El petróleo define no sólo nuestra economía, también lo hace con el debate y el discurso político. Pero ello implica comenzar por afirmar que la cuestión petrolera no se inicia con la explotación comercial del Zumaque en 1914, sino con la política de concesiones en los términos del código de Minas de 1910 y que a partir de ese momento, los grupos propietarios criollos articulan el concepto de la propiedad estatal del subsuelo, como una forma de apropiarse del plusvalor generado por la explotación de hidrocarburos. Desde ese momento, todo, tanto en términos económicos, sociales, políticos y culturales en nuestro país, gira alrededor del tema petrolero.
Dicho esto, afirmamos que la actual coyuntura crítica, entendida como el conjunto de tensiones diversas que experimenta la sociedad y que genera una sensación de incertidumbre, miedo y zozobra, está relacionada con las características históricas que la cuestión petrolera le ha impuesto a la sociedad venezolana. Ello conlleva indicar tajantemente, que el carácter rentístico y parasitario de la economía venezolana, no ha cambiado desde la 2da mitad del siglo XX hasta la actualidad. El proceso bolivariano, impulsado por Chávez desde 1999, no pudo cambiar esta impronta, al contrario lo incrementó. La economía venezolana paso de depender en cerca de un 86% de los ingresos petroleros en 1998 a depender en casi un 98% en los actuales momentos. Debe decirse eso sí, que la geopolítica petrolera de Chávez permitió una recuperación de los precios del petróleo notable, pero los inmensos recursos no generaron una democratización de la actividad productiva, a pesar de los esfuerzos derivados de las leyes del poder popular y la economía popular. No puede olvidarse que en 1998 Chávez encuentra un barril de petróleo por debajo de los 9 US$ por barril y que producto de la convocatoria que impulsó, cuyo resultado fue la II Cumbre de la OPEP desarrollada en Caracas en el 2000, comenzó una política de ascenso del precio del crudo y de recuperación del papel geopolítico de la OPEP, ante las acciones derivadas por las llamadas trasnacionales del petróleo, surgidas en el marco de los Acuerdos firmados en 1928 entre la Standard Oil of New Jersey, la Royal Dutch Shell y la Anglo-Iranian (hoy British Petroleum).
Ese Cartel Internacional del petróleo, que es un ente económico-productivo pero con importantes ramificaciones a nivel trasnacional, tanto por su fuerza financiera como por la filtración de las estructuras políticas en EEUU, Francia, Inglaterra y Alemania principalmente, ha venido actuando en sus esfuerzos de "torcer" el renovado papel de la OPEP, después de 2000. Para ello, ha empleado la denominada geopolítica del miedo, basado en la desinformación, la presión internacional, el boicot económico, entre otras acciones, para generar presión y alterar la estabilidad política en algunos de los países miembros de la OPEP. Los casos de Irak y Libia así lo demuestran, aunque no puede dejarse de considerar la influencia que ejerce ese Cartel Internacional, a través de los intereses estratégicos de los EEUU y su departamento de Estado en Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria. Ese contexto es importante para considerar la dinámica de presión económica y social que experimenta el Gobierno de Nicolás Maduro en este momento.
Ahora bien, eso no significa ignorar los errores cometidos, en el reforzamiento de la estructura rentística y que ha significado el otorgamiento indiscriminado de más de 335.000 millones US$ para importaciones entre 2003-2013 y el sabido desvió de fondos, a manos de los solicitantes de más de 165.000 millones US$ (es decir, casi el 50% de los recursos asignados para importar bienes y suministros), sin que se señalen responsables, tanto en términos de funcionarios implicados en la entrega sin supervisión de esos recursos, como en los solicitantes que generaron un fraude y estafa a la economía venezolana y a todos los ciudadanos.
El Gobierno de Maduro debe asumir una política de democratización de la propiedad. Los sectores tradicionales propietarios, no están dispuestos a compartir el proyecto de país implícito en el Plan de la Patria, y los sectores que han sido impulsados desde el Gobierno Nacional (la denominada derecha endógena) ha tenido su propia agenda, reproduciendo las perversiones de exclusión y acumulación-apropiación de la renta petrolera, y en ese intento han asumido la ortodoxia y el dogmatismo –pragmatismo, creando condiciones de exclusión y acciones no democráticas. El poder popular, tan resaltado en el discurso de Chávez, ha sido sometido al olvido. La estructura de consulta y democratización interna, establecida en el denominado Libro Rojo del PSUV, ha sido sustituida por decisiones cerradas, aderezadas con una preponderancia de los Gobernadores y Alcaldes, en un comportamiento esencialmente clientelar, con las perversiones y desviaciones que ello implica, en términos de la profundización de la vida democrática. Lo peor, es que todo está teñido con el manto de la fidelidad al proyecto bolivariano y la memoria de Chávez.
La desviación, el retroceso en el impulso revolucionario amenaza con producir un colapso de la opción que comenzó a construirse en 1998, todo ello facilitado por el clientelismo, la burocracia parasitaria y la ortodoxia dogmática y anti-democrática. Este 205, es decisivo en términos de retomar el camino de la revolución o claudicar ante el pragmatismo de Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y otros funcionarios, cuya agenda en el enriquecimiento y no la superación de las formas de explotación, típicas de la sociedad tardo-capitalista. En las manos de Maduro y su disposición de separar a esos sectores ortodoxos, pragmáticos y clientelares, para apoyarse en el poder popular, está la única posibilidad de evitar un retorno de la derecha, cuyas implicaciones de violencia serían superiores a lo que sucedió en el Chile de Allende.
