de un ajuste en el que los pobres sean los principales o únicos afectados. Un ajuste en el que el crecimiento de las exportaciones se soporta en la disminución del consumo y desposesión de bienes o recursos de la población venezolana.

La reactivación sostenida de la producción económica pasa necesariamente por la recuperación de los salarios de los venezolanos; tal recuperación es posible, además, dada la fortuna que empresas y particulares venezolanos mantienen en el extranjero. Esta suma de recursos en el extranjero no es -en ningún caso- menor a 400 mil millones de dólares; estos recursos se fugaron al exterior en los últimos años y formaban, previamente, parte de las reservas de divisas que pertenecían a todos los venezolanos, derivados de las exportaciones petroleras y el auge de ingresos petroleros existente más o menos hasta 2014-2015.

Los bajos salarios prevalecientes en la economía venezolana son una medida contraproducente, no sólo porque resulta ineficiente para estimular el crecimiento económico, pues éste se ve limitado por la baja capacidad de demanda y consumo de la mayoría de los venezolanos, sino porque además favorece la concentración de ingresos en un sector reducido de la población, que tampoco se traducen en un aumento de la demanda interna, pues este sector consume principalmente bienes de lujo importados y el alza de su ingreso en gran medida acrecienta el ahorro excedente de este sector. Por otra parte, en ausencia de reformas fiscales y tributarias progresivas, la contención de los salarios se convierte además en un subsidio a las ganancias extraordinarias del sector privado. El alza extraordinaria en la rentabilidad de los capitales, se financia en parte por los bajos salarios de los trabajadores.

Y los bajos salarios de los empleados públicos, conjuntamente con la subfinanciación y el deterioro de la seguridad social y los servicios públicos, financian además la baja contribución impositiva de los sectores sociales con ingresos muy elevados. Todo esto contribuye a incrementar los niveles de pobreza, desigualdad e injusticia social en la sociedad venezolana hasta niveles que no son comparables con etapas históricas previas.

Adicionalmente, los bajos salarios y bajo consumo internos desincentivan la generación de suficiente gasto de inversión productiva. Para qué invertir en equipos, si el trabajo es tan barato y por otra parte la baja demanda de la población no justificaría la nueva inversión. Y las exportaciones que se generan derivan al menos en parte de la caída del consumo de la población y de la explotación de recursos naturales que no requieren gran inversión en equipos. Todo este panorama impide elevar la productividad y el producto económico significativamente y, cualquier incremento de la actividad económica se hace en condiciones de gran desigualdad y elevado costo social, soportándose exclusivamente sobre la espalda de las clases trabajadoras y la explotación de los recursos naturales.

Frente a ello, proponemos la inclusión de una agenda social progresista que contemple la recuperación decidida de los salarios de los trabajadores, una reforma fiscal que ponga al sistema tributario venezolano al nivel de los más avanzados de la región (de la región, no digo del mundo), la recapitalización de la banca nacional para recuperar los coeficientes de cobertura y garantía de los depósitos y aumentar la oferta de créditos en la economía nacional, especialmente, luego del impacto de la hiperinflación interna; y, la realización de una auditoría de la deuda externa venezolana que soporte el proceso de restructuración y quita de la misma. Además, una agenda social que compense adecuadamente el mantenimiento de las bajas condiciones de vida de los venezolanos más pobres; en nuestra opinión, la bonificación y conversión en especies de una porción creciente de los ingresos de los venezolanos no es un mecanismo adecuado ni suficiente. El monitoreo estricto de los precios y condiciones del mercado deberá indicar la conveniencia o no de una subida de las tasas de interés.

Estas condiciones deben ser acompañadas con la defensa de la estabilidad y seguridad interna y el logro de crecientes acuerdos y consensos sociales.

La recuperación de las condiciones de vida y productividad de los trabajadores venezolanos; así como de cualquier sociedad, son el soporte de su crecimiento económico y progreso social.