Observamos una drástica reducción de la movilidad vehicular en las ciudades y la peatonal se restringe a la zona donde habitamos. Esto solo es posible gracias a que el acceso a la gasolina está restringido, ahora en todo el país. Mis vecinos son hábiles para conseguir gasolina y están varados, cuando les pregunto dicen: "la cosa esta fea, imagínate que hasta los policías se están peleando entre ellos"; mientras que en el mercado ilegal un litro de gasolina cuesta más que en mercados internacionales. Quienes se ven obligados a buscar transporte "publico", deben pagar caro el pasaje.
Coincido con la postura de restringir la venta de combustibles a los particulares, como medida para asegurar el distanciamiento social y que esto se refleje en los de los indicadores de trasmisión del Covid-19, que son bajos en nuestro país, salvo por los eventos últimos en nueva Esparta. Ahora si los indicadores son tan alentadores, es plausible que la población espere que algunas medidas se comiencen a levantar. Y aquí surgen opiniones que sostienen, que todavía no es posible porque no se cuenta con inventarios de gasolina para nuestro parque automotor, lo que llevaría a una tensión social adicional. Surgen quienes dicen que hay privatizar parte de la comercialización de la gasolina, bajo la fórmula clasista de los bodegones. Ante esto último se observa el silencio oficial.
Es público que la situación de los combustibles en nuestro país no difiere de otros pueblos, donde además de petróleo, se necesitan tecnologías para transformarlo y esta es foránea y monopolizada. Desde los EUA criminalizan nuestras relaciones comerciales e impiden el acceso a estas tecnologías. Nuestros aliados rusos y chinos nos apoyan, pero el largo brazo de las medidas coercitivas unilaterales dificulta ese apoyo a todos los niveles.
Necesitamos gasolina para el retorno, es decir para cese de la cuarentena social y es clave que la población comprenda que existe una política del gobierno bolivariano coherente y viable para garantizar el acceso nacional a los combustibles, que aborde los nudos críticos de la producción, el ajuste razonables de los precios de venta, el ataque al contrabando, la automatización del pago y las medidas para erradicar el derroche, como mínimo.