La complicidad de los “árbitros arbitrarios”

A paso redoblado, grandes grupos empresariales internacionales continúan su ofensiva contra los Estados latinoamericanos y caribeños exigiendo pagos multimillonarios en concepto de indemnizaciones.

Entre el inicio de este año y el 24 de julio, el Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam, Países Bajos, constató 18 nuevas demandas promovidas por grandes empresas norteamericanas y europeas contra Estados de América Latina y el Caribe. Esta región contabiliza un total de 364 procesos de este tipo en su contra, más de la mitad de los mismos promovidos en los últimos 12 años. Como lo explica el TNI, América Latina y el Caribe constituyen una de las regiones del mundo que más siente el impacto del régimen de arbitraje internacional incorporado en los tratados comerciales internacionales.

Dicho mecanismo (conocido como ISDS, por su sigla en inglés), es el favorito de las transnacionales para resolver disputas entre inversionistas y Estados cuando aquellas perciben que sus intereses pueden verse afectados. Se trata de un instrumento que les permite a los inversores extranjeros demandar a los Estados ante tribunales internacionales si consideran que las políticas públicas de dichos estados --incluso las concebidas para proteger el medioambiente o la salud-- afectan sus intereses y beneficios (https://isds-americalatina.org/).

Tales demandas, que no reconocen la jurisdicción de los tribunales nacionales de los países donde esas empresas internacionales operan, desembocan en un pequeño grupo de abogados privados. En su rol de árbitros, estos tienen la potestad de decidir cada caso. En general, para estos juristas los beneficios de las empresas demandantes son más importantes que el interés público de las naciones demandadas. La historia muestra que estos arbitrajes, comunes en todo el mundo, tienden a beneficiar a las grandes empresas. Como resultado, los fallos contra los Estados les garantizan a esos grupos privados ganancias multimillonarias en detrimento de las arcas nacionales.

Todos contra México

En el transcurso del primer semestre de 2023, México fue el país latinoamericano que más demandas sufrió: 8 en total. Seguido por Honduras, con 3 demandas; Venezuela, con 2, y Colombia, Ecuador, Costa Rica, Belice y Trinidad Tobago, con 1 cada uno.

El caso mexicano en este primer semestre es, tal vez, el más emblemático debido a la cantidad y diversidad de los grupos económicos que lo atacaron con este tipo de arbitraje.

Una de esas demandas fue promovida por la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp. Se trata del segundo proceso promovido por la misma empresa. A través del actual, contesta decisiones impositivas contra su subsidiaria local Primero Empresa Minera. El monto reclamado es desconocido, pero en la primera demanda First Majestic reclamó 500 millones de dólares. La empresa canadiense invoca como referencia jurídica el Tratado de Libre comercio de América del Norte/México-Canadá-Estados Unidos (TLCAN) y el T-MEC, el nuevo tratado entre estos tres países, vigente desde julio de 2020.

Otro proceso contra el país azteca fue promovido por inversores estadounidenses del grupo Arbor Confections, Inc., Mark Alan Ducorsky y Brad Dukosrsky por un valor de 80 millones de dólares, monto que reclaman por una renta impaga de una fábrica de dulces en Ciudad Juárez.

La minera canadiense Silver Bull Resources, Inc. (a través de su sucursal en Estados Unidos) también atacó a México. Explota la Mina Sierra Mojada, en el Estado de Coahuila, con ricos yacimientos de plata, plomo y zinc. La empresa argumenta que no puede acceder a la mina porque la misma se encuentra bloqueada por comunidades locales. El reclamo, en este caso de 178 millones de dólares, se presentó ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), del Banco Mundial (https://icsid.worldbank.org/es/acerca).

Enerflex US Holdings Inc. y Exterran Energy Solutions LP acaban de iniciar este año un nuevo proceso. Ambas empresas estadounidenses y canadienses de producción de gas y petróleo acusan al Estado mexicano de obligarlas a pagar la indemnización de uno de sus empleados despedidos. Según ellas, los tribunales mexicanos le concedieron a ese empleado un monto exorbitante. El reclamo asciende a no menos de 120 millones de dólares.

Por su parte, la empresa estadounidense Access Business Group LLC, cuya subsidiaria es la manufacturera de alimentos Nutrilite, demanda a México por la expropiación de 280 hectáreas de tierras cultivables. México alega que dicha expropiación es legal porque se basa en una resolución presidencial de Lázaro Cárdenas de 1939, cuando se determinó la devolución de tierras en dos ciudades de Jalisco a comunidades campesinas locales. Access Business reclama más de 3.000 millones de dólares en concepto de indemnización.

