Al analizar el ajuste del precio de la gasolina solo desde la perspectiva económica y fiscal, se pierde la oportunidad de visualizarlo como un instrumento de política pública, para transformar el actual modelo de transporte individualista, despilfarrador, contaminante e injusto, propio del capitalismo rentístico venezolano.
Según el INE (2011), el parque automotor está constituido por 3.625.000 vehículos particulares (74.19%) mientras el transporte colectivo tiene 49.000 unidades (0.01%) y el de alquiler 348.000 (6.92%). Así, los principales beneficiarios del subsidio de la gasolina son una minoría frente a la mayoría de venezolanos que no posee vehículo, que deben lidiar todos los días con un transporte público insuficiente, de mala calidad e inseguro Al aplicarse de manera indiscriminada dicho subsidio ($12.5000 millones), no se ha favorecido directamente a la gente de “a pie”, porque éste no influye ni en el precio ni en la calidad del transporte público.
Al congelarse el precio nominal de la gasolina desde 1997, su precio real se ha devaluado en 90%, mientras los costos de producción han crecido más del 500%, con pérdidas para PDVSA de $3200 millones en el 2013. Esta devaluación ha estimulado el consumo hasta un 40% por encima del promedio de la región con sus efectos colaterales: el aumento de la polución y de las emisiones de gases con efecto en el calentamiento global. La otra tajada del subsidio se la lleva el contrabando, el cual, al ser manejado por mafias binacionales, opera como un combustible del crimen, revirtiéndose en más inseguridad para Venezuela.
El ajuste debe ser gradual y hacerse en el marco de una Nueva Política Económica destinada a lograr la estabilidad macroeconómica y el abatimiento del modelo rentístico-importador. Para evitar que se dispare la especulación, debería cuantificarse el impacto que se reflejará en los costos del transporte y en las cadenas productivas aguas abajo para tomar las medidas regulatorias pertinentes. El precio debe tener como piso el costo de producción. El excedente debería destinarse a reformular, mejorar y ampliar el transporte público, a compensar el impacto inflacionario del ajuste, a darle sustento a las pensiones del IVSS y a las misiones sociales.
