Muchas veces se ha discutido sobre el grado real y potencial de la riqueza de la economía venezolana; o dicho de otra forma, si debe considerarse a la economía de Venezuela como muy rica o muy pobre. Como suele ocurrir, la verdad requiere hacer matizaciones y establecer diferencias. Venezuela es un país subdesarrollado, como la mayoría de los países dentro del modelo económico capitalista global vigente. Esto significa, básicamente, que la mayoría de sus ingresos proceden principalmente de la explotación de sus recursos naturales, sobre todo por capitales extranjeros, el mantenimiento de grados de dependencia externa, la existencia de patrones de concentración del ingreso e importantes niveles de desigualdad social, política y económica.
No obstante lo anterior, aún entre los países subdesarrollados, Venezuela no es una economía pobre. Históricamente, la existencia de una significativa riqueza petrolera en el subsuelo venezolana y su explotación desde la segunda década del siglo XX, así como el acceso creciente del Estado y el resto de la sociedad a los ingresos derivados de la explotación y aprovechamiento del mismo permitió a nuestro país lograr niveles igualmente crecientes de modernización, visibles sobre todo en los ámbitos de la infraestructura, el consumo y la producción, la salud, la educación y la cultura general. Venezuela de hecho logró desde la década de los años 1920 hasta finales de la década de los años 1970 un crecimiento económico significativo, de manera más o menos sostenida. Todo esto, gracias principalmente a la renta petrolera (hablamos de renta petrolera no sólo como sinónimo de ingreso, sino principalmente como ingreso derivado de la propiedad del suelo). Esto último quiere básicamente decir que, este esfuerzo de modernización de la sociedad y de incremento de la renta, de la producción y el consumo, prácticamente, costó muy poco en términos de los conflictos y demás costos sociales históricamente asociados con la construcción del capitalismo en el resto del mundo.
La crisis de la renta petrolera desde aproximadamente los años ochenta, manifestada de forma tal que, ya no es suficiente esta renta para financiar simultáneamente el consumo y la acumulación capitalista planteó el surgimiento de una nueva época en la historia venezolana; una nueva, caracterizada por un creciente grado de conflicto político y social. Este creciente grado de conflicto se debe, sobre todo, al intento de ciertos sectores sociales, los cuales actúan abierta o solapadamente a través de individuos o corporaciones, de apropiarse de manera predominante de la renta petrolera para uno u otro fin exclusivo y recargar en el resto de la sociedad los costos del ajuste a menores ingresos sociales. Este conflicto esencial, más o menos solapadamente, ha adquirido también la forma de una creciente polarización política.
A pesar de su reducción en términos relativos, la renta petrolera sigue siendo significativa; ya no es suficiente, sin embargo, para soportar niveles elevados de ineficiencia y corrupción y demandan una creciente profesionalización y capacidad de los sectores sociales dirigentes para disponer útilmente de ella. También demanda que los dueños del capital asuman su función en la sociedad e inviertan los capitales que han acumulado, incluso por generaciones, no sólo dentro, sino fuera del país, y que paguen los impuestos que una sociedad capitalista -también una latinoamericana- demanda a ese sector social, como parte de la responsabilidad social que le compete.
La renta petrolera ha sido históricamente apropiada y codiciada por sectores del capital foráneos y "nacionales", quienes han disputado y disputan al Estado y al resto de la sociedad su uso principal o exclusivo a los fines de la acumulación o como rédito de los capitalistas.
Recientemente, resultado en parte de la infiltración y corrupción de sectores gerenciales de la industria petrolera y de la forma como han derivado los conflictos políticos y sociales al interior de la sociedad venezolana, la renta petrolera ha sido anulada o apropiada por particulares o grupos al interno y externo de Venezuela, impidiendo su efecto positivo interno sobre la economía y sociedad venezolanas.
No obstante, en la medida en que se normalice nuevamente la actividad económica, política y social venezolanas, también al interior de la industria petrolera, es de esperar que, incluso en una situación del mercado global no tan favorable para los combustibles fósiles, una porción no despreciable de la renta petrolera debe reaparecer o estar disponible. Y la sociedad debe estar alerta para reclamar su uso, sobre todo, para compensar el inmenso daño social causado por la crisis financiera y demás resultados negativos acentuados por las sanciones del gobierno estadunidense contra el gobierno y todo el pueblo venezolano.
Más vale estar alerta y conscientes, las ventajas de la economía venezolana se derivan principalmente de la explotación de sus recursos naturales y mineros, así como del significativo desarrollo del sector de los servicios, históricamente favorecido por la apropiación y uso de la renta petrolera en Venezuela.
Los empresarios venezolanos deben asumir su función y hacer uso del acervo de capitales que han formado por décadas y generaciones en el país y en el extranjero e invertir localmente, para justificar sus ganancias y permitir que la renta petrolera (otra vez, aludo a este término en su acepción estricta como renta del suelo) pueda ser utilizada en su mayor parte en beneficio de los sectores sociales que han sido tan severamente golpeados por la adopción de la estrategia de "tierra arrasada" que promovió la oposición fascista contra todos los venezolanos.
En otros escritos, he defendido la adopción de un programa mínimo, que resultaría favorecido, en gran medida, por el uso adecuado de la renta petrolera en beneficio de la sociedad. Tal programa mínimo consiste, esencialmente, en la adopción de una política decidida de recuperación de los salarios, una reforma fiscal y tributaria que ponga este ámbito de políticas al nivel de los países más avanzados de Nuestra América, recapitalización de la banca para expandir los créditos y recuperar los niveles de cobertura de los ahorros y la realización de una auditoría y revisión en los términos como se contrajo el endeudamiento externo. Este programa mínimo de reformas constituye parte de un programa mayor, para proveer soporte a los propósitos de crecimiento con justicia social, supuesto de un amplio consenso democrático al interior de la sociedad venezolana.