La firma Amerra Capital Management LLC, afiliada al fondo financiero AMERRA y el banco JPMorgan Chase, promovió, por su parte, un nuevo proceso contra el Estado mexicano en relación con créditos impagos e hipotecas vinculadas con dos empresas azucareras. No se conoce el monto reclamado.

Lo común en todas estas demandas es que los diferentes inversores invocan violaciones a los tratados TLCAN y el T-MEC, en los que encuentran paraguas jurídicos y amparo legal.

La ofensiva continental no se detiene

El resto de las demandas promovidas en tribunales arbitrales por empresas extranjeras que operan en América Latina y el Caribe no difiere conceptualmente de las que experimenta México. Entre otras, tal es el caso de la demanda –la tercera de este tipo-- de las mineras de oro y diamantes holandesas y panameña Highbury International AVV, Compañía Minera de Bajo Caroní AVV y Ramstein Trading Inc. contra Venezuela invocando el Tratado Bilateral de Inversión (TBI) entre ese país sudamericano y los Países Bajos.

También lanzó su ataque contra Caracas la Banreal Holding SL (inversores españoles), alegando la expropiación de una empresa de seguros (La Previsora) y de un banco (Banco Real). Invocó, para iniciar la querella, el TBI suscrito entre España y Venezuela.

A través de mecanismos similares, la Lynton Trading LDT atacó a Ecuador. Si bien existe poca información sobre esta demanda, el TNI sostiene que dicha firma sería una de seis empresas off-shore de Luis Fuentealba Meier, inversor basado en Chile y con negocios en casinos en diversos lugares de América Latina. La empresa fue cliente de Mossack-Fonseca, el estudio de abogados que en 2016 estuvo en el centro mismo del escándalo de los Panamá Papers.

Lista incompleta, aunque ejemplificadora, de los 18 nuevos pleitos que confrontan los países latinoamericanos. Pleitos que vuelven a mostrar la extrema vulnerabilidad jurídica de los Estados ante el poder transnacional, envalentonado por los tratados de libre comercio que le proporciona el garrote legal para golpear.

El poder del dólar y del euro

El Centro para el Avance del Estado de Derecho en las Américas (CAROLA), de la Universidad de Georgetown, en la ciudad de Washington, estima en 1190 el número de demandas de esta naturaleza en el mundo, el 31,18% de las cuales se ubican en América Latina y el Caribe. Seis de cada diez Estados de esta región han sido acusados, en un momento u otro, ante tribunales arbitrales.

Según el Centro, una organización de primer nivel para el estudio del derecho y la política latinoamericana, hasta diciembre del año pasado la región de América Latina y el Caribe ha protagonizado 371 disputas de esta índole, es decir, entre inversores y Estados. (https://isdslac.georgetown.edu/). Argentina con 62 procesos en su contra, Venezuela con 61, Perú con 45 y México con 40, son las naciones del continente más atacadas por las transnacionales.

El TNI de Ámsterdam, por su parte, calcula que más del 20% de los casos latinoamericanos concierne al sector de la minería, el gas y el petróleo, renglones de significativa importancia estratégica. Y sostiene que, hasta el presente, la resolución de 6 de cada 10 demandas favoreció a los inversores. Como consecuencia de las mismas, los Estados fueron condenados a pagar, o aceptaron pagar 33.638 millones de dólares. De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, con solo un tercio de este monto podría resolverse la pobreza extrema en 16 de los países de la región (https://isds-americalatina.org/).

El informe del TNI de junio de 2021, con datos actualizados hasta esa fecha, señala que los procesos contra los Estados se intensificaron a partir de 2011, como parte de la nueva embestida neoliberal en las últimas décadas. Y señala que los promotores del 86% de las demandas (siempre hasta junio de 2021), son empresas o inversores estadounidenses, canadienses y europeos. Entre los europeos más voraces implicados en este tipo de procedimientos contra los Estados latinoamericanos y caribeños, se encuentran firmas francesas, españolas, inglesas y holandesas. (https://isds-americalatina.org/wp-content/uploads/2021/08/Informe-ISDS-en-AL-Junio-2021-final.pdf).

No es nuevo. La historia parece repetirse una y mil veces. Las multinacionales imponen sus leyes y las ejecutan, aunque debiliten las políticas públicas de los países del Sur global. Los "arbitrajes arbitrarios"; la deuda creciente de los países del sur; la evasión impositiva de las grandes transnacionales; los paraísos fiscales para albergarlas; el secreto bancario; los fondos buitres etc. forman parte de esos múltiples instrumentos financieros internacionales que no dan respiro a los sectores mayoritarios de la población mundial, cada día más empobrecidos.