El decreto (4) del Presidente Maduro que crea "un régimen especial y transitorio" para la gestión operativa y administrativa de la industria petrolera, le transfiere al ministro del poder popular para el petróleo la responsabilidad de esas actividades. Así, el gobierno inicia la intervención de la industria petrolera, al otorgar amplios poderes al ministro Quevedo para que en 1 o 2 años reestructure PDVSA y sus filiales, quien con las facultades de un Zar "podrá crear, suprimir o modificar" las mismas, rediseñar sus normativas y estatutos sociales, incluyendo su composición accionaria y por si fuera poco, tendrá las "manos libres" para contratar sin licitación las adquisiciones, obras y servicio ¿Es así como combatirá el monstruo de la corrupción?
Este decreto, manejado con perfil bajo para no levantar mucho polvo, sigue el patrón autoritario y antinacional del que creó el nefasto y depredador Arco Minero del Orinoco. Al igual que aquel, se basa en un estado de excepción inconstitucional, con el presumible propósito de darle curso a su política neoliberal encubierta, que podrá desplegar abiertamente al margen de la Constitución, a través de una nueva apertura del sector hidrocarburos al gran capital transnacional que esta vez podría derivar en su privatización y desnacionalización.
Esta es la respuesta de un gobierno que se autoproclama socialista, nacionalista y antiimperialista, ante el colapso de la producción petrolera y la crisis de PDVSA de la cual es responsable. En lugar de adelantar un plan para recuperar y sanear administrativamente la industria, a través de la corrección de graves errores estratégicos cometidos en su gestión ineficiente y corrupta. Pareciera que con este decreto se está preparando el terreno para privatizar la industria petrolera, haciendo caso omiso del artículo 303 de la Constitución, el cual establece: "Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de PDVSA (...)". Este proceder es una evidencia más de que las contradicciones entre el gobierno y el imperio estadounidense no están planteadas en torno al modelo económico sino en el ámbito político y el impasse surge, porque los gringos no se resignan a que China y Rusia ocupen "su espacio" en la región y obtengan parte del apetecido pastel petrolero venezolano.
